Cuando los analistas, activistas e historiadores recaben la realidad urbana de México en el contexto de la Tercer Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 3), encontrarán dos narrativas: la oficial (con logros concretos y deudas evidentes) y la subterránea, fruto de la negativa del Estado mexicano a afrontar la dimensión de sus podredumbres y carencias.

En la narrativa oficial, México llegó a Hábitat 3 con un discurso bastante articulado. En la figura de Dámaso Luna, fungió como co-facilitador del proceso de negociación entre países para acordar un borrador de la Nueva Agenda Urbana. Fue un papel medular, debido a las múltiples agendas que cada bloque de países impulsaba. Tanto en la inauguración como en la clausura de la cumbre, Joan Clos, Director de ONU-Hábitat, reconoció la relevancia de México para alcanzar un piso mínimo a discutir y aprobar en Quito.

Asimismo, se arribó a Ecuador con una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que, si bien fue criticada por su falta de profundidad e instrumentación para alcanzar sus metas, contempla en sus ejes rectores temas como el fortalecimiento de bases para la gestión de riesgos en asentamientos humanos y la priorización de la accesibilidad universal, así como la movilidad peatonal y no motorizada.

Finalmente, la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como cabeza de sector completó la narrativa oficial: México fue medular en el proceso de negociación de la Nueva Agenda Urbana y llega con una secretaría del ramo, así como con una nueva ley en la materia.

Durante los múltiples eventos paralelos y foros de discusión que se realizaron en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016, una idea medular rondaba las discusiones: no hay forma de ejercer los postulados de la Nueva Agenda Urbana sin el involucramiento y compromiso de los actores locales. Los gobiernos municipales y provinciales a lo largo del mundo son los primeros eslabones de contacto e injerencia en la planeación y construcción de sus ciudades. Sin un enfoque de desarrollo urbano sustentable en lo local, muy difícilmente se podrá construir ciudades seguras, compactas y resilientes.

Es precisamente en este ámbito en el que México no ha articulado una conversación sobre el elefante en la sala en nuestras zonas metropolitanas: el Narco Estado que padecen la mayoría de ellas. He ahí nuestra narrativa subterránea.

Porque podemos realizar foros, consultas, agendas, leyes y manuales para sugerir a los presidentes municipales cómo encausar el desarrollo urbano de sus municipios, pero pasamos por alto que en un número importante de ellos (naturalmente desconocido), las políticas de desarrollo urbano no pasan necesariamente por su mandato.

Pensemos en una zona metropolitana mexicana que no llega al medio millón de habitantes. Podemos estar hablando de Acayucan, Guaymas, Ocotlán, Matamoros o cualquiera de las 24 restantes que se encuentran en dicho estrato. Sin afán de ser pesimista, supongamos que en una de estas zonas uno o varios grupos criminales controlan de manera sistemática varios ramos de actividad económica y su influencia llega al grado de imponer posiciones en el cabildo municipal. Supongamos que consiguen que el presidente municipal nombre como responsable de obra pública a un individuo afín a sus intereses. ¿Qué agenda se va a privilegiar? ¿La Nueva Agenda Urbana acordada por los países miembros de la ONU en Hábitat 3, o la del grupo que tiene cooptado el aparato gubernamental?

¿Cuántas zonas metropolitanas pasan por dinámicas de este tipo? ¿Qué se está haciendo al respecto? Y mejor ahí paramos.

El reconocer la incapacidad del Estado mexicano para aterrizar los postulados de la Nueva Agenda Urbana pasa necesariamente por reconocer la podredumbre de las instituciones en los eslabones que fungen como sustento del entramado gubernamental en varias zonas de la geografía nacional, lo cual pasa por reconocer la dimensión de la colusión entre mafias legales e ilegales. No podemos aspirar a construir ciudades compactas, seguras y resilientes sin reconocer antes que, para la mayoría de esas ciudades, las autoridades legales no controlan decisiones fundamentales en la materia.

La Narco Agenda Urbana es uno los múltiples temas que el régimen actual no puede permitirse verbalizar. Al igual que el resto de los temas vetados, a los ciudadanos nos queda ponerlo sobre la mesa, esperando que llegue el día en que las autoridades sentadas del otro lado respondan al pulso de la realidad mexicana.

Por Rodolfo Castellanos

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