Por H.L. Mencken

Foto de Victor Hugo Valdivia «Pescadores del Río San Juan»

En las monarquías inmorales del continente Europeo, ya abolidas, felizmente, por voluntad de Dios, había, durante los antiguos días del pecado, una manera inteligente y efectiva de lidiar con los oficiales delincuentes. Cuando eran descubiertos en pleno acto de corrupción, no estaban sujetos solamente a los procesos ordinarios de la ley penal; también quedaban a merced de un tribunal especializado en tratar ofensas propias de su cargo. El abominable Estado prusiano, a pesar de haber sido fundado por Satanás, tomó la batuta en asuntos de esta índole. Mantenía un tribunal en Berlín dedicado completamente al juicio de oficiales acusados de malversación, corrupción, tiranía o incompetencia, y cualquier ciudadano era libre de presentar sus quejas ante los jueces. El juicio era público y en acorde con la ley establecida. Un oficial que se juzgara culpable podía ser castigado en breve y de modos variados. Podía ser reprendido, degradado, suspendido de su cargo por un tiempo definido, transferido a un puesto menos grato, eliminado de la nómina, multado o enviado a prisión. Si era removido de su cargo, las autoridades, para rematar, estaban en condición de privarlo de su derecho a una pensión, o de imponerle una multa o encerrarlo. El criminal también podía ser obligado a pagar por los daños cometidos contra la ciudadanía o a disculparse públicamente.

Téngase en cuenta que además de lo ya mencionado el criminal tenía que responder ante la ley ordinaria, y los estatutos daban pie a la posibilidad de dos sentencias para un mismo crimen: una dictaminada por la corte ordinaria y otra por la corte administrativa. Por lo tanto, un oficial prusiano que atacara a un ciudadano, invadiera su hogar sin autorización o tomara posesión de su casa sin apelar a procesos legales podía ser destituido de su cargo y multado severamente por la corte administrativa, enviado a prisión por una corte ordinaria y forzado a enmendar el daño por cualquiera de las dos cortes, o por ambas. Si durante aquellos días de despotismo, tan distantes, algún juez prusiano, poseído por un torbellino de pasión imperial, hubiera cometido actos tan arbitrarios e irracionales como los que nuestros propios jueces, federales y estatales, cometen casi a diario, un ciudadano agraviado podría haberlo llevado ante la corte administrativa y restaurado el daño recibido, disfrutando además de la alegría de ver al malhechor transferido a una pocilga en el este de Prusia, donde sufriría escuchando los perjurios ininteligibles de esos antropoides polacos. La ley permitía que el castigo aplicado a los servidores públicos no fuera más piadoso que el que sufrirían sus subordinados o un criminal ordinario, sino más severo. Si un policía corrupto recibía por sentencia seis meses, un jefe de policía corrupto recibía dos años. Es más, dichos estatutos eran aplicados con barbaridad prusiana, y las cárceles estaban a reventar de oficiales errabundos.

No propongo, por supuesto, la instauración de semejantes leyes medievales en los Estados Unidos. Ya hemos ido lo suficientemente lejos en nuestra imitación de los prusianos; si seguimos, las naciones ilustres y virtuosas del mundo tendrán que unirse en una cruzada con el fin de ponernos un alto. De hecho, puede que el sistema prusiano no tenga efecto en la República, al menos si involucrara establecer una pandilla de funcionarios para que juzgue y castigue a otra pandilla. Funcionó bien en Prusia previo a la civilización del país mediante las armas debido a que, como es bien sabido, al oficial prusiano se le instituía en la ferocidad desde su infancia, y consideraba a cualquier hombre traído a su corte, estuviera éste al servicio del pueblo o no, culpable ipso facto; de hecho, tomaba hasta la más leve insinuación de la inocencia de un posible prisionero como una crítica contra la Polizei y, por inferencia, dirigida al Trono, al concepto de monarquía y a Dios mismo. Pero en América, incluso si no existiera vínculo entre ambos, cosa rara , juez y prisionero serían con frecuencia compañeros de partido, y existiría consecuentemente un interés mutuo por proteger a su partido del escándalo y a los miembros de perder su empleo. Más aún, el sistema prusiano cuenta con otro defecto: las sentencias administradas eran banales, planas. Les faltaba cualidad dramática, además de ingenio y propiedad. Castigar a un juez llevado a juicio por adulterio con multas o tiempo en prisión es un tanto cómodo y hasta obvio. Lo que hace falta es un sistema a) cuya ejecución no dependa de la buena voluntad de otros funcionarios y b) que proporcione castigos veloces, certeros y libres de pedantería, cada cual adaptado perfectamente a su crimen.

