¿Realizó la Marina Armada una ejecución extrajudicial en Santa Catarina durante la narcoguerra?

Por John Gibler

Ilustración por Cristina Guerrero

UNO

El silencio exige que sus enemigos desaparezcan

de repente y sin dejar rastro.

Ryszard Kapuscinski

Los hechos son tan aterradores que rebasan los límites de todo lo creíble. ¿Quién creería, por ejemplo, que la directora de una prisión estatal dejaría salir en la noche a un grupo de asesinos convictos y les prestaría vehículos oficiales, fusiles de asalto automáticos y chalecos antibalas para que pudieran matar a decenas de inocentes en un estado vecino, cruzar rápidamente la frontera estatal y regresar a la prisión, tras las rejas de una coartada perfecta? ¿Quién creería que una organización paramilitar narcotraficante compuesta por ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano secuestraría a un policía municipal, lo torturaría para que confesara los detalles descritos arriba sobre el escuadrón de sicarios reos, grabaría la confesión en video, mataría al policía ante la cámara con un tiro al corazón y subiría el video a YouTube? ¿Quién podría imaginar que, horas después de que el video de la confesión y la ejecución apareciera en el Internet, el Procurador General de Justicia arrestaría a la directora del penal y unos días después, en una conferencia de prensa, reconocería plenamente que el escuadrón de la muerte de prisioneros había operado durante meses y había matado a diez personas en un bar en enero de 2010, a ocho en un bar en mayo de ese año y a diecisiete en una fiesta de cumpleaños en julio? Es difícil creerlo, pero todo es verdad.

La ciudad es Torreón, Coahuila, que comparte la frontera con el estado norteamericano de Texas. El 31 de enero de 2010 un convoy armado atacó tres bares en Torreón, matando a diez personas e hiriendo a cuarenta. Cinco meses después, el 15 de mayo, un convoy armado atacó la fiesta de inauguración de un nuevo bar en Torreón, matando a ocho personas e hiriendo a veinte. El 18 de julio, alrededor de la 1:30 a.m., un convoy armado paró frente a una fiesta de cumpleaños en la Quinta Italia Inn en Torreón. Cinco hombres con chalecos antibalas y fusiles de asalto AR-15 irrumpieron en el salón de fiestas, disparando indiscriminadamente. Mataron a diecisiete personas incluyendo a Carlos Antonio Mota Méndez, que ese día festejaba su cumpleaños 31, a su hermano Héctor José y a cuatro miembros del grupo musical Ríos. Hirieron a otras dieciocho personas. Después de cada masacre los asesinos atravesaban de nuevo la frontera estatal de Coahuila a Durango y regresaban al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio. La directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, dejaba instrucciones para que se les permitiera entrar sin problemas.

Pero nadie lo hubiera creído. El número de asesinados por la guerra del narco aumentó, los encabezados contaban los muertos en el lugar de los hechos de cada masacre y los investigadores federales especulaban que los dueños de los bares debían de tener vínculos con el crimen organizado. De alguna manera, los muertos debían de haber estado metidos en algo. Y entonces, el jueves 23 de julio de 2010, alguien subió un video al Internet que poco después fue reproducido en el sitio web blogdelnarco.com. Quizás quieras mirar a otro lado.

El video comienza con tres hombres en la pantalla —la imagen es algo temblorosa, la resolución es baja. Dos hombres están de pie con fusiles de asalto AR-15, camisetas, chalecos militares cargados de municiones y lo que parecen ser máscaras de hockey negras estilizadas que cubren sus rostros desde abajo del mentón hasta arriba de la frente. El tercer hombre está entre ellos, arrodillado, sin camisa, con las manos atadas a la espalda. Sólo su cara y parte del pecho están visibles en la pantalla. Una voz fuera de cámara pregunta: “¿Cuál es tu nombre?” El hombre arrodillado contesta: “Rodolfo Nájera.”

El rostro de Nájera está deformado. La hinchazón bajo su ojo izquierdo daba la impresión de que le hubieran implantado una piedra quirúrgicamente bajo la piel. La mitad de la oreja izquierda está despegada. La sangre corre de esa oreja y baja por el pecho. Nájera mira la cámara y contesta cada pregunta rápidamente y con precisión. Sabe que los hombres de la cámara lo van a matar.

—¿En qué trabajas? —pregunta la voz fuera de cámara.

—Soy policía de Lerdo —contesta Nájera.

Habla con dificultad. Su voz parece extrañamente baja en contraste con la voz fuera de cámara que pronuncia las palabras con claridad, fuerza y calma, como quien está acostumbrado a ejercer la autoridad.

—¿Edad?

—Treinta y cinco.

—¿Para quién trabajas?

Nájera hace una pausa.

—Para el Pirata.

—¿Quiénes son esos?

—Unos puchadores de Lerdo —Nájera usa la palabra “puchadores”, que viene del término inglés pusher y significa narcomenudista.

El video está editado, los cortes son evidentes. El rastro de sangre que corre por el pecho de Nájera se multiplica y se alarga cada vez que la imagen salta hacia adelante en el tiempo. La voz fuera de cámara pregunta quién controla a los traficantes. El Pirata. Pregunta para quién trabaja el Pirata. Nájera dice que para el Delta.

—¿Quién es el Delta?

—Uno que está en el Cereso.

Nájera tiene una contracción nerviosa, su cabeza salta hacia la derecha y regresa.

—¿Cómo se llama el Delta?

—Daniel Gabriel.

—¿Y ése qué? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?

—Manda a asesinar a toda la gente.

—¿Qué hace en el penal?

—Lo agarraron con droga y armas.

—¿Está prisionero?

—Sí.

—¿Cada cuánto sale del penal?

—Todos los días después de las ocho de la noche.

—¿Quién lo deja salir?

—La directora.

—¿Cómo se llama la directora?

—No sé cómo se llama la directora.

Hay una pausa y se escuchan voces en el fondo. Otras voces se oyen y suenan como si salieran de radios, radios de policía. El viento se escucha en el micrófono de la cámara y se le ve agitando las ramas de los árboles en el fondo. El hombre a la izquierda de Nájera con una camiseta azul mira al suelo, mueve su peso de un pie al otro y vuelve a mirar a la cámara. Lleva una cachucha de beisbol volteada hacia atrás bajo la máscara. Es varios centímetros más bajo que el hombre a la derecha y parece delgado, pálido y muy joven.

La voz fuera de cámara pide nombres, apodos y rangos de los policías y funcionarios públicos que protegen al escuadrón de la muerte de la prisión. Nájera se resiste pero da un nombre cada vez que la voz pregunta: “¿Quién más?” En este momento la cámara se aproxima y enfoca el rostro de Nájera. Su ojo derecho está cerrado de la hinchazón. Tiene contusiones, cortadas y marcas de quemaduras en toda la cara. Nájera da otro nombre e instantáneamente recibe la misma pregunta: “¿Quién más?” Hace una pausa, su rostro se contrae. El hombre con la camiseta azul desplaza la mirada de la cámara hacia él y entonces, tranquilamente, toma la oreja semidesprendida y la dobla hacia abajo. Nájera da otro nombre. Y otro, y otro, y otro, hasta que se corta la escena. En el siguiente cuadro, Nájera está jadeante, forcejeando. El hombre de la camiseta azul está parado un poco atrás, apuntando el fusil a su espalda. La voz pregunta quién es el Güero Pollero. Nájera dice que es el que sale con el escuadrón de la muerte para matar gente en los bares de Torreón. La voz pregunta quién lo mandó y por qué. Nájera dice que un hombre llamado Arturo, de quien se dice que huyó a Guadalajara, mandó al Güero Pollero a presionar a los Zetas en Torreón. Aquí se puede escuchar otra voz fuera de cámara a la izquierda de Nájera, instruyéndolo. Los hombres armados son Zetas, miembros del cártel de ex miembros de las Fuerzas Especiales que ha sido el blanco principal de las operaciones federales antinarcóticos durante la guerra del presidente Felipe Calderón. En una breve pausa mientras Nájera contesta la pregunta sobre por qué, la voz a su izquierda lo incita: “Para ponerle gorro a los Zetas”. Nájera acata la insinuación enseguida, hablando sobre la voz fuera de cámara: “Por ponerle gorro a los Zetas”.

La voz que conduce la interrogación pregunta: “¿Quién mató a la gente de la Quinta Italia?” Nájera responde: “También, el Güero Pollero y su gente por órdenes de Arturo”.

