Por Claudio Tapia

Foto por Victor Hugo Valdivia (Campos del noreste de México)

La democracia sólo es posible en un estado de derecho, en una sociedad en la que nadie está por encima de la ley. La ley tiene que pasar por la decisión popular, por el respaldo mayoritario que le transfiere soberanía.

Para lograr eso, la total independencia del poder legislativo es fundamental, la discusión entre lo que es justo o injusto, lo que conviene o no, lo acorde a la voluntad e interés general, debe darse en circunstancias en las que el que gobierna (Ejecutivo) y el que juzga (Judicial) no puedan intervenir. Es así como la división de poderes impide que se legisle a favor de cualquiera de ellos, evitando que se dicten decretos disfrazados de leyes para beneficio propio. La división de poderes garantiza la soberanía de la ley y la existencia del estado de derecho.

Pero el intento por lograr el balance de poderes ha fracasado. Desde que surgió la idea, cuando la cúspide del poder absoluto fue alcanzada por Luis XIV, el Rey Sol, cuyos derechos dados por la corona eran apenas atenuados por el poder del parlamento creado para moderar su voluntad, empezaron los problemas entre ejecutivo y legislativo.

Oigamos al precursor de nuestro presidente absoluto: “Sabemos las desgracias que han causado vuestras asambleas, y ordeno que cesen las comenzadas por mis edictos. Señor primer presidente, os prohíbo autorizar asambleas y a todos vosotros solicitarlas.”

El monarca francés y sus sucesores no entendieron. Siglo y medio después, en 1789, cuando el pueblo francés cayó en la cuenta de que el Rey Luis XVI usurpaba el lugar de las leyes, fue condenado a muerte sin necesidad de juicio alguno con el argumento de Saint Just de que todo hombre tiene derecho a un juicio justo bajo la ley, excepto aquel que usurpa el lugar de las leyes.

Luis Capeto fue guillotinado el 21 de enero de 1793. O hay Ley o hay Rey. En ese mismo año, en la declaración de los derechos humanos, se estableció: Art. 27.- Que todo individuo que usurpe la soberanía sea de inmediato muerto por los hombres libres. Art 35.- Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es […] el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

Pero seguimos sin aprender la lección. El estado de derecho en el que impere la ley sigue siendo, a más de dos siglos de distancia, un sueño por alcanzar. No hemos logrado hacer realidad la consigna de la ilustración: no más Reyes ni dioses. Ni Dios ni Amo, como claman los anarquistas.

Seguimos en las mismas, no vivimos bajo el imperio de la ley por la sencilla razón de que lo que tenemos no es Ley sino Rey.

Los legislatura está siendo usurpada, basta con ver la manera en que se están elaborando las leyes secundarias de las recientes reformas constitucionales. La renuncia del congreso a elaborar y debatir sus propias iniciativas de ley, y el limitarse a tramitar sin chistar las que les envíe el ejecutivo, equivale a la fusión de dos poderes en uno. La división de poderes es una estafa porque el absolutismo del ejecutivo está usurpando facultades que competen al legislativo.

Los legisladores no sólo están dispuestos a que el titular del ejecutivo decida las prioridades, sino que –renunciando a la primordial facultad de iniciar el proceso de elaboración de leyes– están a la espera de que el presidente se sirva turnarles sus iniciativas para mayoritearlas, tal cual, sobre pedido.

No está mal que el ejecutivo presente iniciativas de ley, pero no es lo mismo proponer que instruir. Lo que está muy mal es que el congreso renuncie a debatir y establecer los contenidos que a su juicio esas leyes debieran tener ¿No es justamente esto lo que la división de poderes de un estado de derecho debiera impedir? ¿No estamos ante la presencia del Rey que ocupa el lugar de la Ley?

El congreso tendrá que elaborar alrededor de 87 leyes y disposiciones secundarias en un plazo que vence el 30 de abril. Atenderá antes que nada las iniciativas relativas a la reforma energética y la político-electoral que el presidente les mandará primero, porque los legisladores son incapaces de establecer sus prioridades.

Por eso no han sacado la ley de telecomunicaciones cuyo plazo autoimpuesto se venció en diciembre del año pasado. El presidente no ha enviado la iniciativa respectiva y ellos no están dispuestos a tomarla. Si el poder absoluto no lo ordena, no hay ley ¿No es esta demora, otra prueba de que el ejecutivo en defensa de los intereses de un puñado de mercaderes ocupa el lugar que le corresponde a la ley?

Una prueba más de las muchas que hay. Las leyes relativas a la reforma educativa, cuyas iniciativas les fueron turnadas al vapor por el ejecutivo, se aprobaron a la brevedad sin deliberación ni debate. La aplicación de esas ineficaces leyes que están vigentes, que obligan también a las autoridades educativas, se negocia en gobernación sin que los legisladores se sientan usurpados o manipulados; sin que hagan algún reclamo o intenten hacerlas valer. Al fin que ni leyes son. Sumisamente se atendió el pedido del Rey.

O hay Ley o hay Rey. O hay legislación o hay imposición. O hay estado de derecho o hay absolutismo. O hay respeto a los derechos o habrá insurrección.

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