Emiliano Sánchez

@E_miliano_

Según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra, 2013), Nuevo León ostenta el primer lugar nacional en colisiones viales, en su mayoría concentradas en el área metropolitana de Monterrey, una ciudad bien conocida por su pobre cultura vial. Al observar las cifras que este dato acarrea, la necesidad que tenemos como metrópoli es clara.

Con un costo aproximado de 130 mil millones de pesos anuales para todo México y 3 mil 491 para Nuevo León, los mal llamados accidentes viales cobran además un alto número de vidas. Si las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son correctas, en México morirán 17 mil 614 personas en 2014 por esta causa, que ocupa el 8° lugar de fallecimientos en el país. Los costos económicos y sociales de este padecimiento epidémico se pueden evitar si se toman las medidas adecuadas, parte importante de las cuales tiene que ver con nuestro comportamiento en la vía pública.

Con afán de simplificar el problema, atacarlo en tres puntos muy sencillos haría una importante diferencia: información, leyes y reglamentos, e infraestructura vial; los tres relacionados con el comportamiento humano.

Un individuo que cuenta con las herramientas necesarias para ver por su seguridad y la de otros en la vialidad, es parte de la solución. Información sencilla y fácil de comprender sobre comportamiento vial, así como sobre las leyes y reglamentos vigentes, es primordial; el modo en que están redactados nuestros reglamentos de tránsito actuales no es un estímulo a que un ciudadano promedio se aventure a conocerlos. A esto hay que agregar el hecho de que cada municipio del área metropolitana de Monterrey cuenta con uno distinto. De igual manera, estos requieren ser mejorados para ver por la seguridad de los más vulnerables, es decir, peatones y ciclistas. Actualmente, la prioridad peatonal en los reglamentos de tránsito es casi inexistente y, lo que es más grave: las autoridades no la hacen valer en lo más mínimo.

Todos tenemos derecho a una vialidad segura, independientemente del modo en que nos movamos: caminando, en bicicleta, en transporte público, o en automóvil; para ello, las condiciones que brindan las calles de la ciudad, son un punto clave; para que alguien pueda asumir un comportamiento seguro en las vialidades, estas deben de contar con una infraestructura que lo permita. Tenemos que aceptar la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos en este problema de seguridad pública, pero también recordarle a nuestras autoridades que hay necesidades por ser atendidas y que están el día de hoy cobrando vidas.

En el área metropolitana de Monterrey hemos visto un alto número de atropellos a personas que intentan cruzar carreteras, antes fuera de la ciudad, pero hoy dentro de la mancha urbana. La ciudad ha olvidado a esas personas. Un camino diseñado para alta velocidad en una zona no poblada es mortal dentro de una zona urbana. Lo mismo ocurre con grandes avenidas que carecen de las condiciones para ser cruzadas caminando, e incluso con innumerables calles de la ciudad. Tenemos que repensar el diseño de nuestras vialidades. De las 61 mil 931 colisiones viales que se estima habrá en Nuevo León en 2014 de no tomarse medidas contundentes, 58 por ciento estará relacionado con motociclistas, 30 por ciento con peatones y 12 por ciento con ciclistas. Del total de defunciones por colisión vial, 36 por ciento corresponderá a estos modos vulnerables de movilidad.

Reducir las pérdidas humanas y económicas que esta falta de atención trae consigo, es una necesidad primordial que tenemos como ciudad. Lograr un cambio en la cultura vial regiomontana es una tarea monumental en la que muchos estamos trabajando ya. Los frentes son múltiples y requieren una constante interacción con las autoridades en la materia; adecuar leyes, reglamentos e infraestructura vial a los parámetros de una movilidad integral, segura y sustentable; sumar a la ciudadanía a ser parte de la solución y crear una visión metropolitana de desarrollo urbano para hacer de Nuevo León una referencia, y no el último lugar en seguridad vial en México. 3 mil 491 millones de pesos que podrían ser invertidos en educación o bienestar social, son un buen incentivo.

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