Por Claudia Romero

Ilustración: Murales en Guerrero, por Ayotzinapa

La intención de esta nota es aportar algunos elementos para el análisis y discusión de lo que está sucediendo en México a propósito de la actuación policial en manifestaciones públicas en general, y específicamente en el caso de las detenciones ocurridas el pasado 20 de noviembre. Creo que una manera responsable de posicionarse respecto al tema es hacerlo desde la información y no solamente desde la percepción personal o desde la vícera. Además de que eso enriquece la discusión y de paso, quizá nos enseñe un poco más sobre nuestra sociedad y sobre nuestros derechos. La invitación es a complementar la información, y hacerlo lo más objetiva que se pueda, para permitir a cada quien sacar sus conclusiones, y de manera simple, considerando que no todos quienes la lean están familiarizados/as con los términos jurídicos (“de abogados”).

Estos son algunos conceptos básicos. Los primeros cinco están contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte, y tiene por tanto obligación de no cometerlos (detención arbitraria, tortura, abuso de la fuerza) y de respetarlos (debido proceso, derechos humanos) 

Detención arbitraria: se da cuando una persona es privada de su libertad sin fundamento legal, sin orden de aprehensión o por haber ejercido los derechos y libertades garantizados el marco jurídico de los derechos humanos.

Tortura: se produce cuando una persona inflige a otra deliberadamente un dolor o sufrimiento severo con fines tales como obtener información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar a alguien. El torturador debe ser un agente del Estado. Puede ser física o psicológica.

Abuso de la fuerza pública: si bien el Estado está legitimado para hacer uso de la fuerza pública (utilización de técnica, tácticas y métodos que realiza el personal de las fuerzas armadas para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva o agresiva) podrá únicamente hacerlo siempre que exista necesidad de la defensa (es decir, después de agotar TODOS los medios pacíficos), racionalidad/proporcionalidad en los medios (es decir, que sea suficiente para eliminar el peligro o proteger el bien, de la forma que sea menos lesiva para el agresor), se haga dentro de la legalidad (solo con motivo del cumplimiento de una ley) y no haya provocación por parte del agente del Estado que la ejerza. Cuando el agente no cumple con estas condiciones, se considera que existe un abuso en el uso de la fuerza pública.

Debido proceso: es un principio jurídico y un derecho humano según el cual toda persona tiene derecho a garantías mínimas que aseguren un resultado justo y equitativo dentro del proceso judicial. Implica, entre otros, principio de legalidad (toda actuación judicial debe estar basada en una ley), presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y corresponde al Estado comprobar la culpabilidad de un inculpado),derecho a la defensa (la persona acusada debe tener oportunidad de apoyarse de un/a abogado/a de su confianza), no incomunicación y derecho de audiencia (toda persona inculpada debe tener oportunidad de ser escuchada).

Libertad de expresión: es el derecho humano que tiene todo individuo de opininar y expresarse; incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Este derecho implica a su vez los derechos de reunirse pacíficamente, a la protesta social y está vinculado con el derecho a la desobediencia civil.

(ver: http://www.civilisac.org/derechos-de-la-sociedad-civil/derecho-a-la-protesta-pacifica)

Preso polìtico: es cualquier persona fìsica a la que se mantenga detenida porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea. 

Estigmatización: proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos sociales. 

Criminalización de la protesta social: es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del los delitos y penas de la ley local a modalidades de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. Tiene su origen en la prohibición de los sindicatos y de la huelga en los países europeos, a fines del siglo XVIII y gran parte del sigo XIX.

Terrorismo de Estado: consiste en la utilización de métodos por parte de un gobierno orientados a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por “razón de Estado”. Esta táctica ha sido utilizada en sociedades de todo el mundo, desde la antigüedad.