Nájera describe entonces cómo los asesinos salen del penal fuertemente armados, con chalecos antibalas, en vehículos de la prisión. Se puede escuchar una voz fuera de cámara susurrando a quien conduce la interrogación. Nájera describe cómo la directora del Cereso permite que los asesinos salgan del penal con plena conciencia de que salen para asesinar. Repite los detalles varias veces: los hombres salen del penal en la noche en vehículos del penal, con armas del penal, para matar a gente inocente en el territorio de los Zetas, y la directora lo permite todo.

El video tiene nueve minutos y 54 segundos. En el segundo 9:21 la imagen se corta y de repente es de noche. Los hombres armados están a ambos lados de Nájera. Un fuerte ruido mecánico resuena en el micrófono, quizás un generador o el motor de un camión. Luces de automóviles y de lámparas iluminan el rostro golpeado de Nájera. La sangre que corre por su pecho es ahora un espeso caudal. La voz fuera de cámara dice que los de “la última letra” no cometen actos de barbarie ni matan a gente inocente. La voz pregunta por qué entonces la gente de Gómez Palacio mataría a gente inocente en su territorio. La voz pregunta si prefieren matar a gente inocente porque no pueden enfrentarse a “la última letra”, a los Zetas. Nájera responde: “Sí, señor”.

—¿Porque no nos pueden derrotar?

—No, señor.

La imagen se corta nuevamente. Ahora Nájera está arrodillado solo. Dos sombras se alejan, una de cada lado. Se escucha un disparo y cae hacia adelante. El video apareció en Internet el jueves en la noche. La mañana siguiente oficiales federales detuvieron a Margarita Rojas Rodríguez, la directora del Cereso de Gómez Palacio, y a otros tres oficiales del penal. El domingo, el portavoz de la Procuraduría General de Justicia anunció los arrestos y la responsabilidad del escuadrón de la muerte por las masacres recientes en Torreón, pero no mencionó el video en el sitio web blogdelnarco.com.

Una muerte sin nombre. Una muerte que extingue lo que fuiste junto con lo que eres. Una muerte que te deja frente al mundo como testamento sólo de la propia muerte. Lo único que queda es tu cuerpo destruido en un terreno baldío, colgado de un puente o encerrado en la cajuela de un coche. Tu nombre es cercenado, desprendido y descartado. La única historia que permanece unida a tu cuerpo es la de tu muerte particular: agujeros de balas, quemaduras, cortaduras, contusiones, miembros mutilados. Los verdugos de este campo de muerte destruyen a cada persona dos veces. Primero aniquilan tu mundo; si tienes suerte, lo hacen con una ráfaga de balas. Pero después, cuando ya no estés, transformarán tu cuerpo: del de una persona al de un mensaje. Aparecerás como un destello en una pantalla de televisión. Saldrás impreso a todo color en las primeras planas de periódicos amarillistas y te exhibirán en las laterales de puestos de revistas en ciudades de todo el país, tu cuerpo desfigurado colgando al lado de jugadores de futbol y modelos en bikini. Perderás tu nombre. Perderás tu pasado, el registro de tus amores y miedos, triunfos y fracasos, incluso los pequeños detalles. Aquellos que te miren verán sólo a la muerte.

Pero los nombres viajan demasiado lejos para ser completamente borrados o destruidos. Los nombres siempre dejan un rastro. Aun cuando te matan, descuartizan tu cuerpo o lo enrollan con cinta adhesiva y dejan tus restos al lado del camino, tu nombre espera.

José Humberto Márquez Compeán. Fue encontrado como tantos otros: torturado, asesinado, envuelto en una cobija (“encobijado” es el nombre de ese arte) y desechado en un terreno baldío en las afueras de San Nicolás de los Garza, cerca de Monterrey, Nuevo León. A primera vista, parecía ser sólo una muerte más que se sumaba a las 22 mil ejecuciones del mundo del narco en México entre diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional (PAN) lanzó su autoproclamada “guerra” contra el narcotráfico, y finales de marzo de 2010, cuando un reportero local fotografió el cuerpo de Márquez Compeán muerto y encobijado en un pedazo de tierra árida. Esos eran los hechos: muerte, un cuerpo golpeado, un campo desierto en San Nicolás de los Garza. Tras esos hechos, se vislumbran las intenciones de aquéllos que mataron a Márquez Compeán y desecharon su cuerpo en ese lugar: acabar con su vida y transformar su cuerpo en una masa de muerte sin nombre.

Pero hubo una falla imprevista. El reportero asignado para cubrir el caso vio más allá del mensaje de muerte. Por pura coincidencia, Francisco Cantú, un reportero de 37 años de Multimedios en Monterrey, reconoció una camiseta café con una letra B bordada en el pecho. Cantú había visto la camiseta y al hombre que la usaba, José Humberto Márquez Compeán, unas horas antes. De hecho, había fotografiado a Márquez Compeán.

Cantú acababa de empezar su turno a las 5:30 de la mañana ese lunes cuando su editor le avisó que había una balacera en San Nicolás de los Garza. Cantú se dirigió hacia allá pero recibió una llamada cuando ya estaba en camino. No había balacera, sólo un cuerpo encontrado en un terreno baldío, dijo su editor. De todos modos valía la pena tomarle unas fotos. Cantú siguió manejando y fue el primer periodista en llegar. “Tomé las primeras fotos de lejos”, me dijo Cantú, “y después me acerqué lentamente para ver si las autoridades decían algo.” Cuando vio que los policías no prestaban atención, se acercó hasta el cuerpo para tomarle más fotos. “Tomo la foto y cuando la miro veo la B en la camiseta y me digo: ¡Uta! Es el mismo tipo de ayer.”

Para confirmar su observación regresó a su coche y abrió su laptop para comparar las imágenes con las del día anterior. “Pude ver que era la misma persona por la camiseta”, dijo Cantú, “tenía la misma camiseta café pero su rostro estaba todo golpeado. Su rostro estaba todo madreado.” El hombre muerto el lunes en la mañana en San Nicolás de los Garza era la misma persona, José Humberto Márquez Compeán, que Cantú había fotografiado el domingo en la tarde con perfecta salud. En las primeras imágenes, Márquez Compeán camina con las manos amarradas a la espalda, mirando el suelo, con una expresión que parece oscilar entre el estoicismo y el pavor. Marinos mexicanos lo rodean y después lo conducen a la parte trasera de una camioneta de la Marina Armada. Márquez Compeán está bajo custodia militar, esposado, ileso, rodeado de soldados fuertemente armados. Es domingo en la tarde. El lunes en la mañana aparecería frente al mundo como un cuerpo sin vida en un terreno baldío.

La esposa de Márquez Compeán, Hilda Rodríguez, le dijo a Cantú y a sus colegas de Milenio Televisión, una filial de Multimedios: “Lo vi en las noticias, cómo lo metieron a un camión de la policía y luego a un helicóptero, y luego aparece muerto. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Quiero justicia. Tengo tres hijos”.

El domingo 21 de marzo de 2010, un convoy de la policía municipal en Santa Catarina, Nuevo León, detuvo a Márquez Compeán y a José Adrián Lucio Barajas. El convoy se dirigía a la presidencia municipal cuando los policías supuestamente vieron a dos hombres vendiendo drogas. El jefe de seguridad de Santa Catarina, René Castillo, y el jefe de la policía, Luis Eduardo Murrieta, estaban a bordo y en comando del convoy policial. Pararon, detuvieron a ambos hombres pistola en mano, maltratando a Lucio Barajas en el proceso. Unos minutos después un convoy no identificado de presuntos sicarios al servicio del narco atacó a la policía, matando a dos oficiales y a un transeúnte e hiriendo al jefe de la policía. Los policías se replegaron a la delegación, donde esperaron a una escolta de la Marina que transportó a los heridos al hospital.

Cuando Cantú llegó al lugar de la balacera alrededor de las 2 p.m. del domingo, oyó decir que un agente estaba herido y lo habían llevado a la delegación. Después de fotografiar el sitio, se dirigió hasta ahí. Cuando llegó, la Marina y la policía habían acordonado el área. La policía trató de impedir que tomara fotos pero logró filtrarse al área acordonada y siguió trabajando. La Marina empezó a sacar a los heridos de la estación. “Primero sacaron al herido [Lucio Barajas] y después al agente herido, pero con una capucha sobre la cabeza”, dijo Cantú. “Después sacaron a esta otra persona que llevaba una camiseta café con una letra B anaranjada. Eso me llamó la atención, esos colores, así que le tomé la foto.” Cantú registró las imágenes de los soldados llevándose a los heridos y a los detenidos primero a camionetas de la Marina y después a un helicóptero, también de la Marina. En la nota que envió esa tarde, Cantú mencionó al hombre con la camiseta café. Después de eso, nadie parece saber qué le sucedió a Márquez Compeán, cómo fue que pasó, en unas catorce horas, de estar esposado bajo custodia de la Marina a estar muerto y encobijado en San Nicolás de los Garza.

