Bajo un sistema de derechos y libertades civiles constitucionalmente garantizadas y (generalmente sin muchas ni muy notorias excepciones) prácticas, la oposición y la disidencia se toleran salvo que lleguen a la violencia o la exhortación u organización de la violenta subversión. La concepción fundamental de esto es que la sociedad organizada es libre, y que cualquier mejora, incluso un cambio en la estructura social y los valores sociales, debe venir en el curso normal de los acontecimientos, preparada, definida y contrastada en discusión libre y en plano de igualdad, en la abierta plaza pública de ideas y pareceres.

Yo deseo repetir para el análisis que sigue, que, de facto, la tolerancia no es indiscriminada y “pura”, ni aún en la sociedad más democrática. Las “limitaciones básicas” apuntadas en la página 74 restringen la tolerancia aún antes de que comience a operar. La estructura antagónica de la sociedad menoscaba la efectividad de las reglas del juego. Aquellos que adoptan una posición contra el sistema establecido se encuentran a priori en desventaja, que no se remueve con la tolerancia de sus ideas, palabras y periódicos.

Volviendo a considerar ahora el pasaje de John Stuart Mill, yo llamo la atención sobre la premisa contenida en esta concepción: el debate libre y en plano de igualdad sólo puede cumplir la función que se le atribuye si es racional, expresión y desarrollo de pensamiento independiente, libre de adoctrinación, manejos, autoridad extraña. La noción de pluralismo y de poderes contrapuestos no es sustitutivo para tal exigencia. Teóricamente es posible construir un Estado en el cual multitud de diversas presiones, intereses y autoridades se equilibren entre sí resultando un interés verdaderamente general y racional. Pero una tal construcción se adapta mal a una sociedad en la cual los poderes son y permanecen desiguales e incluso se incrementa su poder desigual cuando cada uno sigue su propia marcha. Y aún se adapta peor cuando la diversidad de presiones se unifica y condensa en un dominante conjunto, integrando los particulares poderes en contraposición por virtud de un nivel de vida que se va elevando y una creciente concentración de poder.

Entonces, el trabajador, cuyo interés real está en pugna con el de la empresa, el consumidor común cuyo interés real está en pugna con el del productor, el intelectual, cuya vocación pugna con el móvil de quien le da empleo, se hallan sometidos a un sistema ante el cual se encuentran impotentes y son considerados carentes de fundamento racional. Las ideas de las posibles alternativas se evaporan en una dimensión completamente utópica en la cual se muestran estabilizadas, pues una sociedad libre es de manera irrealista e indefinible distinta de las existentes. Bajo estas circunstancias cualquier mejora puede producirse “en el curso normal de los acontecimientos” y sin subversión es probable la mejora en la dirección determinada por los intereses particulares que controlan el conjunto.

Por la misma razón a las minorías que se esfuerzan por conseguir un cambio del conjunto mismo, bajo condiciones óptimas que rara vez se dan, se las dejará en libertad para deliberar y discutir, para la emisión de pensamiento y de reunión y al mismo tiempo se las dejará inofensivas y desamparadas ante la dominante mayoría, que se opone al cambio social cualitativo. Esta mayoría aparece firmemente fundada en la creciente satisfacción de necesidades y en la coordinación tecnológica y mental, que testimonia la general impotencia de los grupos radicales en un sistema social que funciona bien.

En la democracia de la abundancia se dan abundantes discusiones, y dentro de la estructura establecida se muestra una amplia tolerancia. Todas las ideologías pueden difundirse: la comunista y la fascista, la derechista y la izquierdista, la del blanco y la del negro, la de quienes quieren armamentos y la de quienes piden el desarme. Además, en interminables debates sobre los medios, la opinión estúpida es tratada con el mismo respeto que la inteligente, el mal informado puede hablar tanto como el informado, y la propaganda aparece junto con la educación, la verdad con la falsedad.