Los derechos y conductas antes mencionados están contemplados en la normativa que a nivel internacional y nacional México está obligado a cumplir. Algunos referentes básicos (lista no exhaustiva) que se pueden consultar al respecto son:

1. Constitución Mexicana (arts. 6, 9, 16, 19, 20, 21, 22)

2. Código Penal Federal / Códigos de Procedimientos Penales

3. Ley para prevenir y sancionar la tortura

4. Ley de responsabilidades de los servidores públicos

5. Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 20)

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts, 5, 7, 8, 13, 15)

7. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

8. Protocolos de actuación policial (del DF y federales)

 

Todos estos conceptos y reglamentaciones no ha surgido de la nada, porque alguien despertó un día con ganas de redactarlos. Han sido producto de aprendizajes de nuestra historia y de muchas luchas sociales, cuyas dificultades no nos tocó vivir y cuyas consecuencias hoy disfrutamos en forma de derechos, dándolos por hecho porque no nos han faltado, sin ser concientes de su origen. Recurrentemente me pregunto, ¿por qué nos escanadalizamos y hasta sacamos la lagrimita cuando vemos violaciones a los derechos humanos en nuestros programas y películas favoritos, pero cuando se dan en la vida real, en nuestra ciudad, tan cerca de nosotros, nos pueden llegar a ser ajenas? Quizá simplemente porque ignoramos muchas cosas..

 

Los hechos del 20 de noviembre en breve:

– Se realizó una marcha en la Ciudad de México, como parte de las manifestaciones organizadas en más de 115 ciudades del mundo en el marco de la #AcciónGlobalPorAyotzinapa

– Durante la manifestación, se dieron enfrentamientos entre policías y personas (no todas encapuchadas) Aunque hay denuncias al respecto, no se sabe si algunas (y cuántos) de estas personas eran o no miembros de las fuerzas armadas vestidos de civiles o personas enviadas por algún poder público para generar disturbios (práctica habitual y documentada en muchas movilizaciones sociales en todo el mundo). Es cierto también, que aunque la mayoría de los manifestantes lo hace de manera pacífica, hay quienes lo hacen de manera violenta. 

– En diferentes momentos, agentes de la policía golpearon a personas que se manifestaban pacíficamente, incluidos, periodistas, familias e incluso personas que solamente iban pasando. Agredían a los manifestantes verbalmente, diciéndoles cosas como “pero querían venir a la marcha, putas” “para que no anden viniendo” etcétera. En algunos casos, la policía entró en establecimientos de comida, golpeando y llevándose detenidos a los comensales. Caso del Salón Corona de Filomeno Mata. (Hay documentación al respecto: testimonios, audio, fotografía, video)

– Algunas de las irregularidades que se detectaron durante la manifestación son: 1. Corte del alumbrado público en la zona centro 2. Testimonios de un “operativo anti motín” y negativa de acceso a los manifestantes en los establecimientos comerciales, lo que deja pensar que las y los comerciantes estaban al tanto de que algo iba a ocurrir 3. Cortes de la señal telefónica y de internet. Llama la atención que en manifestación previas por el mismo tema no hayan habido granaderos ni fuerzas públicas en las calles y las manifestaciones hayan transcurrido con mucho mayor tranquilidad; además de que esta intervención de la policía se haya dado pocos días después de que Peña Nieto diera un discurso aludiendo a la manifestación pública como intento de desestabilización de su gobierno y anunciara su intención de mantener el orden público haciendo uso legítimo de la fuerza.

– Durante los enfrentamientos, 15 personas jóvenes fueron detenidas (12 hombres y 3 mujeres) Después de 12 horas y a pesar de haber sido detenidas en la misma zona, fueron remitidas a unidades ministeriales dispersas en distintos puntos de la ciudad (a notar que esto dificulta a la sociedad y organizaciones civiles dar seguimiento simultáneo a todos los casos) Aunque la detención se hizo por la policía del DF, fueron remitidos a fuerzas federales. A los jóvenes se les acusó de motín, terrorismo, delincuencia organizada y tentativa de homicidio. Éstos son delitos de alta gravedad, algunos incluso más graves que los imputados a Abraca (ex de Iguala) y su esposa. Aunque los delitos de delincuencia organizada y terrorismo fueron retirados, 11 de los jóvenes fueron enviados en menos de 72 horas (tiempo insuficiente para la investigación y preparación para las audiencias) areclusorios de máxima seguridad en distintos puntos del país (A notarque eso dificulta el traslado de sus defensores y la intervención por parte organismos locales de como la Comisión de Derechos Humanos del DF) En un primer momento se les impidió la comunicación con sus defensores. De hecho, al principio se les cambió el nombre, dificultando que se supiera en donde estaban detenidos. La mayoría fueron golpeados. Lo que llama la atención es la manera pronta en que en este caso las autoridades pudieron enviar a prisión a 11 personas que a lo mucho (si nos permitimos ignorar por un momento la debida presución de inocencia) pudieron haber dañado una propiedad pública y agredido a miembros policía (no sabemos si en legítima defensa).