El lunes en la mañana, después de darse cuenta de que había fotografiado a Márquez Compeán bajo custodia de la Marina pocas horas antes de fotografiarlo muerto, Cantú llamó a sus editores y les mandó un par de imágenes. En pocas horas, los medios nacionales mexicanos retomaron la historia. Oficiales de la Marina dijeron en una conferencia de prensa que sólo habían apoyado a las autoridades municipales llevando al jefe de la policía, a Lucio Barajas y a Márquez Compeán a un hospital cercano. Según el comunicado de prensa, después de eso entregaron a todos a las autoridades municipales y no saben qué sucedió. Testigos en el hospital dijeron al corresponsal de Nuevo León de La Jornada que vieron al jefe de la policía, Murrieta, bajar del helicóptero y entrar al hospital para ser tratado, pero que nunca vieron bajar a Márquez Compeán. Los agentes municipales de Santa Catarina dijeron que no fueron ellos quienes mantuvieron a Márquez Compeán en custodia, sino las autoridades federales. “Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Ésa es mi posición”, declaró a Associated Press René Castillo, el jefe de seguridad que, junto con Murrieta, detuvo originalmente a Márquez Compeán y a Lucio Barajas. Murrieta y Castillo desaparecieron por algunas semanas y después regresaron sin ruido a sus puestos. Nadie ha sido acusado del asesinato de José Humberto Márquez Compeán. El terreno baldío donde Cantú fotografió su cadáver está a tres minutos en coche de la base naval regional.

Las preguntas de Hilda Rodríguez —¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató?— son justamente las que la práctica de la muerte anónima, el asesinato y desecho ritual del cuerpo mutilado, tratan de volver imposibles de responder. Si un cuerpo no es más que un cuerpo, ¿quién saldrá a la luz para preguntar por qué lo mataron y quién lo mató? Si un cuerpo no tiene nombre ni historia, ¿quién exigirá justicia? Cuando el cuerpo destrozado de una persona se transforma en mensaje, su significado está claro: esto te puede pasar a ti. Los muertos deben de haber hecho algo para acabar así —cruzar una línea, decir algo—, así que es mejor no hacer nada, mirar a otro lado.

La muerte anónima requiere silencio. Así, los nombres se disuelven. Los hechos se derrotan. Los tiempos y lugares se confunden. ¿Quién fue? Nadie dice nada. ¿Por qué lo mataron? Ni una palabra. ¿Cómo es posible que masacraran a toda esa gente y simplemente se fueran? Nadie hace la pregunta. ¿Pero si la última vez que lo vieron estaba bajo custodia de la Marina? No preguntes. ¿Quién controla esta ciudad? ¿Dónde vive? ¿De qué negocios es dueño? Cualquier pregunta puede causar tu muerte. El silencio es fundamental. Cuando el asesinato es parte de los gastos fijos de una industria ilícita multibillonaria, la impunidad se vuelve una inversión esencial. Y la impunidad no se sustenta sin el silencio. Por eso México se ha vuelto el país más peligroso del hemisferio para los periodistas, aquéllos para cuyo trabajo se requiere una voz. Cubrir la “guerra del narco” mexicana se ha vuelto uno de los trabajos periodísticos más peligrosos del mundo. Sesenta y ocho periodistas fueron asesinados desde 2000 —47 de ellos entre julio de 2008 y septiembre de 2010— y por lo menos 15 fueron desaparecidos desde 2006; o sea, silenciados. ¿Cuántos de esos casos de asesinatos fueron resueltos? Ninguno. ¿Cuántos de los periodistas desaparecidos han sido hallados? Ninguno. El silencio viaja en convoyes armados con 20 a 50 sicarios altamente entrenados y equipados con fusiles de asalto de uso exclusivo del ejército y granadas de fragmentación. Los que trabajan en el territorio de la voz llevan libretas y plumas, cámaras y tripiés.

A las 7 de la mañana del 6 de abril de 2007, Amado Ramírez Dillanes, un periodista de 50 años que trabajaba para Televisa y para Radiorama en Acapulco, Guerrero, terminó sin problemas su programa radiofónico diario de una hora. Alrededor de las 7:20 a.m. salió del estudio de Radiorama y caminó hacia su coche, estacionado en la calle La Paz en el bullicioso centro de Acapulco, a una cuadra del Zócalo, a unos metros de una delegación de policía y frente al Hotel California. Mientras Ramírez Dillanes abría la puerta de su auto, un hombre se le acercó por atrás y le disparó con una pistola calibre .38, acertando dos veces. Ramírez Dillanes corrió a refugiarse o pedir ayuda en el Hotel California. El asesino lo siguió y le disparó en la espalda. Después salió caminando. Decenas de turistas y residentes locales presenciaron el asesinato. Más de cien policías, investigadores y peritos forenses de seis diferentes agencias municipales y federales, llegaron al lugar una hora después. Nadie ha sido acusado del asesinato de Ramírez Dillanes.

La noche del 23 de septiembre de 2008, Alejandro Xenón Fonseca Estrada, un conocido periodista de la estación de radio EXA FM en Villahermosa, Tabasco, salió a colgar mantas en diversos puntos de la ciudad para denunciar el aumento de los secuestros en Tabasco y en todo México. Una manta decía simplemente: ¡¡¡no más secuestros!!! Fonseca Estrada estaba parado sobre una camioneta estacionada en la esquina de Paseo Tabasco y Adolfo Ruíz Cortines, colgando una manta, cuando un grupo de hombres en una camioneta tipo SUV paró a su lado y le preguntó qué estaba haciendo. Colgando esta manta, dijo. Le ordenaron que la quitara. Se rehusó. Le ordenaron que se bajara y se subiera al coche. Se rehusó. Un hombre tomó un rifle AR-15, lo sacó por la ventana y le disparó en el pecho. Fonseca Estrada murió. Ellos se fueron.

La tarde del 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández estaba en su casa en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con su esposa y sus dos hijas. Barrón Hernández trabajó diez años como periodista para el diario La Opinión en la ciudad vecina de Torreón, Coahuila. Recientemente había publicado artículos sobre un escándalo de corrupción policial que resultó en el despido de unos trescientos policías. El 25 de mayo, once hombres armados invadieron su casa, lo golpearon frente a su familia y se lo llevaron. Veintiséis horas después su cuerpo fue hallado en una zanja con cinco heridas de bala y señales de tortura. Durante su funeral al siguiente día, cinco mantas firmadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán aparecieron en varias partes de Torreón advirtiendo a los periodistas que tuvieran más cuidado. Una de las mantas decía: ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a eliseo barrón. El chapo y el cártel del poniente no perdonan. Cuídense soldados y periodistas. Unas semanas después el ejército mexicano presentó a algunos sospechosos detenidos en eventos no relacionados y que supuestamente confesaron haber matado a Barrón Hernández por órdenes de los Zetas, los enemigos del Chapo. En abril de 2010, una portavoz del procurador general de justicia dijo a representantes del Comité para la Protección de Periodistas que no podía decir nada sobre dónde estaban los sospechosos ni cuándo serían juzgados. El 31 de mayo de 2010, Julián Parra Ibarra, amigo y colega de Barrón Hernández, publicó una editorial sobre el aniversario de un año del asesinato del periodista. Las investigaciones no progresaron, no hubo más arrestos, no hubo juicio y no había información sobre los supuestos asesinos. Parra Ibarra concluyó: “Nada ha cambiado, y lo peor, nadie dice nada”.

Silencio.

Valentín Valdés Espinosa, de 29 años de edad, era un reportero de noticias locales y cofundador del periódico Zócalo de Saltillo en Coahuila. El 7 de enero de 2010, él y dos colegas salieron del trabajo alrededor de las 10:45 p.m. Minutos después, dos camionetas tipo SUV los interceptaron. Hombres armados forzaron a Valdés Espinosa y a uno de sus colegas a entrar a uno de los vehículos y se marcharon. El colega, cuyo nombre no fue divulgado, fue liberado poco después. El cuerpo de Valdés Espinosa, con heridas de bala y marcas de tortura, fue encontrado unas horas después frente a un motel. Sobre su pecho, un cartel escrito a mano: esto les va a pasar a los que no entiendan. el mensaje es para todos.