Anuncio sin mayor demora que, tras la debida oración, he elaborado dicho sistema. Es simple, nada trillado y creo que funcionaría. Se divide en dos partes. La primera parte pone la capacidad de detección y castigo de los crímenes ejecutados por funcionarios lejos de cortes sin credibilidad, comités y todas las otras agencias existentes —dígase fuera del alcance de todos los demás funcionarios— y la entrega a los ciudadanos, tanto hombres como mujeres. La segunda parte da pie a que cualquier miembro de la ciudadanía, habiendo juzgado los actos de un funcionario como dignos de cargo criminal, pueda ejecutar un castigo al instante y de cualquier manera que le parezca apropiada y conveniente; si la sentencia involucra una reprimenda física, un jurado menor o un juez de instrucción deberá encomendarse estrictamente a precisar si el malhechor recibió cuanto merecía. En otras palabras, propongo que ya no se juzgue malo en sí que ciudadano aporree, azote, patee, apuñale, rebane, mutile, queme, magulle, apalee, despelleje o incluso linche a un funcionario público, y que el acto sólo se penalice si su severidad como castigo excede los crímenes del malhechor. Qué tanto excede un castigo a su crimen lo habrá de determinar un jurado menor, tal como sucede ya con la cuestión de la culpabilidad. El juez o congresista o cualquier otro funcionario aporreado podrá, una vez dado de alta del hospital —en caso de que muera, el poder recaerá sobre su principal heredero—, acudir ante el gran jurado y presentar una queja, y, si existe un caso, se arma un jurado menor frente al cual es presentada toda la evidencia disponible. Si el jurado dictamina que el funcionario merecía el castigo que le fue administrado, el ciudadano responsable queda libre de cargos. Pero si, por el contrario, el jurado concluye que el castigo fue excesivo, entonces al ciudadano se le adjudica un cargo por violencia, asesinato o lo que corresponda, siendo éste equivalente a la diferencia entre lo que se juzgó un castigo apropiado y el castigo recibido, y la sentencia aplicada resulta de ese excedente.

Las ventajas de este plan son, a mi parecer, lo bastante evidentes como para prescindir de argumentación. De una sola pedrada elimina todos los impedimentos legales que hoy hacen del castigo de un funcionario cobarde un proceso desesperanzador, además de ensanchar enormemente el rango de penalizaciones posibles. Las que hay son inflexibles y, en gran medida, ilógicas; propongo este sistema en el que podrían ajustarse al crimen con precisión. Digamos que un ciudadano concluye que cierto juez es un imbécil —que su conocimiento es defectuoso, su sentido de la justicia está atrofiado y su conducta en la corte es tiránica y opuesta a lo decente—. Como están las cosas, es imposible hacer algo al respecto. Un juez no puede ser llevado a juicio por ser un imbécil; el proceso es por demás costoso y desagradable, y hay demasiados jueces dignos de la acusación. Tampoco se gana nada denunciándolo públicamente e instando a los ciudadanos de bien a votar en contra suya cuando quiera reelegirse, ya que su mandato puede durar diez o quince años, e incluso si su cargo expirara mañana y fuera derrotado, es bien probable que su sucesor sea igual de malo, o hasta peor. Más aún, si es un juez federal, no tiene necesidad de reelegirse, porque una vez que el puesto le ha sido asignado por el presidente de los Estados Unidos —bajo consejo de sus clientes más influyentes y con consentimiento de sus agentes en el Senado—, permanece a salvo hasta que esté tan hundido en la senilidad que hagan falta hilos para sostenerlo.

Pero ahora imagine que cualquier ciudadano es libre de acercársele en plena corte y jalarlo de la nariz. O incluso, en casos de gravedad, de rebanarle la oreja, lanzarlo por la ventana, golpearlo en la testa con un hacha. ¡Lo atento que estaría a sus deberes! ¡El esfuerzo que invertiría en el estudio de la ley! ¡Lo cuidadoso que sería con los derechos de los litigantes! ¡Qué cortés y fino se volvería! Los jueces, como el resto, son gente vana; no les agrada que les jalen la nariz. La vergüenza causada por el acto no disminuiría con el juicio de quien ejecutó el jalón, aún cuando éste fuera sentenciado al encierro. Brillaría en el recuerdo el hecho de que por lo menos un ciudadano consideró al juez lo suficientemente podrido como para castigarlo públicamente, bajo riesgo de ir a prisión. Una docena de episodios semejantes bastarían para dejar a un juez con la carrera hecha ruinas y el corazón roto, a pesar de que sus críticos empachen las prisiones. No podría mantener su aire de dignidad distante sobre el estrado; hasta sus oficiales menores le soltarían risillas escondidas tras las manos, sobre todo si se presenta con una oreja hinchada, un ojo morado o una cicatriz en plena calva. Además, tarde o temprano alguno de los ciudadanos que le dio su merecido sería absuelto por un jurado menor, y entonces, obviamente, el juez tendría que retirarse. La ley podría forzarlo al retiro en ese caso, vacando así, automáticamente, el puesto del funcionario malévolo.    

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