– Las pruebas que dio la PGR se sustentan solamente en dichos de los policías que los detuvieron, quienes basan la supuesta pertenencia de los jóvenes a un grupo “subversivo” porque entre ellos se llamaban “compas” y porque gritaban consignas contra Peña Nieto. Las únicas pruebas visuales que ofrecen son fotografías de marchas que tenían los y las detenidos en sus celulares.

Al razonamiento que relaciona determinados hechos con los supuestos (descripción abstracta) que hay en una ley, se le llama silogismo y es lo básico del trabajo de aquellos/as cuya tarea es la aplicación de la ley. Cuando se tienen los elementos suficientes, no es necesario ser abogado/a para realizarlo. Hagamos el intento.

Preguntas frecuentes:

 

¿Por qué se es tan duro con los policías, cuando los ciudadanos también incurren en agresiones?

Porque los policías son (o deberían ser) profesionales de la seguridad, cuya misión principal es velar por el bienestar de la población. Están (o deberían estar) capacitados para enfrentar agresiones, amenazas y todo tipo situaciones de riesgo. Si bien es cierto que hay un deber de la ciudadanía de no dañar ni el bien común ni a terceros y existen prohibiciones y sanciones establecidas en ley para cuando transgredan uno y otro, también es cierto que por la naturaleza de la función pública, un/a ciudadano/a puede hacer todo aquello que no le está prohibido, mientras que un/a servidor/a público/a puede hacer solamente aquello que le está permitido. Las leyes son severas con respecto a la falta de un/a funcionario/a público/a porque como miembros del Estado (entendido aquí como autoridad) son garantes del bienestar y los derechos humanos de los gobernados. Su razón de ser, su misión y su existencia como institución están basados en eso.

 

¿Por qué se ofende tanto la gente cuando utilizamos los términos “vándolos” y “porros”?

Lamarle vándalos a “X”, “Y” y “Z” cuando no nos consta que lo sean, porque de hecho no estuvimos ahí ni los vimos realizando actos vandálicos, atenta contra la presunción de inocencia. No nos consta ni nos compete hacer tal juicio. Para eso existen las investigaciones judiciales, y hasta que no se haya dictado una sentencia, no podemos aseverar que sean culpables. Es como cuando nos enojamos porque se nos tacha en el hogar, en el trabajo, en la escuela de ser o hacer algo sin permitirnos explicar, o demostrar que el jucio es errado.

 

¿No que los vándalos eran infiltrados?, ¿ahora sí son estudiantes?

El problema con este tipo de aseveraciones es que sin haber estado ahí en el momento de los hechos y sin que haya habido un debido proceso con presentación y valoración de pruebas, en el que se permita a las y los acusados comunicarse con su defensa y presentar sus argumentos, no tenemos realmente elementos para determinar quiénes son estas personas y de qué cosas son efectivamente o no responsables. Esta falacia es peligrosa, porque da carta abierta a los agentes del Estado para contarnos la versión que le convenga y para hacer lo mismo con nosotros el día que le resultemos incómodos o ello le resulte conveniente. La cuestión de lanzar el juicio a la ligera, sin entendimiento del proceso judicial y de sus garantías, es que por cómodo que sea señalar desde mi computadora, cualquiera (tú, yo, él, ella) pudo haber sido a quien detuvieran arbitrariamente, por el simple hecho de manifestarse, o peor aún, por tener la mala suerte de ir pasando cerca de los enfrentamientos.

El problema de tachar a las personaso de algo que no me consta que sean o que hayan hecho, es que con ello estoy validando la actuación irregular del Estado. Además de ser irresponsable hablar sin conocimiento preciso en asuntos de índole penal, no tomamos en cuenta que, de resultar inocentes, quedan para ellos y ellas, además de la terrible experiencia de un reclusorio federal, antecedentes penales que representarán dificultades en su vida futura, mientras que probablemente quienes son verdaderos responsables de los disturbios sigan campantes en la mpunidad. Parto de la premisa de no saber (hasta que de hecho lo sepa) quiénes son las personas detenidas, pero entender que si tu estuvieras golpeado/a, privada/o arbitrariamente de tu libertad, e incomunicado/a, también estaría abogando por ti.

(Hagan sus preguntas…)

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