Esta simple tolerancia de lo que tiene sentido con lo que no lo tiene se justifica con el argumento democrático de que nadie, ni grupo ni individuo, se encuentra en posesión de toda la verdad ni puede definir plenamente lo que es acertado y lo que es erróneo, lo bueno y lo malo. Por tanto, todas las opiniones en disputa deben ser sometidas al “pueblo” para que éste delibere y escoja. Pero yo he indicado ya que la tesis democrática implica una condición necesaria, a saber que el pueblo debe estar en condiciones de deliberar y escoger sobre la base de conocer, que debe tener acceso a información auténtica y que, sobre esta base, su evaluación debe ser resultado de un pensamiento autónomo.

En el período contemporáneo, el argumento democrático de la tolerancia abstracta tiende a ser anulado por la anulación del mismo proceso democrático. La energía liberadora de la democracia es la oportunidad que da al efectivo disentimiento, tanto a la escala individual como social, su apertura a cualitativamente diversas formas de gobierno, de cultura, educación, trabajo; de la existencia humana en conjunto. La tolerancia de libre discusión y el derecho por igual de los opuestos es para definir y esclarecer las diversas formas de disentimiento: su dirección, contenido y perspectiva. Pero con la concentración de poder económico y político y la integración de elementos opuestos en una sociedad que emplea la tecnología como instrumento de dominación, el disentimiento efectivo aparece bloqueado allí donde podía surgir libremente: en la formación de la opinión, en información y comunicación, en la emisión de pensamiento y reunión.

Bajo la norma de los medios monopolísticos —ellos mismos meros instrumentos de poder económico y político— se crea una mentalidad para la cual cierto y erróneo, verdadero y falso aparecen predefinidos siempre que afecten a los intereses vitales de la sociedad. Y esto es, antes de toda expresión y comunicación, una cuestión de semántica: el bloqueo del disentimiento efectivo, del reconocimiento de lo que no es del orden establecido que comienza en el lenguaje que es hecho público y administrado. La significación de las palabras se estabiliza y éstas se hacen rígidas. La persuasión racional, la persuasión por el contrario, casi se excluye. Las vías de entrada se cierran a la significación de palabras e ideas distintas de las establecidas, establecidas por la publicidad de los poderes actuantes y comprobadas en su prácticas.

Otras palabras pueden pronunciarse y oírse, otras ideas pueden expresarse pero, en la escala masiva de la mayoría conservadora (fuera de enclaves tales como la “intelligentsia”), son inmediatamente “evaluadas” (es decir, automáticamente entendidas) en términos de lenguaje público, un lenguaje que determina a priori la dirección en que el proceso se mueve.

Así el proceso de reflexión concluye donde comenzó: en las condiciones y relaciones dadas. Y el argumento de la discusión rechaza la contradicción porque la antítesis es redefinida en términos de la tesis: por ejemplo tesis: nosotros trabajamos por la paz; antítesis: nosotros nos preparamos para la guerra (o incluso: hacemos la guerra); unificación de los opuestos: prepararse para la guerra es trabajar por la paz: La paz es redefinida como necesariamente incluyendo, en la situación que prevalece, la preparación para la guerra (o incluso la guerra) y en esta forma orwelliana se estabiliza el significado de la palabra “paz”. Así el vocabulario básico del lenguaje orwelliano opera como categorías a priori del entendimiento: prefiguran todo el contenido. Estas condiciones anulan la lógica de tolerancia que implica el desarrollo racional de la significación y excluyen la fijación de la significación. Por consiguiente, la persuasión a través de la discusión y la presentación por igual de los opuestos (aun donde hay igualdad real) fácilmente pierden su energía liberadora como factores de comprensión y conocer; es mucho más probable que corroboren las tesis establecidas y rechacen las alternativas.

La imparcialidad en grado sumo, el mismo trato para puntos de vista en competición o conflicto ciertamente es una exigencia básica para la adopción de decisiones en el proceso democrático, y es una exigencia asimismo básica para delimitar los ámbitos de la tolerancia. Pero en una democracia con organización totalitaria la objetividad puede tener una función muy distinta, es decir, fomentar una actitud mental que tiende a borrar las diferencias entre verdadero y falso, información y deformación doctrinal, cierto y erróneo. De hecho, la decisión entre opiniones opuestas se adopta antes de que se haga la presentación y se realice la discusión, imponiéndose no por una conspiración o un patrocinador o editor, no por una dictadura, sino por “el curso normal de los acontecimientos”, que es, por supuesto, de los acontecimientos encauzados por la administración, y por la mentalidad reflejada en tal curso.

