Por Claudia Romero

Foto por Victor Hugo Valdivia

En el marco del día internacional de los Derechos Humanos, organizaciones civiles mexicanas alertaron sobre actividad en el Congreso Federal para regular la protesta social en la capital mexicana. La iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Sotomayor en octubre, fue calificada como un importante retroceso en materia de derechos humanos luego del análisis realizado por más de 90 organizaciones.

En términos generales, la iniciativa prevé que aquellos que quieran manifestarse lo hagan previa solicitud de un permiso. La autoridad dispone de 48 horas para otorgarlo o no, o en su caso, decidir realizar modificaciones al horario, fecha y recorrido. También prohíbe el bloqueo de vías primarias, establece horarios para las marchas (de 11:00AM a 6:00PM) y faculta a la Secretaría de Seguridad del DF para disolver las manifestaciones si alteran el orden público.

Las organizaciones y legisladores que instan a la Cámara de Diputados a rechazar la ley argumentan que ésta contraviene a la Constitución Mexicana (artículos 6, 9, 14, 16) y a principios internacionales de derechos humanos, específicamente los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, 13, 14, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos relacionados con el derecho a la asociación  y libre manifestación de ideas.

Organizaciones como Article 19 (@article19mex), el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (@cjdh) y Propuesta Cívica AC (@propuesta), así como algunos diputados, aseguran que la ley es “contraria al derecho a la libre de expresión”  e  “inhibe el uso del espacio público para fines políticos y sociales”, además de que los “arrestos generan un efecto inhibidor para la sociedad”

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (@CDHDF) manifestó por su parte que espera “que la ley no se apruebe”, ya que “viola estándares de derechos humanos”, “es punitiva” y “establece censura previa”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (@CNDH), hasta ahora, no se ha pronunciado.

Además, la iniciativa es fuertemente criticada por inconsistencias técnicas y exceder el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Al respecto, Karen Quiroga, secretaria de la Comisión del Distrito Federal, señaló que la iniciativa aborda competencias que sólo pertenecen a la Asamblea Legislativa del D.F.

(@angelicadelap) “Pretender legislar desde el #CongresodelaUnión contra las#manifestaciones en el #DF no sólo es impertinente sino también inconstitucional”.

Según el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, la regulación de movilizaciones debe llevarse a cabo en la Asamblea del D.F. y la iniciativa, más que establecer limitantes y prohibiciones, debería completar protocolos de intervención de las autoridades y revisar que no se violen los derechos de los manifestantes.

A su vez, Amnistía Internacional subrayó que la terminología ambigua puede dar pie al uso discrecional de la ley y a la limitación arbitraria de derechos. Por ejemplo, los criterios para conceder el permiso o la calificación de “manifestación legítima” a aquella con fines lícitos y conforme a “las buenas costumbres”. Advirtió además sobre la posibilidad de emplear la fuerza para disolver una manifestación pacífica en la que en que una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Ayer, el dictamen se aprobó sin discutir las más de 30 reservas en una sesión  de menos de una hora que se celebró a puerta cerrada, sin que se permitiera el paso de organizaciones de la sociedad civil.  

(@pajaropolitico) “Sin discusión en lo particular, el dictamen de regulación de#marchasDF pasará al pleno de la Cámara de Diputados”. 

Por otro lado, al tuitear parte del dictamen, Sotomayor comentó:

 “Mienten quienes afirman que esta ley viola derechos humanos de ciudadanos”. “Es falso que esta iniciativa criminalice la protesta social. Lo que se busca es que demandas de manifestantes sean atendidas”. “Esta ley respeta el inalienable derecho a protestar y busca evitar la represión en las manifestaciones”.

En efecto, la iniciativa señala que, en caso de prohibirse una manifestación, se tendrá la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. Los manifestantes podrán denunciar irregularidades, y será obligatoria la presencia de personal del ombudsman capitalino en toda manifestación. Para garantizar que las demandas de los manifestantes sean atendidas (no forzosamente resueltas), propone el nombramiento de un representante de gobierno.  