Y sin embargo la gente habla, o a veces murmura. El afán de entender, el afán de comunicarse, es imparable, aunque se le pueda obligar a esconderse, a escabullirse a los incontables rincones de la vida privada. En casi cualquier lugar adonde uno viaje en México, se puede escuchar a la gente hablar, lamentarse, debatir y asombrarse de los últimos titulares de la narcoguerra.

El silencio raras veces busca como su víctima a los murmullos del rumor y a las conversaciones triviales. El silencio —esa variedad peculiar de narcosilencio paramilitarizado— apunta sus armas a una forma particular de palabra que en general tiene dos características: muchos la pueden escuchar y enuncia hechos que perjudican los negocios.

Pues el silencio de la narcoguerra no es sólo la ausencia del habla, sino la práctica de no decir nada. Puedes hablar todo lo que quieras, siempre y cuando evites los hechos. Los titulares de los periódicos anuncian el número cotidiano de muertes, pero los artículos no dicen nada sobre quiénes son los muertos, quiénes pudieron haberlos matado o por qué. No contienen descripciones detalladas basadas en testimonios de testigos. No hay investigación. Lo mismo sucede con los agentes encargados de investigar los asesinatos. Llegan al lugar de los hechos, cuentan los cartuchos de bala, toman algunas fotografías del cuerpo y archivan todo. Los políticos pueden denunciar la violencia en abstracto, pero evitan mencionar los nombres que se disputan el territorio en sus zonas.

Y sin embargo hay gente en todo México que sigue desafiando este reino del silencio. Como resultado, muchos terminan mirando los ojos del silencio al fondo del cañón de un fusil.

Periodistas, activistas de derechos humanos, parientes de los asesinados, guerrilleros rurales y, a veces, funcionarios públicos honestos, son los que más frecuentemente se encuentran en la mira del silencio. Su palabra es una táctica de combate en la batalla contra la muerte anónima; su lucha es una batalla real, no contra las plantas y aquéllos a quienes les gusta usarlas para doparse, sino contra el régimen perverso de ilegalidad e impunidad que hace que el narco sea tan buen negocio y que impone la muerte y el silencio necesarios para que lo siga siendo. Son gente que, a pesar de la sangre y las promesas incumplidas, sigue creyendo en una forma de justicia; si no en la justicia del Estado, de la ley, de la policía, de las cortes y los legisladores, sí en la justicia del saber, pues hablar y contribuir al saber son formas de rebeldía contra el silencio y la muerte. Los exorbitantes lucros del mercado ilegal de narcóticos requieren que una vasta y compleja red de actividad humana —cultivo, procesamiento, embalaje, transporte internacional, almacenamiento, distribución y ventas, tráfico de armas, vigilancia, lavado de dinero y extensa protección política—se mantenga sumergida en un ámbito nebuloso de palabras constantes e ignorancia perpetuamente impuesta.

Las historias y las voces de aquéllos que se rebelan contra el silencio y la muerte anónima son el corazón de este libro.

Esto es lo que no quieren que digas: El ejército mexicano y la policía federal han administrado el narcotráfico desde hace décadas. El dinero del narco llena las cajas fuertes de los bancos de México, penetra la economía nacional en todos los niveles y, con ganancias estimadas de 30 a 60 mil millones de dólares anuales, compite con el petróleo como la mayor fuente de ingresos del país. (Y México no es el único país donde esto sucede). Los principales capos de México no son sólo los narcos más buscados del momento —como Joaquín “El Chapo” Guzmán—, sino también generales del ejército mexicano y comandantes de la policía federal. Los cuerpos policiales federales son la principal fuente de reclutamiento de operadores del narco de medio nivel. El ejército y las policías estatales son las principales fuentes de reclutamiento de personal para las unidades paramilitares encargadas de los asesinatos y de la protección armada de las drogas y de operadores de medio y alto nivel. Según los cálculos del propio gobierno federal, más de la mitad de las policías municipales del país han sido infiltradas directamente por personas que trabajan para los diversos negocios ilegales del narco. Durante el reinado de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ejército mexicano controlaba la división del territorio para la producción de drogas y las rutas del tráfico, asignando subdivisiones a concesionarios locales llamados familiarmente cárteles. El territorio bajo el control de un cártel se conoce como plaza. Los asesinatos siempre han sido una forma de ajustar cuentas por negocios fallidos y de disputar el control de una plaza. Las personas detenidas en operativos policiales y que se presentan ante las cámaras de televisión como culpables son aquéllos que cayeron en desgracia y que fueron entregados a la policía o que fueron traicionados —por funcionarios federales interesados en vender la plaza a alguien más o por antiguos aliados interesados en apropiársela. Producir arrestos es un aspecto imprescindible de la industria, y por lo tanto éstos se vuelven, como los asesinatos, una forma de ajustar cuentas o de invadir territorios. Oficiales federales de alto nivel de los Estados Unidos saben todo esto y se hacen de la vista gorda, entre otras razones porque la economía estadounidense también se beneficia con el influjo de dinero del narco. Las industrias de defensa lucran cuantiosamente con la venta de armas al ejército, las policías y los propios cárteles; la policía estadounidense es adicta a las leyes de decomiso de activos; los sindicatos de custodios son adictos a los aumentos presupuestarios; y la criminalización de las drogas se ha convertido en un duradero pretexto para encarcelar a la “gente de color” en un país aún aquejado por el racismo.

La llamada “guerra del narco” en México es en realidad dos guerras: una guerra entre organizaciones narcotraficantes disciplinadas, organizadas y sumamente bien financiadas en las que el Estado también participa, y un espectáculo mediático que presenta los combates y los arrestos como productos de operativos asiduos de aplicación de la ley. Las imbricadas narcoguerras actuales en México datan del llamado período de transición democrática, entre 1994 y 2006. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), el Cártel del Golfo floreció de un grupo mal organizado de traficantes a una de las empresas criminales transnacionales más poderosas del hemisferio, capaz de competir con los más antiguos cárteles de Sinaloa basados en Tijuana, Guadalajara, Culiacán y Ciudad Juárez. Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas, furioso con él por haberle heredado la crisis del peso de 1994 que devastó la economía mexicana, atacó al Cártel del Golfo. Su administración arrestó y extraditó a los Estados Unidos al capo Juan García Ábrego. Zedillo también encarceló al propio hermano de Salinas, Raúl, por “enriquecimiento ilícito” (bancos suizos congelaron casi 100 millones de dólares en cuentas abiertas por Raúl con nombres falsos) y por su participación en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. El entonces secretario general del PRI y futuro coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu también era ex cuñado de Raúl y Carlos Salinas. Cuando el PRI perdió las elecciones presidenciales de 2000 y Vicente Fox y el PAN obtuvieron el control de la presidencia, Fox y el PAN también favorecieron al Cártel de Sinaloa sobre el Cártel del Golfo. El Chapo—el supuesto líder del Cártel de Sinaloa— huyó de un penal de máxima seguridad en una canasta de ropa seis semanas después de la toma de posesión de Fox. O quizá simplemente salió caminando por la puerta. La administración de Fox instrumentó la captura y extradición a los Estados Unidos del sucesor de García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén, el capo y autor intelectual que creó la unidad paramilitar Zetas en 1997, reclutando a sus miembros de entre un grupo de fuerzas especiales del Ejército mexicano, creadas por Zedillo como tropas de choque contrainsurgentes y encargadas de matar a Cárdenas Guillén. Pero en 2004 las organizaciones narcotraficantes débilmente aliadas en La Federación comenzaron a dividirse y antiguos aliados se enfrentaron entre sí, disputando la supremacía territorial e iniciando una guerra civil del narco que se expandió por el país. Al final del sexenio de Fox, en 2006, la guerra estaba en su auge y, literalmente, las cabezas rodaban. Calderón tomó posesión en diciembre de ese año tras extensas acusaciones de fraude que desembocaron en meses de protestas multitudinarias. Calderón se rehusó a aceptar un recuento completo de votos y tuvo que entrar a escondidas al Congreso a media noche para su toma de posesión, para evitar los bloqueos de los manifestantes. Pero las protestas electorales no fueron un fenómeno aislado. En 2006, México se vio sacudido por movimientos sociales pujantes como la Otra Campaña zapatista y la rebelión magisterial de Oaxaca. Calderón apostó su presidencia en la presencia del ejército en las calles para emprender una “guerra” contra el narco y mandar un mensaje inequívoco de poderío militar a los movimientos sociales masivos que surgieron en el país en los meses anteriores.

