Por Claudio Tapia

Foto por Victor Hugo Valdivia (Militares en acción)

Existe una clara diferencia entre Democracia y Estado de Derecho. Y aunque no somos ni la una ni lo otro, conviene establecer la distinción porque, contrario a lo que muchos suponen, no basta lo primero para lograr lo segundo. Las democracias pueden rebelarse ante el Estado de Derecho, lo que constituye un grave riesgo.

Como ya lo hemos dicho, la democracia implica la existencia de un espacio público en el que todos los ciudadanos somos iguales. Iguales para hablar, dialogar, argumentar y deliberar. Y las leyes, resultado de esa acción dialógica, valen igual para todos porque aparentemente se decidieron en el espacio ciudadano libre de ideologías, poderes fácticos, mercaderes e impostores de la representación. Se trata del demos: los ciudadanos promulgando sus propias leyes. No somos eso.

Pero, ¿acaso es el nuestro un Estado de Derecho? La respuesta es que tampoco. Y no lo somos porque para que el derecho rija la vida social con razón y justicia, las leyes deben contener algo más que la voluntad popular.

Asumiendo que las leyes expresan la voluntad mayoritaria –lo que no es nuestro caso–, no basta con el demos para tener un Estado de Derecho, se requiere de algo más: que el demos no esté por encima de la ley. El demos no debe convertirse en el tirano de las leyes.

La ley no debe recoger a ciegas lo que la mayoría popular considera adecuado o necesario. Me refiero a ley que  emana y da sustento al Estado de Derecho porque no se aparta de los principios de racionalidad, satisfacción del interés común y justicia, y no a la simulación de leyes que recogen “verdades democráticas”.

Los individuos, en su mayoría, están tiranizados por los intereses privados de las oligarquías que detentan el poder. Los medios de disuasión y comunicación al servicio de los poderosos son muy efectivos. Los instrumentos de persuasión que van del engaño a la cooptación y al chantaje, son tremendamente poderosos.

Cuando la pobreza, la ignorancia, el chantaje económico, y la demagogia, permiten que los poderes oligárquicos secuestren la voluntad ciudadana, la mayoría puede decidir en contra de la razón, de la justicia y hasta de sí misma.

Poco importa ya si la decisión la toma el pueblo soberano o el tirano, lo trascendente es la racionalidad y justicia de la decisión tomada. Sin estos principios expresados en las leyes, la Democracia se convierte en instrumento político al servicio de los poderosos y el Estado de Derecho deviene en mentira. Dicho de otra manera: la elaboración de leyes simuladas, revela la inexistencia del Estado de Derecho.

Estamos plagados de leyes simuladas producto de las imposturas del Estado de Derecho y de la representación democrática, su análisis merece capítulo aparte, pero, por lo pronto, basta con señalar que es fácil distinguirlas. Se elaboraron sin representación y son irracionales e injustas porque están hechas para garantizar los intereses de los poderosos.  

Ya viene la catarata de simulaciones resultante de la vorágine de las reformas llamadas “estructurales”. Todas ellas revestidas con la ilusión de legitimidad democrática. Todas ellas cocinadas a petición del tirano que violentando la división de poderes (principio garante del Estado de Derecho), usurpó las facultades del poder legislativo para obtener que las reformas pactadas conforme a su voluntad se mayoritiaran sin representación, ni discusión, ni deliberación: sin chistar, sin pensar.

Dos de los poderes de la unión se reunieron en una sola persona con un solo interés y una sola voluntad. Legislativo y Ejecutivo, instalados en la simulación, llevaron a cabo reformas constitucionales de las que se derivarán leyes  que serán, a su vez, simulación.  

Una vez más, como Gabriel Zaid dice, los poderes públicos no saben qué hacer. Entre tantos desatinos y palos de ciego, al menos una cosa nos queda clara: sin auténtica representación, sin división de poderes y con leyes simuladas, somos lo que se quiera pero no una democracia, y menos un Estado de Derecho. Y sin eso no hay viabilidad.

Nos asecha sin embargo un peligro mayor. Ya Peña Nieto asestó su golpe de estado con consecuencias impredecibles. Cuidémonos los ciudadanos de no darle la puntilla a lo que de él queda, con el más peligroso de los golpes: el de las masas populares que usurpan el lugar de las leyes.

Por ahí vamos ya.

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