También aquí es el conjunto lo que determina la verdad. Entonces la decisión se impone por sí misma, sin ninguna abierta violación de la objetividad, en cosas tales como la confección de un periódico (con la descomposición de una información de máxima importancia en columnas diversas entre materias heterogéneas, cosas irrelevantes, reduciendo algunas noticias radicalmente negativas a lugares poco destacados), en la yuxtaposición de llamativos anuncios con escenas de horror, en la introducción e interrupción de emisiones radiofónicas informativas con estridente publicidad.

El resultado es una neutralización de opuestos, pero una neutralización que tiene lugar sobre los firmes fundamentos de la limitación estructural de la tolerancia y de acuerdo con una mentalidad predeterminada. Cuando una revista inserta uno al lado de otro un relato negativo y otro positivo acerca del F.B.I., cumple honestamente la exigencia de objetividad; pero lo más probable es que lo positivo prevalezca ya que la imagen de la institución está profundamente grabada en la mente del pueblo. O si un periodista informa de la tortura y asesinato de defensores de los derechos civiles con el mismo tono carente de emoción que emplea para hablar del mercado de valores o del tiempo, o con el mismo tono que emplea para los anuncios comerciales, entonces tal objetividad es falsa, y aún más, ofende a la humanidad y la verdad al mostrar calma cuando debe sentirse indignación, al abstenerse de hacer acusación cuando la acusación está en los hechos mismos.

La tolerancia expresada con tal imparcialidad sirve para minimizar e incluso absolver a la intolerancia y opresión que se dan en la realidad. Si la objetividad tiene algo que ver con la verdad, y si la verdad es algo más que una cuestión de lógica y ciencia, entonces tal clase de objetividad es falsa, y tal tolerancia inhumana. Y si es necesario romper el universo de significación establecido (y la práctica comprendida en este universo) a fin de hacer posible al hombre hallar lo que es verdadero y lo falso, tal engañosa imparcialidad tendría que ser abandonada. Las personas expuestas a esta imparcialidad no son tabulae rasae, están adoctrinadas por las condiciones bajo las cuales viven y piensan y que ellas no superan. Para permitirles llegar a ser autónomas, hallar por sí mismas lo que es verdadero y lo que es falso para el hombre en la sociedad existente, tienen que ser liberadas de la doctrina dominante (que ya no es reconocida como adoctrinamiento).

Pero esto significa que la corriente tiene que ser invertida: tendrían que conseguir información desviada en el sentido opuesto. Pues los hechos nunca son dados inmediatamente y nunca son accesibles de un modo inmediato; son establecidos, “mediados” por aquellos que los viven; la verdad, “toda la verdad” sobrepasa estos hechos y exige la ruptura con sus apariencias. Esta ruptura —requisito previo y característica de toda libertad de pensamiento y de expresión— no puede lograrse dentro de la establecida estructura de tolerancia abstracta y falsa objetividad, porque son precisamente los factores condición previa de la mente contra la ruptura.

Las barreras efectivas que la democracia totalitaria levanta contra la eficacia del disentimiento cualitativo son bastante débiles y aceptables comparadas con las prácticas de una dictadura que pretende educar al pueblo en la verdad. Con todas sus limitaciones y perversiones, la tolerancia democrática es bajo cualquier circunstancia más humana que una intolerancia institucionalizada que sacrifica los derechos y libertades de las generaciones vivas a las generaciones futuras. La cuestión es si esto constituye la única alternativa. Yo intentaré ahora sugerir la dirección en que puede buscarse una respuesta. En todo caso, la contraposición no se presenta entre democracia en abstracto y dictadura en abstracto.