Sin embargo, la “guerra” de Calderón se ha dirigido sobre todo al Cártel del Golfo, los Zetas, los Carrillo Fuentes o el Cártel de Juárez, el Cártel de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, dejando al Cártel de Sinaloa más o menos en paz. Un análisis realizado por la estadounidense National Public Radio reveló que de 2 mil 600 detenciones federales relacionadas al narco entre diciembre de 2006 y mayo de 2010, sólo el 12 por ciento de los arrestos fueron de miembros del Cártel de Sinaloa. Según estadísticas del gobierno federal mexicano, el Cártel de Sinaloa es responsable del 84 por ciento de los asesinatos recientes relacionados al narco. En noviembre de 2008, la policía federal arrestó a Noé Ramírez Mandujano, entonces director de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por aceptar un soborno de 450 mil dólares del Cártel del Pacífico de los Beltrán Leyva, en ese entonces el archienemigo del Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2009, comandos de la Marina invadieron el complejo de lujo en Cuernavaca donde Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel del Pacífico, se escondía. Los soldados lo mataron, lo desnudaron y colocaron dinero y joyas con esmero sobre su cuerpo baleado. La guerra de Calderón también creó un clima de tan abrumadora violencia e impunidad que los asesinatos de opositores políticos —líderes indígenas, defensores de derechos humanos, activistas contra la minería, insurgentes guerrilleros— se pierden en el creciente número de ejecutados, sin recibir gran atención o incitar protestas. Paramilitares asesinaron a Beatriz

Cariño y a Jyri Jaakkola a plena luz del día mientras participaban en una caravana de derechos humanos que llevaba alimentos y medicinas a la asediada comunidad indígena triqui de San Juan Copala en el estado de Oaxaca. Nadie ha sido detenido; el gobierno federal no mandó a la policía para romper la barricada paramilitar en la carretera a Copala. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos, dos activistas de derechos indígenas en el estado de Guerrero, fueron torturados y ejecutados en febrero de 2010. Nadie fue detenido. Activistas han sido asesinados en Chiapas, Sinaloa, Baja California y Chihuahua; ningún caso se ha resuelto.

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En los Estados Unidos, tanto George W. Bush como Barack Obama han mandado dinero, armas y ayuda militar al ejército mexicano y a la policía federal para apoyar el “combate” al narcotráfico. A la hora de aprobar o cubrir en los medios la ayuda estadounidense al gobierno federal mexicano, como los mil 400 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, los funcionarios estadounidenses y la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos olvidan la larga lista de policías federales y generales que después se hicieron famosos como narcos de alto nivel: Rafael Aguilar Guajardo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, Osiel Cárdenas, Guillermo González Calderoni, Jesús Gutiérrez Rebollo. Los funcionarios públicos y los medios estadounidenses nunca mencionan que el ejército mexicano y la policía federal con mucha frecuencia son narcotraficantes.

Las drogas son un gran negocio. El Informe mundial sobre las drogas 2010 de la Organización de las Naciones Unidas estima que los mercados globales de cocaína y opiatos generan 153 mil millones de dólares al año. La ONU estima que la industria global de las drogas genera entre 300 y 500 mil millones de dólares. La marihuana es la droga ilegal más consumida, pero es difícil calcular sus lucros anuales pues puede ser cultivada y vendida localmente en pequeñas cantidades en todo el mundo. Sólo la cosecha anual semilegal de marihuana del estado de California se estimó en 17 mil millones de dólares en 2008; el valor de todos los cultivos legales de California en 2008 fue de 4 mil 190 millones de dólares. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2010 del Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que las organizaciones narcotraficantes mexicanas mueven hasta 25 mil millones de dólares en lucros de Estados Unidos a México cada año. El gobierno federal mexicano estima que los narcotraficantes ganaron más de 132 mil millones de dólares entre diciembre de 2006 y junio de 2010. El capo “más buscado” —el Chapo Guzmán— es ahora miembro recurrente de la lista de millonarios de Forbes. El primer año en que apareció en la lista (2009), los editores de la revista reportaron como fuente de su fortuna, “transportes”.

Las estimaciones son cuestionables. Los datos oficiales sobre cuántos miles de millones de dólares se ganan en la industria, cuántas toneladas de productos atraviesan las fronteras, cuánta gente se droga regularmente y cuánta gente sólo ocasionalmente experimenta drogas ilegales son casi siempre conjeturas, algunas quizás inteligentes, otras motivadas por segundas intenciones y otras simplemente descabelladas. La estimación de las Naciones Unidas de 1994 de que el mercado global de drogas ilegales representaba unos 500 mil millones de dólares anuales era en realidad pura conjetura. Nadie lo sabe. Los capos del narco no presentan declaraciones (cabales) de impuestos. Pero los números, algo altos o bajos, sí indican la escala tanto del mercado de drogas ilegales como del fracaso de los esfuerzos para impedirlo.

Las drogas son mercancías. Las personas han consumido marihuana y coca desde hace por lo menos dos mil años. La amapola se domesticó hace unos ocho mil años, y en 1552 a.C. los médicos de Tebas tenían más de 700 recetas medicinales para el uso de opiatos. Sucesivos gobiernos estadounidenses han encabezado e impuesto un régimen de prohibición del consumo de estas y otras plantas y productos químicos en los últimos cien años. Junto con el café, el té, el tabaco y el azúcar, estas plantas fueron mercancías fundamentales en la formación del capitalismo de Europa Occidental durante los últimos quinientos años. El hecho de que ahora sean ilegales es lo que hace que el negocio de transportar y venderlas sea tan extraordinariamente lucrativo. La ilegalidad es ahora parte de su forma como artículo de consumo. Un campesino colombiano no gana más de mil dólares por los 100 kilos de hojas de coca necesarias para fabricar un kilo de pasta de coca. Tres kilos de pasta hacen un kilo de cocaína procesada. Cuando ese kilo llega a las calles de los Estados Unidos, cuesta 100 mil dólares, o unos 100 dólares el gramo. En el campo colombiano la misma substancia no vale más de 3 mil dólares. Al llegar a México, vale unos 12 mil 500. Al llegar a Seattle o Columbus o Baltimore, su valor aumenta más de 3 mil por ciento. Cultivar la planta de la cual se fabrica la cocaína no da buen dinero. Transportar la cocaína a los Estados Unidos es absurdamente lucrativo.

El negocio de transportar cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas es tan lucrativo justamente porque esas drogas son ilegales. La legalización reduciría el inmenso margen de lucro creado por la ilegalidad. Cuando en California los electores tuvieron que votar una iniciativa que legalizaría la marihuana el verano de 2010, el derechista Centro de Investigaciones sobre Políticas de Drogas, RAND, estimó que los precios de la marihuana caerían 90 por ciento con la legalización y regulación: una onza de marihuana médica caería de 375 a 38 dólares tras la legalización a nivel estatal. Pero la marihuana médica se cultiva en California y ya es casi legal (legal bajo las leyes estatales e ilegal bajo las leyes federales). El precio de las drogas ilegales provenientes de México y Sudamérica podría caer aún más. La legalización destruiría el negocio del narcotráfico tal como existe hoy.

La ilegalidad crea complicaciones así como lucros espectaculares. Primero, hay que hacer algo con la masa de dinero, el enorme volumen de billetes. Los narcos necesitan a los bancos.

Una breve vistazo: el número de agosto de 2010 de la revista Bloomberg Markets reportó que narcotraficantes que usaban un jet DC-9 para transportar cocaína de Sudamérica a México habían comprado el avión “con fondos lavados que transfirieron a través de dos de los mayores bancos de Estados Unidos: Wachovia Corp. y Bank of America Corp.”. El semanario Proceso reportó que la industria bancaria mexicana cuenta con 10 mil millones de dólares “excedentes” cada año. El Secretario de Hacienda de México dijo en conferencia de prensa el 15 de junio de 2010 que los 41 bancos que operan en México tienen “10 mil millones de dólares que no se pueden explicar con la propia dinámica de las actividades económicas del país”.

