Por Camilo Ruiz Tassinari

La soberanía de los estados, en el mundo de hoy, debe entenderse también como el derecho a decidir sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, agreguemos, también sobre la de los ciudadanos de otros países. La legitimidad de la violencia siempre ha implicado un juego oscuro sobre la línea entre lo que es legal y lo que no lo es.

¿Cuándo fue la última vez que México vivió tal nivel de asesinatos extrajudiciales? Durante la guerra sucia, probablemente. Pero dudo incluso que en su peor momento ese conflicto haya llegado a los niveles de hoy: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato en unos meses.

Hay que recordar que esta ola de violencia llega en uno de los momentos de mayor abertura política que ha vivido el régimen mexicano: por primera vez hay seis o siete partidos con una identidad propia y hay una verdadera competencia electoral entre ellos. Por primera vez un puñado de candidatos independientes, después del via crucis de hacerse registrar, le juegan al tú por tú a los partidos en varios distritos e incluso en uno de los estados más importantes del país.

El error en el que uno podría caer aquí sería en pensar que, debido a la violencia, la democracia es falsa. Para escapar a esa superficialidad hay que admitir una cosa: la democracia es real. Pero la violencia es consubstancial a las coordenadas de la discusión del espacio público que hemos aceptado. La prueba más clara de esto es que ninguno de los partidos en búsqueda del botín electoral ha cuestionado seriamente la estrategia de guerra del gobierno federal. ¿Qué pasaría, en términos políticos y electorales, si uno lo hiciera? Tal vez esa opción lograría sacar del letargo al 55 o 60 por ciento de la población que nunca vota.

En mi columna pasada intenté entender el significado político del ataque del CJNG contra el gobierno el 1 de mayo. Dije que había sido una debacle sin igual para el gobierno y su ejército, y que era de esperarse un intento de vengarse: que la invasión cuasi-apocalíptica de Jalisco que el ejército estaba llevando a cabo era parte esencial de eso, pero que había que esperar para ver qué exactamente iba a hacer el gobierno, porque un ataque frontal tenía un cierto sabor a desesperación. Coqueteé con la idea de que EPN podría llegar a un acuerdo con el cártel y tal vez apresar a algunos de los lugartenientes de El Mencho para calmar a la opinión pública y resarcir sus lazos con unas fuerzas armadas y aparecer como efectivo y organizado.

Bueno, me faltó considerar abiertamente la opción de una masacre extrajudicial. Lo que sucedió exactamente en Tanhuato es un misterio, y lo será durante un tiempo. Un reportaje reciente de Animal Político daba dos versiones diferentes, contadas por campesinos de los alrededores. En una, entraba un helicóptero volando a baja altura con un arma de altísimo calibre y asesinaba a todos los que estaban en el rancho, con el objetivo declarado de no dejar ningún testigo. En la otra, buena parte de los cuerpos eran transportados desde otro lugar y acomodados para hacerlo parecer como un enfrentamiento. Supongo que esta última es la más popular en las redes sociales. Yo confieso mi ignorancia: no sé cómo se supone que deben caer los cuerpos que son realmente abatidos contra los que son transportados desde otro lugar.

Pero lo esencial, por supuesto, está en otro lugar. Tanhuato fue un enorme escarmiento, fue una larga venganza, independientemente de cómo fueron asesinados los 42. Habiendo dicho esto, fue un escarmiento que no consiguió detener a El Mencho, si es que ese era su objetivo (como sugiere Riva Palacio). Y sin duda que su círculo cercano de guardias (ex fuerzas especiales y ex marines yanquis) no fue tocado por el ataque. Parece más bien como si las fuerzas armadas hubieran atacado un campo de entrenamiento de reclutas recién llegados, o cazado narcomenudistas y luego puesto a todos juntos. El Ejército decidió dejar de lado la guerra tradicional y soltar bandas armadas para exterminar físicamente al cártel, de abajo para arriba.

Si cualquiera de estas dos hipótesis es cierta, es decir, si el gobierno intentó dar un escarmiento ejecutando a los empleados de bajo nivel del cártel, estamos ante una muestra de la desesperación de EPN. Ese tipo de acciones son las del bando que, incapaz de dar un golpe que afecte la relación de fuerzas en un conflicto, empieza a pegarle a todo lo que encuentra, a hacer berrinche. Peña Nieto quería hacer pasar a sus fuerzas armadas como bien organizadas frente a un cartel débil que no les puede oponer resistencia: le salió mal, porque nadie se cree la historia oficial. O quería tal vez simplemente dejar que la PF y el Ejército dieran rienda suelta a su necesidad de vengar a sus compañeros caídos.

Si los detalles permanecen en la oscuridad, el contenido político es transparente: Peña Nieto no sabe cómo desarticular al CJNG; el Mencho está libre, y lo esencial de su cártel, intacto. Ruidos de masacre, sabor de derrota. 

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