Por Antonio Hernández

En los días recientes el conductor de noticias Héctor Benavides ha tomado como suyas las posturas del gobierno sobre el proyecto Monterrey VI. En su noticiero nocturno, de manera vehemente ha buscado desestimar la oposición de las organizaciones al desarrollo de esa obra. La difusión y énfasis que le ha otorgado a los argumentos del gobierno de Nuevo León son notables. Considerando la influencia que tiene su trabajo sobre amplios segmentos de la población, le está otorgando un impulso fuerte a la iniciativa del gobierno para traer agua desde lejanas tierras a nuestra ciudad.

La oposición a Monterrey VI, dado su carácter de proyecto insostenible, no es nueva. Las declaraciones de Emilio Rangel a Benavides, cuando expresa que Agua y Drenaje de Monterrey ha tenido apertura para informar sobre el proyecto y toda su documentación, es falsa.

Hace cinco años fue cuando el gobierno de Nuevo León informó que contaba con el título de concesión necesario para aprovechar las aguas del Río Pánuco. Por ese tiempo le llamaban a la obra Acueducto Pánuco al Norte. Obtener la concesión para un aprovechamiento de las aguas nacionales no se trata de un trámite simple, que se obtenga con solamente requerirlo. La Ley de Aguas Nacionales establece una serie de condiciones, conformadas principalmente por numerosos estudios técnicos que deben ser acompañados de modo previo a cualquier solicitud de concesión. Ante una solicitud de información para el conocimiento del expediente técnico que debió acompañar a la solicitud ante la CNA para el aprovechamiento de las aguas del Pánuco-Tampaón, y el título respectivo, la respuesta de Agua y Drenaje (además de la Oficina del Gobernador), fue que no existía la información solicitada. No existía la información del proyecto que con toda pompa había sido anunciado por el Gobernador. Va ese ejemplo como indicador de la presumida apertura y transparencia de Emilio Rangel. Ingenuo el que acepte su discurso.

La intensa difusión que Benavides realiza de las posturas oficiales de Monterrey VI puede ser negativa. A pesar de que presume haber realizado mesas de discusión sobre el proyecto, no favorece que se conozcan a ese nivel los argumentos de organizaciones opositoras, y permitir así que la comunidad pueda sensibilizarse sobre sus derechos en el tema del agua, y como asunto de fondo, ayudar a reducir los abusos en el tema.

Dado lo innegable de la influencia de Benavides como parte de los medios de comunicación, el conductor puede fomentar más apertura del gobierno sobre el Monterrey VI. Ante el cuestionario a modo, publicado en Milenio Monterrey, se hace obligado que toda la transparencia que presumieron se haga efectiva.

Los asuntos de fondo planteados por las organizaciones opositoras no han sido debatidos, mucho menos desmentidos. Se puede entender que el conductor no lo haga, posiblemente basado en la libertad de prensa y expresión, pero ante una decisión de esa característica, da a considerar que en este caso responde o favorece la postura oficial, dejando de lado la poca o nula independencia de su medio de comunicación en un momento crítico de Monterrey VI.

Ya se ha comentado sobre opciones viables para consolidar el consumo de agua potable a Monterrey. Una de ellas corresponde a la administración y manejo consolidado del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, un área natural protegida que representa la mayor fuente de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey. Las necesidades de conservación de ese espacio protegido, valoradas en dinero y comparadas con el costo de Monterrey VI, son reveladoras. La quinta parte del costo del proyecto gubernamental sería de utilidad para restaurar, conservar y restaurar la fábrica de agua de la capital de Nuevo León ¿Por qué no se hace así?

En los meses recientes, esa obra ha tenido aumentos exponenciales en sus costos. Y la población solo recibe declaraciones de funcionarios con su expresión de no tener más remedio que aceptar el valor infinitamente millonario, todo sea por garantizar que el pueblo no padezca sed. Sobre este componente, la transparencia es nula, y lo que se vuelve evidente es la opacidad. Si el gobierno presume de apertura, puede volver públicas esas tres mil páginas de información. ¿Por qué no lo hacen? Tan sencillo como entender que una mayor transparencia en la administración de una obra de esa magnitud permite que los posibles intereses más allá de la utilidad pública del proyecto puedan ser acotados por grupos ciudadanos.

El asunto de fondo es la sostenibilidad. Si las justificaciones oficiales del Monterrey VI fuesen verdaderas, sería entonces la aceptación clara de nuestro fracaso en el desarrollo como una comunidad. No bastan los recursos de nuestro entorno para crecer, y debemos aprovecharnos de los de otras regiones para sobrevivir.

El gobierno de Nuevo León y sus voceros nos dicen con su insistencia nociva sobre la pertinencia de Monterrey VI que la persistencia de Monterrey depende de que debamos despojar los recursos de otras regiones. Si eso fuera verdad, que monumental fracaso para la ciudad que se presume vanguardista, pero que no le alcanza el agua que posee para sobrevivir. Que mentira.

 

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