Pero los bancos también necesitan a los narcos. En 2008, el dinero del narco salvó a los mayores bancos globales del colapso y por lo tanto, exagerando quizás un poco, salvó al capitalismo de una crisis interna devastadora cuando los mercados del capital especulativo se desplomaron. El dinero del narco —las toneladas de efectivo, el dinero físico— parece ser una de las cuentas de ahorro del capitalismo global. En diciembre de 2009, Rajeev Syal reportó en The Observer en Londres: “Miles de millones de dólares del narco mantuvieron al sistema financiero a flote en el auge de la crisis global”. Antonio Maria Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, le dijo a Syal que había visto “evidencias de que los ingresos del crimen organizado eran ‘el único capital líquido de inversiones’ disponible a algunos bancos al borde del colapso [en 2008]. Dijo que, como resultado, la mayor parte de los 352 mil millones de dólares (216 mil millones de libras esterlinas) de lucro del narco se absorbía al sistema económico”.

Christian De Brie escribió en Le Monde Diplomatique en abril de 2000 que más de 350 mil millones de dólares de dinero ilícito se lavaba con éxito y se reinvertía globalmente cada año; casi mil millones de dólares diarios. Éstos son los cálculos: “Los lucros anuales del narcotráfico (marihuana, cocaína, heroína) se estiman en 300 a 500 mil millones de dólares (sin mencionar el rápidamente creciente mercado de drogas sintéticas), o sea, de 8% a 10% del comercio mundial. La piratería de computación produce un movimiento de más de 200 mil millones de dólares; los productos falsificados, 100 mil millones; el fraude presupuestario en la Comunidad Europea, de 10 a 15 mil millones; el contrabando de animales, 20 mil millones, etc. En total, contando sólo las actividades con una dimensión transnacional, incluyendo la trata de blancas, el producto criminal bruto mundial supera por mucho el billón de dólares anuales, casi 20% del comercio mundial”. De Brie escribe que si la mitad de esto son gastos fijos, queda una ganancia de 500 mil millones de dólares. Si la tercera parte de eso va a los servicios de lavado de dinero de bancos e inversionistas, quedan 350 mil millones de dólares en ganancias plenamente integradas a la economía capitalista “legal” por año.

A los empresarios del mercado negro también les gusta diversificar sus inversiones. Además de lavar el dinero en los innumerables negocios de la economía legal, los magnates internacionales del narco están expandiendo sus áreas de actuación, por ejemplo, en la industria petrolera. Un reportaje del The Washington Post de diciembre de 2009 describe cómo los Zetas y otros cárteles se robaron más de mil millones de dólares de petróleo de Pemex entre 2008 y finales de 2009. En los casos descritos por The Washington Post, los Zetas extrajeron el petróleo directamente de oleoductos federales para llenar camiones tanque que después usaron para vender el combustible a un número de compañías petroleras tejanas como y Gas y Oil and Trammo Petroleum. Funcionarios de Pemex afirmaron haber detectado el robo de 715 millones de dólares de petróleo sólo en 2008. Y al parecer los Zetas no son los únicos que trabajan el mercado de petróleo robado: funcionarios de la compañía descubrieron 396 tomas ilegales en los 31 estados mexicanos. En 2010, el robo de petróleo aumentó 75 por ciento. En diciembre de 2010 un oleoducto en el estado de Puebla explotó, matando a 28 personas, incluyendo a 13 niños. El director de Pemex Juan José Suárez Coppel responsabilizó a una toma ilegal por la explosión.

Los empresarios del mercado ilegal de narcóticos complementan sus ganancias con el tráfico humano, el secuestro, la extorsión e inclusive el abigeato. Edmundo Ramírez Martínez escribió un informe para el poder legislativo sobre los peligros que enfrentan los migrantes centroamericanos al atravesar México rumbo a los Estados Unidos. Calculó que el control del tráfico humano a través de la frontera le brinda al narcotráfico 3 mil millones de dólares adicionales al año. Otro informe del poder legislativo mexicano afirma que el secuestro aumentó 300 por ciento en los últimos cinco años. El informe calcula que grupos narcotraficantes participaron en 30 por ciento de los secuestros recientes, mientras soldados y policías conforman el 22 por ciento de los secuestradores en el país. Un día apacible de agosto de 2010, en el estado de Tamaulipas, un grupo de sicarios asesinó a 72 migrantes centro y sudamericanos en un rancho. Poco después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó haber recibido 198 denuncias de testigos de secuestros de casi 10 mil migrantes sólo en los primeros meses de 2009. En Ciudad Juárez, las extorsiones y los secuestros han llevado a miles de pequeñas y medianas empresas a la ruina, resultando en el cierre de 10 mil negocios en los últimos tres años. Con el titular: “Crimen roba ganado y lo vende al mercado formal”, el periódico El Universal escribió en septiembre de 2010 que en por lo menos 11 estados el abigeato ha aumentado entre 30% y 50%. Los ganaderos “atribuyen [el aumento] al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad”.

Y están las armas. La ley federal mexicana prohíbe la venta libre de armas y los permisos son emitidos directamente por la Secretaría de la Defensa y son muy difíciles de obtener. En los estados fronterizos estadounidenses de Texas y Arizona se pueden comprar ametralladoras AK-47 y AR-15, pistolas de 9mm e incluso rifles Barret calibre .50 en efectivo y sin permiso. La “guerra del narco” de Calderón aparentemente creó una bonanza para las 7 mil pequeñas tiendas de armas legales en la región fronteriza de Estados Unidos con México. Según un informe publicado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego y el Instituto México del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, los decomisos de armas de fuego ilegales por parte del gobierno mexicano aumentaron más del triple entre 2007 y 2008, de 9 mil 553 a 29 mil 824. El Washington Post reportó en septiembre de 2010 que 62 mil 800 de las más de 80 mil armas ilegales confiscadas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 provinieron de tiendas de armas en los Estados Unidos. (En 2008, agentes estadounidenses confiscaron sólo 70 armas en los cruces fronterizos.) Y éstas son sólo las armas descubiertas y reportadas por la policía y el ejército mexicanos. En enero de 2011, el Centro Brady para Prevenir la Violencia Armada publicó un informe con datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) que demuestra que desde 2008 más de 62 mil armas de fuego “desaparecieron” de los inventarios de tiendas de armas estadounidenses. Puesto que la ATF sólo inspecciona el 20 por ciento de las tiendas de armas, el número debe de ser mucho mayor. Del mismo modo, el número de armas confiscadas, rastreadas y reportadas por las autoridades mexicanas es sin duda una fracción de las armas en circulación. La Asociación Nacional del Rifle de E.U.A. afirma que los grupos narcotraficantes mexicanos obtienen sus armas de traficantes de armas centroamericanos y desertores del ejército que se llevan las armas consigo. Aunque esto no se discute, el número de armas confiscadas en México y rastreadas a vendedores legales en los Estados Unidos es asombroso. De donde quiera que vengan, todas esas ametralladoras y pistolas automáticas representan otra floreciente industria secundaria posibilitada por la bacanal de muerte en México. Irónicamente, Calderón con frecuencia culpa a las leyes armamentistas de los Estados Unidos y la disponibilidad de armas en ese país por la violencia en México. (Las leyes estadounidenses tienen mucha de la culpa, pero no las leyes armamentistas.)

La ilegalidad también requiere que el discurso moral de la prohibición sea respaldado con enormes flujos de fondos para ejércitos y fuerzas policiales. Estos fondos a su vez requieren que se produzcan detenciones y decomisos de droga. La competencia en la economía del narco usa esta necesidad como forma de eliminar a opositores y rivales, denunciando a las autoridades federales los escondites y guaridas del enemigo.

En este contexto, la ilegalidad deriva en una tercera complicación: todos los desacuerdos en la industria deben ser resueltos fuhbera de la ley. El método más popular de resolución de conflictos en una cultura empresarial ilegal donde el efectivo es tan abundante que se convierte en una suerte de carga, es el asesinato a sueldo. Traiciona, delata, roba, haz el trabajo mal hecho, olvida algo, ofende al jefe o habla demasiado, y tu transgresión probablemente dictará tu muerte. Quienes hacen las leyes de la industria del narco no imponen multas, prisión, servicio comunitario; sólo muerte. Y la muerte también es un buen negocio. La Institución Brookings estima que en promedio dos mil armas —desde pistolas “mata policías” hasta fusiles de asalto AK-47 y AR-15— se compran en los Estados Unidos y se contrabandean a México todos los días.

