Por Emiliano Sánchez

@E_miliano_

Foto por Victor Hugo Valdivia de la serie: ‘Grandes Constructores de Obras’

En 2006 todavía se hablaba de que México ocupaba el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, sólo después de Estados Unidos. No conformes con esa realidad, en 2008 alcanzamos el primer lugar mundial en obesidad generalizada. Otro de esos primeros lugares mundiales de los cuales sentirnos orgullosos.

Es común escuchar opiniones responsabilizando a padres de familia por su obesidad y la de sus hijos. Pienso diferente: no se le puede pedir a alguien que actúe acorde a un conocimiento que no tiene. Lejos de corresponder a las familias remediar este mal, la obesidad es un problema de Estado; primero, porque compromete el presente y el futuro productivos de México, pero también porque tratarla nos cuesta miles de millones de pesos.

Sólo en 2014, la Secretaría de Salud fue asignada un presupuesto de 130 mil 264 millones 800 mil pesos. De ello, 312 millones 120 mil pesos (.23 por ciento del presupuesto total), será usado para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, para población mayor a los 20 años de edad. Aunque esta cantidad no parece mayor, el Instituto Nacional de Salud Pública, determinó en 2013 que el Estado mexicano gasta cerca de 80 mil millones de pesos anuales tratando la diabetes, enfermedad que, en su variante mellitus; una consecuencia directa de la obesidad, es la primera causa de muerte en el país.

El mismo INSP (2013) indica que más de 70 millones de mexicanos padecen obesidad o sobrepeso, con una incidencia del 20 por ciento en niños (5 a 11 años), 40 por ciento en adolescentes (12 a 19 años) y 60 por ciento en adultos (mayores de 20 años). Y según el mismo organismo, ya en 2006 esta taza aumentaba al 1.1 por ciento anual; una taza de crecimiento mayor a la de cualquier otro país.

Con este porcentaje de niños y adolescentes con obesidad o sobrepeso, el futuro de México va en picada; millones de mexicanos llegarán a su vida productiva con las limitantes físicas y de salud que ser obeso implica; en la mayoría de los casos, una condena de por vida a un día a día de limitaciones, cuidados extra y atenciones médicas, que impiden a un individuo llevar una vida normal en términos de actividades que el cuerpo le permite realizar, alimentos que puede degustar con regularidad, una vida sexual satisfactoria, una aceptación social sin el sesgo de ser obeso, y simplemente, la seguridad en sí mismo o autoestima que tener un cuerpo sano y en forma otorga —con lo cual por supuesto no quiero decir que una persona obesa no pueda tener seguridad en sí misma, una elevada autoestima o ser aceptada socialmente—.

La obesidad generalizada es una violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, que ha permitido la venta desregulada y publicidad excesiva de productos altos en grasas y azúcares, y a la población permanecer en la ignorancia de lo que llevar una dieta de bajo contenido nutricional y una vida sedentaria implica, pasando por alto que además actúa bajo la influencia de las sofisticadas herramientas del libre mercado para posicionar sus productos “alimenticios” que, cabe mencionar, vulneran principalmente a los niños.

Si bien el Estado mexicano invierte una cantidad importante de recursos a tratar y prevenir la obesidad, su política de salud ha sido por demás laxa, comenzando por el hecho de que permitió el estado actual de cosas. Además, el Estado continúa incurriendo en una negligencia al permitir a las principales productoras de alimentos chatarra, la venta masiva de sus productos, incluso en los rincones más remotos del país, extrayendo recursos y malnutriendo a poblaciones en situación de pobreza económica y alimentaria, que apenas tienen acceso a la educación, pero se encuentran bien colonizadas por estas empresas que lucran con su ignorancia.

Hoy se habla de un 70 por ciento de la población mexicana adulta y un 40 por ciento de la población infantil con problemas de obesidad o sobrepeso; si esto es así, ¿dónde está el verdadero interés del Estado por asegurarle un futuro con calidad de vida a nuestros niños y adolescentes?, ¿cuánto nos costará a la ciudadanía cargar con tan grave problema de salud y cuántos años como país revertir esta tendencia?, ¿qué México podemos esperar a futuro en términos de salud pública y competencia global?, o es que estamos condenados a ser un país de gente limitada por este padecimiento; consumidores pasivos de lo que el mercado ofrezca; mano de obra poco productiva y mal remunerada. Hay que revertir esta situación, comenzando por limitar las libertades de las empresas que se dedican a vender productos nocivos para la salud.

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