La democracia es una forma de gobierno que se adapta a muy distintos tipos de sociedad (esto resulta verdad incluso para una democracia con sufragio universal e igualdad ante la ley), y los costos humanos de una democracia son siempre y en todas partes los exigidos por la sociedad que gobierna. Su alcance se extiende a todo, desde la explotación normal, pobreza e inseguridad hasta las víctimas de guerra, acciones de policía, ayuda militar, etc., en que la sociedad se ve comprometida y no sólo a las víctimas dentro de sus propias fronteras.

Estas consideraciones nunca pueden justificar la exigencia de diversos sacrificios y diversas víctimas en nombre de una futura sociedad mejor, pero permiten sopesar los costos que implica la perpetuación de una sociedad existente frente al riesgo de promover alternativas que ofrecen una razonable posibilidad de pacificación y liberación. Sin duda, no puede esperarse que nadie fomente la subversión contra sí mismo, pero en una democracia un tal derecho es atribuido al pueblo (es decir, a la mayoría del pueblo).

Esto significa que los caminos no deben estar bloqueados y una mayoría subversiva pueda manifestarse, y si quedaron bloqueados por represión y adoctrinamiento, su reapertura puede exigir métodos claramente democráticos. Estos incluirían la supresión de la tolerancia de emisión de pensamiento y reunión de grupos y movimientos que promueven orientaciones políticas agresivas, armamentos, chauvinismo, discriminación sobre los fundamentos de raza y religión, o que se oponen a la extensión de los servicios públicos, seguridad social, asistencia médica, etc.

Además, la restauración de la libertad de pensamiento puede exigir nuevas y rígidas restricciones en las enseñanzas y en las prácticas de las instituciones educativas que, con sus mismos métodos y conceptos, sirven para cerrar la mente en el establecido universo de discurso y conducta, y excluyendo así a priori una valoración racional de las alternativas. Y en aquella medida en que la libertad de pensamiento implica la lucha contra lo inhumano, la restauración de tal libertad también implicaría intolerancia hacia la investigación científica en interés de mortíferos “disuasorios”, de resistencia humana anormal bajo condiciones inhumanas, etc. Yo ahora voy a examinar la cuestión de a quien corresponde decidir en la distinción entre enseñanzas y prácticas liberadoras y represivas, humanas e inhumanas; ya he advertido que esta distinción no es cuestión de preferencia de valores sino de criterios racionales.

Mientras la inversión del sentido de la corriente en la empresa educativa al menos es concebible se realice por los mismos estudiantes y profesores, y así sea auto-impuesta, la sistemática supresión de tolerancia hacia opiniones y movimientos regresivos y represivos sólo puede contemplarse como resultado de una presión en gran escala que podría llegar a una gran subversión. En otras palabras presupondría lo que todavía ha de realizarse: la inversión de la corriente.

Pero en ocasiones especiales la resistencia, boicot, la no participación al nivel del grupo local y del pequeño grupo quizá pueden preparar el terreno. El carácter subversivo de la restauración de la libertad aparece más claramente en aquella dimensión de la sociedad en la cual la falsa tolerancia y la libre empresa causan quizá el más grave y duradero daño, esto es, en los negocios y la publicidad. Contra la enfática insistencia por parte de portavoces del trabajo, yo afirmo que prácticas como el desuso deliberado, la colusión entre los jefes de sindicatos y las empresas, la publicidad falseadora no son simplemente impuestas desde arriba sobre la gente ordinaria, sino que son toleradas por esta gente y por el consumidor en general. Pero resultaría ridículo hablar de una posible supresión de la tolerancia con respecto a estas prácticas y a las ideologías promovidas por ellas. Pues están en la base sobre la cual la represiva sociedad opulenta descansa y se reproduce a sí misma y a sus vitales defensas, y su remoción traería aquella revolución total que ésta sociedad de un modo efectivo combate.

Discutir la tolerancia en una tal sociedad significa examinar de nuevo la cuestión de la violencia y la tradicional distinción entre acción violenta y no violenta. La discusión no debe quedar cerrada desde un principio por ideologías que sirven a la perpetuación de la violencia. Incluso en los centros de avanzada civilización la violencia de hecho se da: se aplica por la policía y en los prisioneros y centros para las enfermedades mentales y en la lucha contra las minorías raciales; y la llevan los defensores de la libertad de la metrópoli, a los países atrasados.