Esto es lo que no puedes decir: la muerte es parte de los costos fijos, un gasto empresarial en una industria transnacional ilegal multimillonaria; el ejército mexicano y la policía federal son parte de ella, combatiendo en una guerra de exterminio contra presuntos narcotraficantes alineados con organizaciones que el gobierno federal considera ingobernables o amenazadoras, sobre todo los Beltrán Leyva y los Zetas. Esta guerra de exterminio sirve también para encubrir asesinatos políticos, ejecuciones paramilitares, acciones de justicieros y extorsiones, secuestros y asesinatos cotidianos. Esta guerra de exterminio también ha provocado un contraataque de asesinatos coordinado, armado e indescriptiblemente cruel por parte de los cárteles de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana (hoy sustituida por Los Caballeros Templarios) y los Zetas, en su lucha por mantener el control de su territorio y de sus rutas de tráfico.

La muerte está en todos lados.

En Ciudad Juárez, Francisco María Sagredo Villarreal, de 69 años de edad, se cansó de encontrar cuerpos desechados frente a su casa. Un día en noviembre de 2006 clavó un letrero que decía: prohibido: tirar basura y cuerpos. Denunció a las cuadrillas de matones que aterrorizaban a la ciudad y la total impunidad con la que siempre cometían sus crímenes. Encontraría aún cuatro cuerpos destruidos desde entonces hasta octubre de 2008, cuando un grupo de hombres lo mataron a balazos a la puerta de su casa poco después de medio día. Dos meses después hombres armados mataron a su hija Cinthia Sagredo Escobedo y tiraron su cuerpo bajo el letrero. El día siguiente un grupo de hombres dispararon unas veinte balas de AK-47 a su otra hija, Ruth Sagredo Escobedo, y a una amiga mientras manejaban en la procesión funeral de Cinthia. Ambas murieron.

Los titulares agreden. El Universal, 25 de julio de 2010: “Suman 70 cadáveres en narcofosas de NL”. CNN México, 11 de junio de 2010: “Grupo armado mata 19 internos de un centro de rehabilitación en Chihuahua”. Milenio, 1 de mayo de 2010: “55 mil pesos por matar a la familia”. Notimex, 9 de abril de 2010: “Encuentran dos cuerpos colgados en un puente de Cuernavaca”. La Jornada, 29 de marzo de 2010: “Ejecutan en la sierra de Durango a 10 jóvenes entre 13 y 19 años”. New York Times, 2 de febrero de 2010: “Pistoleros en México matan a 16 en ataque a fiesta de adolescentes”. Associated Press, 8 de enero de 2010: “Cártel de México cose cara de rival en balón de futbol”.

De las 22 mil ejecuciones cometidas entre diciembre de 2006 y abril de 2010, la Procuraduría General de la República investigó mil 200 casos. O sea que el gobierno mexicano no investigó el 95 por ciento de los asesinatos de la narcoguerra. (Para mayo de 2011, el número de muertos había rebasado 38 mil y el irrisorio número de arrestos y condenas no cambió. Unos 30 mil asesinatos ni siquiera estaban siendo investigados, garantizando así la impunidad.) El periódico El Universal reportó esta historia por primera vez el 21 de junio de 2010, cuando el número 22 mil se hizo parte de las estadísticas públicas en el Senado. El artículo cita a Jorge Chabat, reconocido analista del narcotráfico y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México. Dice Chabat: “El reducido número de expedientes por homicidios graves que investiga la PGR es reflejo de la incapacidad para investigar estos crímenes”. ¿Incapacidad? Noventa y cinco por ciento es un número demasiado abrumador para reflejar incapacidad. Noventa y cinco por ciento refleja una tasa asombrosa de éxito, donde el objetivo no es la justicia, sino la impunidad.

La policía federal detiene a mucha gente en el país todos los días. Esas detenciones resultan en un número minúsculo de sentencias. Según informes federales analizados por la revista de investigación ContraLínea, de las 121 mil 199 personas detenidas por el ejército y la policía en tres años y medio de la guerra de Calderón, los fiscales presentaron cargos contra sólo mil 306 de ellos por tener conexiones con alguno de los ocho cárteles que se supone operan en México. Los jueces sentenciaron a prisión a 735 por crimen organizado. En 2009 la policía federal detuvo, con enorme fanfarria, a once presidentes municipales y otros 24 funcionarios públicos en el estado de Michoacán por supuestos vínculos con el narcotráfico. En septiembre de 2010 los fiscales desistieron del caso y los jueces liberaron a todos por falta de evidencias. Los funcionarios públicos, en un estado gobernado por el PRD, habían sido arrestados seis semanas antes de las elecciones federales de medio sexenio. En la narcoguerra, las detenciones y arrestos tienen resultados en las pantallas de televisión, no en los tribunales.

Y esto es lo que nos dicen: si te encuentran muerto, con la cara baleada, envuelto en una cobija sucia y tirado al borde de un camino desierto, de alguna manera tú tienes la culpa. Debes haberte metido en algo malo para acabar así. Seguramente eras narco o policía metido con ellos. El hecho mismo de tu ejecución es el veredicto contra ti, la determinación de tu culpa.

El caricaturista político Antonio Helguera publicó un cartón en La Jornada en marzo de 2010 que retrata esta lógica oficial de la muerte en la narcoguerra de México y Estados Unidos. El título de la caricatura es Morir en México. Ocho tumbas alineadas asimétricamente llenan el cuadro y llevan los epígrafes: “En algo debe haberse metido”, “Fue un pleito de pandillas”, “Se mataron entre sí”, “¿Qué hacía a esas horas?”, “Fue un ajuste de cuentas”, “Vestía provocativamente”, “Quién sabe en qué andaba”, “Era puta”.

La lógica oficial de la muerte intenta defender la legitimidad del ejército y de la policía federal y, a través de ellos, a Calderón y a sus ejecutores, vestirlos con un chaleco antibalas discursivo que los blinda de todo escrutinio. En la narcoguerra, los muertos tienen la culpa ipso facto de su propio asesinato. Y quienquiera que se atreva a afirmar lo contrario corre el riesgo de encontrarse en breve mirando el cañón de una AK-47. Pero los escuadrones de la muerte de la narcoguerra cometen errores. Y los nombres esperan con los muertos.

No deberíamos olvidar que los Estados Unidos invadieron México en 1846 y conquistaron la mitad de su territorio nacional. Los mexicanos no lo olvidan; mucha gente en los Estados Unidos nunca se entera.

Después, los Estados Unidos invadieron el puerto de Veracruz en 1914 durante la Revolución Mexicana para apoyar a Venustiano Carranza en su guerra contra La División del Norte de Pancho Villa y el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Las intervenciones de Estados Unidos en México son simultáneamente una bien fundamentada actitud histórica de miedo-y-odio en la población; un instrumento retórico utilizado por todos los sectores de la clase política para incitar un sentimiento nacionalista; y un hecho brutal de la realidad cotidiana mexicana. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la narcoguerra son ejemplos de lo último.

La sangre y el caos que acompañan al tráfico de drogas de México a Estados Unidos están consustancialmente relacionados, al mismo tiempo, con la demanda por parte de la población estadounidense de los clásicos productos ilegales que se pueden usar para drogarse o buscar el olvido, y a la insistencia por parte de los políticos de ese país en mantener un compromiso ideológico con una prohibición que pretende ocultar el uso de esa misma prohibición como forma de control social.

¿Control social? ¿No será esto una exageración o una teoría de la conspiración? La defensora de derechos humanos y abogada litigante Michelle Alexander publicó recientemente un estudio del impacto de la narcoguerra en la “gente de color” en los Estados Unidos, sobre todo en los afroamericanos, intitulado The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. Ella argumenta que la esclavitud en ese país evolucionó a través de la Reconstrucción para convertirse en un sistema de castas basado en la discriminación racial, el cual a su vez evolucionó durante el Movimiento de Derechos Civiles y más allá para transformarse en las políticas de la narcoguerra de encarcelamiento masivo de la población negra. “No acabamos con las castas raciales en Estados Unidos; simplemente las rediseñamos”, escribe Alexander. Las condenas por felonías, nos recuerda, abren la puerta a todo tipo de discriminación legal: negación del derecho a votar, a participar en un jurado o a recibir beneficios de educación pública y sometimiento a la discriminación en el acceso al empleo y a la vivienda. “Me di cuenta demasiado tarde”, escribe Alexander, “de que el encarcelamiento masivo en los Estados Unidos había surgido de hecho como un sistema de control social racializado extraordinariamente extenso y bien diseñado, que funciona de manera similar a Jim Crow”. Este surgimiento se dio por medio de la narcoguerra.

