Por Camilo Ruiz

El contraste entre el conflicto político provocado por las reformas educativa y energética es sorprendente. Este agosto-septiembre pasado, la movilización de decenas de miles de maestros provocó, si no el abandono, por lo menos sí un recule importante de los planes del gobierno respecto a la reforma educativa.La reforma energética, por el contrario, fue aprobada en su totalidad en un ambiente de relativa calma. Las acciones convocadas por los caudillos de la izquierda oficial fueron impotentes (Cárdenas cifra sus esperanzas en una consulta ciudadana que no tendrá poder retroactivo ni validez constitucional), y no hubo mayores señales de una posible movilización popular espontánea, por fuera o desbordando los canales institucionales.

¿A qué se debe esta diferencia? ¿Acaso no era la nacionalización del petróleo el principal símbolo de las conquistas sociales de la revolución, la joya más preciada de la corona de nuestra soberanía nacional? Probablemente la respuesta radique ahí: el carácter “nacional” del petróleo era eso, un símbolo, una abstracción, no una realidad. Bajo el capitalismo, nacionalización no equivale a socialización. Durante algunos sexenios, el boom petrolero pagó por el raquítico estado de bienestar mexicano; por la educación y el seguro social.

Pero el Estado no es un ente independiente ni neutral de las clases, es el centralizador y la matriz de la acumulación de las élites. De ahí que aunque la estatización sea progresiva respecto a la privatización (y como tal hay que defenderla), ésta no supone que los recursos naturales sean “de todos por igual”, simplemente porque hay algunos ciudadanos más iguales a otros.

En concreto, la burguesía mexicana logró beneficiarse del petróleo no al apropiárselo directamente, sino al hacer recaer la carga fiscal sobre PEMEX y no sobre los impuestos a las grandes empresas. Esto empeoró cuando los gobiernos neoliberales adoptaron la política de dejar a PEMEX y al Instituto Mexicano del Petróleo a la deriva total, en un saboteo y abandono grosero y premeditado que, a la vuelta de los años, le permitiría a los tecnócratas decir que “la industria petrolera es improductiva, ergo hay que privatizarla.”

Como los individuos, las masas aprenden y recorren trechos en su entender del mundo a través de la práctica, de las experiencias vividas en carne propia. La conciencia social tiene su fundamento primero en la vida diaria y concreta antes que en los símbolos y las abstracciones ideológicas. Por eso no es casualidad que durante el conflicto magisterial los principales contingentes se hayan movilizado cuando se discutían las leyes secundarias, que reglamentarían el despido de los profesores. Lo que estaba en juego era algo muy concreto, lo más concreto que pueda haber si cabe: la posibilidad del empleo y de tener un medio de subsistencia.

La relativa pasividad con la que la población mexicana aceptó la reforma energética expresa entonces una cosa (aparte de la bancarrota de la estrategia de AMLO y Cárdenas): la distancia insalvable entre las riquezas del subsuelo y la existencia cotidiana de la mayoría de la gente. El modelo de estatización capitalista falló, y por eso nadie salió a defenderlo. A los cincuenta y tantos millones de mexicanos en pobreza poco les importa si los títulos de propiedad del petróleo son del Estado o de las transnacionales, porque con o sin contratos y licencias, ellos han sido igualmente pobres. De todos modos, a menudo la respuesta de la población no se deja ver sino hasta que se sienten las consecuencias de las reformas. Empieza la batalla del gobierno por evitar lo anterior.

Por eso las perspectivas políticas para este año dependen en gran medida de la capacidad del gobierno para tapar el hoyo en las finanzas públicas que la privatización de PEMEX provocará. El futuro del gobierno se jugará en Hacienda y en el Banco de México. Lo esencial será la política económica, si pueden o no evitar que la privatización se sienta sobre la recaudación fiscal e, indirectamente, sobre el ingreso de las familias.

Para eso tienen dos o tres opciones: una es aumentar los impuestos a la utilidad de las grandes empresas, la otra es gravar el consumo y reducir las subvenciones, la tercera, endeudarse más. Por ahora la reforma fiscal de Videgaray parece una sorprendentemente radical (dentro de los parámetros mexicanos, claro está), donde el gobierno parece estar dispuesto a implementar y aumentar impuestos a los sectores acomodados para hacer que la caída en los ingresos petroleros se sienta lo menos posible sobre los bolsillos de la mayoría. Hay una incógnita que se resolverá de acuerdo a las necesidades políticas: está claro de dónde se va a recaudar el dinero, pero no cómo se va a gastar.

Gobernar es prever, pero si hay una cosa imprevisible, esa es la dinámica de la crisis económica. Muchas cosas apuntan, contra lo que dijeron TheEconomist y otras revistas superficiales hace poco, a que la economía mexicana vivirá un año bastante malo. Si esto es así, el gobierno se verá obligado a implementar impuestos impopulares y a reducir los subsidios aún más. En ese caso, probablemente los libros de historia recuerden como un pésimo error estratégico el haber renunciado al tanque de oxígeno del Estado mexicano durante la peor crisis económica de las últimas décadas.

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