Por Indira Kempis

 

El artículo 39 de la Constitución Mexicana enuncia con claridad en manos de quién reside el poder: el pueblo, a quien le compete cambiar la forma de su gobierno. También se afirma en nuestra Carta Magna que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados.

Sin embargo, eso no ha sido así. Ni hemos usado nuestro poder ni hemos ejercido nuestro derecho de hacerlo aún sin partido político.

Aunque en el marco legal las candidaturas independientes aún enfrentan la batalla de los reglamentos y las burocracias administrativas, es un hecho que comienzan a gestarse de diversas formas o procesos en algunos gobiernos, sobre todo locales, del país.

¿Son la solución a la crisis política mexicana actual? Podría decirle un “sí” rotundo y definitivo basado en las ventajas de la competencia. Si la competencia en los mercados económicos supuestamente hace que los precios bajen y los procesos sean más eficientes, se supone que debería impactar de la misma forma en los “mercados políticos”.

No obstante, en el juego del poder político –tal como sucede en el económico– no todo está marcado por la competencia. Basta ver, por citar un ejemplo, en los contenidos de la televisión mexicana en los que “compiten” dos televisoras (principalmente), siendo que las dos no se hace ninguna ante la ausencia de contenidos clave que realmente incidan o transformen la cultura de manera positiva.

Lo mismo es en las opciones políticas. La “competencia” no es indicador de transformación a menos que vaya acompañada de un marco regulatorio que la rija y de propuestas serias que resuelvan problemas públicos.

De otra forma, llámese PRI, PAN, PRD o candidatos independientes representarían lo mismo.

Hace algunos meses, conversando con Sergio Fajardo, pionero e integrante de un movimiento social que originó su candidatura independiente (que además fue previo a la misma con más de diez años de antecedente), decía la importancia no del candidato, sino de una ciudadanía que está dispuesta a trabajar en equipo en un proyecto de intereses comunes y no de partido.

Pero esa frescura y espontaneidad no existe en los movimientos que se han gestado en México. Los candidatos que asumen tal independencia siguen ligados a los partidos del poder, a los empresarios del poder e incluso a las sociedades del poder, monopolio que no han abanderado nunca un sólo proceso de transformación.

El movimiento social que lanzó la candidatura de Sergio Fajardo estaba compuesto por las comunidades indígenas, los gays, las mujeres, los ecologistas… Esos grupos a los que en Monterrey no se toman en cuenta y que incluso no se ven como parte fundamental de una nueva narrativa política.

Hablar de una alternativa ciudadana va más allá que mover los panderos y vociferar que ellos sí pueden hacer lo que los gobiernos en turno no pueden, que ellos son los patrones o que ellos con el dinero dequiensabequien sí son capaces de hacer procesos de transformación que ni usted ni yo hemos sido testigos en las calles.


Por eso, pregunto… ¿Vía Ciudadana o Club Ciudadano? Cualquiera que esto signifique ninguna de las dos está gestando un profundo movimiento de transformación de la política.

Esa que demandamos que sea algo más que logos con un nombre bonito y una membresía por si a usted se le ocurre entrarle.

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