Esta violencia evidentemente engendra violencia. Pero abstenerse de la violencia ante una violencia mucho más poderosa es una cosa, y renunciar a priori a la violencia contra la violencia, por motivos éticos o psicológicos (porque puede disgustar a simpatizantes) es otra. La no violencia normalmente es no sólo predicada sino exigida al débil, es una necesidad más que una virtud, y normalmente no daña en forma grave al fuerte (¿Es el caso de la India una excepción? Allí la resistencia pasiva se empleó en escala masiva, de modo que perturbó, o amenazó con perturbar la vida económica del país. La cantidad se convierte en calidad; en tal escala la resistencia pasiva ya no es pasiva; deja de ser no violenta. Lo mismo ocurre en la huelga general).

La distinción de Robespierre entre el terror de la libertad y el terror del despotismo, y su glorificación moral del primero es una de las aberraciones más rotundamente condenadas, aún cuando el terror blanco fuese más sangriento que el terror rojo. La valoración comparada atendiendo al número de víctimas es la interpretación cuantitativa que revela el horror debido al hombre mismo a lo largo de la historia, que hizo de la violencia una necesidad. En términos de función histórica hay diferencia entre violencia revolucionaria y reaccionaria, entre violencia practicada por los oprimidos y por los opresores. En términos de ética ambas formas de violencia son inhumanas y malas, pero ¿desde cuándo la historia se hace de acuerdo con normas morales? Comenzar aplicándolas cuando los oprimidos se rebelan contra los opresores, los que nada tienen contra los ricos, es servir la causa de la violencia efectiva debilitando la protesta contra ella.

Comprended finalmente esto: si la violencia ha comenzado esta tarde, si la explotación y la opresión jamás han existido sobre la tierra, quizá la no violencia pregonada puede apaciguar la querella. Pero si el régimen en conjunto y hasta vuestros pensamientos no violentos están condicionados por una opresión milenaria, vuestra pasividad sólo sirve para colocaros al lado de los opresores.

Sartre. Prefacio a Frantz Fanón, Les Damnés de la Terre, París: Maspéro, 1961, pág. 22

La misma noción de falsa tolerancia y la distinción entre limitaciones justas e injustas a la tolerancia, entre adoctrinamiento progresivo y regresivo, violencia revolucionaria y reaccionaria piden la declaración de criterios para su validez. Estas normas deben ser anteriores a cualquier criterio constitucional o legal y se formulan y aplican en una sociedad existente (tal como “claro e inminente peligro” y otras definiciones positivas de derechos y libertades civiles), pues estas mismas definiciones presuponen normas de libertad y represión como aplicables o no aplicables a la respectiva sociedad: son especificaciones de conceptos más generales .¿Por quién y de acuerdo con qué normas puede hacerse y justificarse la validez de la distinción política entre verdadero y falso, progresivo y regresivo (pues en ésta esfera tales dualidades son equivalentes)?

Para empezar yo propongo que a la cuestión no puede responderse en términos de la alternativa entre democracia y dictadura, según la cual, en la última, un individuo o grupo, sin ningún efectivo control desde abajo, se arroga por sí mismo el poder de decisión. Históricamente, aún en las democracias más democráticas, las decisiones vitales y finales que afectan a la sociedad como un conjunto, han sido, constitucionalmente o de hecho, de uno o varios grupos sin control efectivo del pueblo mismo. La irónica cuestión de quien educa a los educadores (es decir, los dirigentes políticos) también se aplica a la democracia.

La única auténtica alternativa y negación de la dictadura (con respecto a esta cuestión) sería una sociedad en la cual “el pueblo” hubiese llegado a convertirse en individuos autónomos, libres de las exigencias represivas de una lucha por la existencia en interés de la dominación, y como tales seres humanos eligiendo su gobierno, y determinando su vida. Una tal sociedad todavía no existe en parte alguna. Entre tanto la cuestión debe ser tratada in abstracto, abstracción, no de las posibilidades históricas sino de las realidades de las sociedades más ordinarias.

Por Herbert Marcuse

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