Calificada como #LEYANTIPROTESTA y #LeyProDerechos, la iniciativa se anuncia como una búsqueda de “equilibrio” entre los derechos de los manifestantes y los de terceros, como si éstos estuvieran necesariamente en contraposición y conflicto.

(@XXX) “Contaminación de todo tipo producida por bloqueos plantones o marchas será menor gracias a #LeySotomayor.”

En un país cada vez más fragmentado, en el que el desacuerdo social está sacando a miles de personas a las calles, discutir la regulación de la protesta es válido. Sin embargo, más allá de si se aprueba o no, la iniciativa es reflejo de la falsa idea de que existe una oposición entre derechos (libre expresión, manifestación y asociación VS. libre circulación, medio ambiente), los de los que se manifiestan y los de los que no se manifiestan.
El derecho a la libre expresión, como muchos otros derechos, tiene por límite los derechos de terceros. La gente necesita poder llegar al hospital, al trabajo, al aeropuerto o a la escuela tranquilamente, eso es claro; a nadie le gusta quedarse atrapado en bloqueos y plantones, ni siquiera a los manifestantes.

La sociedad exige que la manifestación pública sea regulada, eso es un hecho. 

Pero vámonos entendiendo. Una iniciativa que parece deliberadamente ignorar que las protestas tienen un origen, ¿es la mejor manera?

(@XXX) “No veo por qué manifestarse deba tener tolerancia cero en un país que tolera ilegalidad, inequidad y pobreza”.

(@XXX) “En vez atender las causas de las manifestaciones, hay que reprimirlas —ahora— jurídicamente”.

Dice el diputado Sotomayor que la iniciativa no prohíbe la protesta. Y tiene razón. No es que explícitamente lo haga, pero, ¿acaso no es equivalente legalizar las vías para su desarticulación? Tampoco se criminaliza (aunque sí se sanciona) en el sentido estricto de la palabra. Dice además que la iniciativa “busca evitar la represión en las manifestaciones y que demandas de manifestantes sean atendidas”.

Frente a la demanda de las organizaciones civiles de participar en el debate sobre la ley, el diputado calificó de “troles” a quienes desde las redes sociales la han criticado. En la sesión para voto del dictamen, dijo, la puerta estuvo abierta pero “la estructura física era pequeña”, por eso no pudieron entrar las organizaciones; no cabían.

Lo que se debe entender es que no se trata de una crítica personal o de un rechazo rotundo a la intención (la formal al menos) de la iniciativa. Me parece que no hay desacuerdo en que los derechos de todos y todas deben respetarse y en que las marchas deben regularse.
Sin embargo, una cosa es proclamar “el respeto del inalienable derecho a protestar” en papel y otra proveer elementos concretos para respetarlo. Una cosa es regular la protesta y otra imponerle restricciones arbitrarias. Una cosa es avisar y otra pedir permiso.

La crítica no está ahí por el placer de ir en contra. Es el elemento constructor y esencial sin el cual la democracia se convierte en falacia.

Tan empecinado parece el diputado en defender su iniciativa que no se le ha ocurrido convocar a los disidentes, organizaciones expertas en derechos humanos, para trabajar en una legislación pertinente e inclusiva que sería más que bienvenida.

Actualmente, sin necesidad de ley adicional, ya es una obligación implícita de los gobiernos atender la protesta social. Agentes de la CDHDF ya asisten a las manifestaciones y ya se capacitan policías capitalinos en derechos humanos. ¿Por qué entonces empeñarse en justificar una ley con  medidas que ya existen?

¿Por qué protesta la gente? ¿Hasta qué punto “pedir permiso” para manifestarse va contra la esencia misma del derecho? ¿Permitirá la ley reprimir las protestas por las reformas en puerta (la reforma energética, por ejemplo)? ¿Hay un horario para ejercer y defender los derechos humanos? ¿Mienten OSCs nacionales e internacionales? ¿Cuánto tiempo tardará en desahogarse un recurso por inconformidad ante un tribunal administrativo?

Son algunas de las preguntas que quedan.

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