Por Claudio Tapia

Foto por Everardo González «Primavera de 2014 en la Coyotera de Monterrey»

La penetración del crimen organizado en los órganos de gobierno es total. Cada día surgen más evidencias de los niveles que ha alcanzado. Gobernadores, alcaldes, legisladores, Jueces, magistrados, policías y demás dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, de una manera u otra, completa o parcialmente, están a su servicio. Michoacán y Tamaulipas son solo ejemplos.
Al observar la manera de colarse de Zetas y Templarios para sentar sus reales y garantizarse la impunidad contando con la anuencia y encubrimiento de las autoridades gubernamentales, no puedo dejar de advertir la similitud que guarda con la manera de infiltrarse de organizaciones “buenas” que no solo no están satanizadas sino que son enaltecidas, no obstante que son igual o más nocivas para la salud y el bienestar de la población que las malas.
Dos ejemplos. Todos vimos como las Secretarías de Comercio, de Hacienda, de Marina; la Administración de Aduanas y las autoridades del Puerto de Altamira, actuaron coordinadamente para impedir que se introdujeran al país unas cuantas toneladas de cemento importado y sin sobre precio. Con su ayuda y protección, el preponderante consorcio cementero (Cemex) pudo seguir con su rentable negocio sin competencia y sin que nadie le exija cumplir con la ley para impedir el daño ambiental y las nocivas consecuencias en la salud de los habitantes de los lugares en que extrae su materia prima, casi regalada. El monopolio con su secuela de daños quedó garantizado por quienes deben combatirlo.
También presenciamos como la Semarnat y la Profepa; el Gobernador, Diputados, y Secretario de Medio Ambiente (todos del Estado de Nuevo León) y la alcaldesa municipal de Guadalupe, se organizaron para que Femsa pudiera adueñarse de un bien público que formaba parte de un área natural protegida: el bosque de La Pastora que fue cedido para que la cervecera construya en él su Estadio-cantina. Los árboles centenarios se convirtieron en palcos y estacionamientos de concreto (Cemex) y el agua del rio en cerveza (Femsa).
Estos son, entre muchos más, dos claros ejemplos de la penetración alcanzada por las organizaciones criminales “buenas” en los órganos de gobierno del Estado mexicano.

Si las autoridades infiltradas brindan igual protección a las poderosas corporaciones empresariales que a los Zetas y Templarios, ¿no debiera desmantelarse parejo la criminal alianza?

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