El presidente estadounidense Ronald Reagan declaró su Guerra contra las Drogas en febrero de 1982, en un momento en el que el uso de drogas en los Estados Unidos declinaba, las prisiones parecían estar desapareciendo, Miami rebosaba de dinero y sangre de la cocaína y Centroamérica se convulsionaba con revoluciones de izquierda. La narcoguerra cambió todo eso. Entre 1980 y 2005, el número de personas en las prisiones y cárceles estadounidenses con penas relacionadas a las drogas aumentó mil 100 por ciento. En 2010, había ya 2 millones de personas en prisiones y cárceles de todo el país. Los Estados Unidos tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En 2009, Marc Mauer del Sentencing Project escribió: “El número de personas encarceladas por crímenes de drogas es mayor hoy que por todos los [demás] crímenes en 1980”. ¿Y cómo es esto una forma de control social racializado? De nuevo según el Sentencing Project, los afroamericanos representan el 14 por ciento de todos los usuarios de drogas y el 56 por ciento de las personas en prisiones estatales por delitos de drogas; los afroamericanos cumplen penas en prisiones federales por delitos de drogas casi tan largas (58.7 meses) como las de los blancos por delitos violentos (61.7 meses). Más afroamericanos están tras las rejas hoy que los que estaban esclavizados en 1850. Además de la discriminación racial por parte de las fuerzas policiales en las calles, durante 20 años poseer cinco gramos de crack resultaba en una sentencia obligatoria de cinco años de prisión; había una disparidad de 100 a 1 entre las penas para el crack y para la cocaína, o sea que se necesitaban 100 gramos de cocaína para recibir la misma sentencia mínima obligatoria que se recibía por 1 gramo de crack. (Esta ley se modificó el 3 de agosto de 2010: se requiere ahora la posesión de 28 gramos de crack para provocar la sentencia obligatoria de cinco años.)

El uso de la prohibición como forma de control social racializado es el origen de la era moderna de prohibición de las drogas. La primera ley de prohibición de drogas de la historia fue un decreto de la ciudad de San Francisco de 1875 que prohibía el opio y, al mismo tiempo, criminalizaba a los inmigrantes chinos de clase obrera al atacar su economía local. La ley llegó después de dos décadas de leyes discriminatorias promulgadas en California contra los trabajadores chinos y seis años antes de la Ley de Exclusión de Chinos de 1882. La guerra contra las drogas tiene sus raíces más profundas en el racismo.

En 1900, la gente en los Estados Unidos podía comprar opio, morfina, heroína, marihuana y cocaína sin permiso en farmacias o directamente de los productores por medio de catálogos por correo. En un lapso de 20 años, todo eso cambió. Aunque los blancos de clase alta consumían opiatos, cocaína y marihuana, el fervor prohibicionista vinculaba cada una de esas drogas a diferentes “grupos de color” de la clase trabajadora: el opio a los chinos, la cocaína a los afroamericanos y la marihuana a los mexicanos. El historiador Richard Davenport-Hines escribe en La búsqueda del olvido: Historia global de las drogas, 1500-2000: “La fantasía de negros de las plantaciones y las construcciones drogados con cocaína cometiendo actos descontrolados de violencia sexual contra mujeres blancas pronto provocó un pánico racista. Un escritor en Medical Record, por ejemplo, advirtió que ‘negros que hasta entonces eran inofensivos y respetuosos de la ley’ se transformaban con la cocaína en una ‘amenaza constante’ cuyos ‘deseos sexuales aumentan y se pervierten’”.

La Ley Harrison de 1914 requirió el registro, cobro de impuestos y receta médica para casi todas las drogas. La Ley Volstead de 1919 inauguró la Era de la Prohibición que incluyó el alcohol y que duró hasta 1933. Harry Anslinger fue el primer “zar de las drogas” estadounidense de la historia y dirigió la Oficina Federal de Narcóticos de 1930 a 1962. Anslinger impulsó y defendió la criminalización de la marihuana a partir de 1937 por medio de la desinformación, las mentiras y la intimidación. Atacó a los investigadores médicos que publicaron un informe que revelaba que la marihuana “no conduce a ninguna degeneración física, mental o moral”, acusándolos de ser “personas antipáticas involucradas en el comercio ilícito de marihuana” (citado en La búsqueda del olvido). La postura de Anslinger coincidió con lo que quizá sea la primera vez que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) financió y armó conscientemente a narcotraficantes, en este caso grupos corsos, para que atacaran a sindicalistas y comunistas que organizaban a los estibadores en Marsella.

En las décadas de 1950 y 1960, millones de estadounidenses experimentaron las drogas. Contraculturas vibrantes surgieron de un movimiento más amplio que descartaba las normas y morales de una sociedad rígida, racista y opresiva. Los miembros de la cultura dominante respondieron satanizando aún más el uso de las drogas, igualando toda forma de protesta contra el racismo y la Guerra de Vietnam con la delincuencia —el consumo de drogas— e iniciando la llamada Guerra contra las Drogas.

Dos meses después de su toma de posesión, Richard Nixon estableció el Grupo Presidencial Especial de Trabajo sobre Narcóticos, Marihuana y Drogas Peligrosas. En un informe del 6 de junio de 1969, el grupo de trabajo dijo que los mexicanos eran “responsables por el problema de abuso de la marihuana y las drogas”. El grupo recomendó que México fuera “obligado a acatar un programa de defoliación de las plantas de marihuana”. ¿Cómo obligarlos? Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional, lo expresó así: “El arma usada para golpear a México para que obedeciera sería un ataque sorpresa masivo en la frontera de México por fuerzas policiales estadounidenses, en una operación llamada ‘Operación Intercepción’”.

El 21 de septiembre de 1969, Nixon lanzó la Operación Intercepción. El plan era sencillo: inspeccionar rigorosamente a cada persona, automóvil y avión que llegara de México al sur de los Estados Unidos. Esto prácticamente cerró la frontera de 3,168 kilómetros. Nixon no informó sus planes al presidente de México Gustavo Díaz Ordaz —quien comandó la masacre por el ejército de cientos de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La decisión unilateral enfureció a los funcionarios mexicanos. Los embotellamientos en la frontera y la amenaza económica a los exportadores mexicanos obligaron rápidamente al gobierno mexicano a someterse a negociaciones desiguales y desfavorables. México envió una delegación a Washington y para el 10 de octubre la administración de Díaz Ordaz había “convencido” al gobierno de Nixon de suspender la Operación Intercepción, y la administración Nixon había “convencido” a la administración de Díaz Ordaz a unirse a la Operación Cooperación y, a través de ella, a la “Guerra contra las Drogas” de Estados Unidos —un término que Nixon usó públicamente por primera vez el 17 de junio de 1971.

Siete años después de la Operación Intercepción, en septiembre de 1976, el gobierno mexicano inició un programa militar de defoliación llamado Operación Cóndor. Cinco mil soldados y 350 policías federales trabajando en conjunto con 30 agentes estadounidenses de la DEA (Drug Enforcement Agency) asignados a México, y usando 40 aviones —algunos de los Estados Unidos—, atacaron y destruyeron decenas de miles de hectáreas de campos de marihuana en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero.

En ese tiempo no se conocía ningún cártel narcotraficante transnacional en México. Sin embargo, los productores y traficantes relativamente pequeños de Sinaloa huyeron de la Operación Cóndor y se establecieron en diferentes ciudades del país. La Operación Cóndor quemó los campos de marihuana, pero también promovió la dispersión geográfica de los productores y traficantes de marihuana de las accidentadas y aisladas montañas de Sinaloa a las ciudades de Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez. Además, tan pronto los soldados de la Operación se fueron, la gente replantó los campos quemados.

Antes de la Operación Cóndor, los sinaloenses cultivaban marihuana en Sinaloa y la contrabandeaban a los Estados Unidos. Después de la Operación Cóndor, los sinaloenses cultivaban marihuana en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Durango, Zacatecas y Baja California y la contrabandeaban a los Estados Unidos. Los sinaloenses comandaban todas las grandes organizaciones narcotraficantes que crecieron en la década de 1980. Los sinaloenses manejaban el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y desde luego el Cártel de Sinaloa. El Cártel del Golfo irrumpió en el escenario a principios de los 90 con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Familia Michoacana se declararía independiente en 2006 y quedaría prácticamente desmantelada en enero de 2011.

El dinero de la cocaína construyó a Miami en la década de 1970, pero a principios de los 80 la sangre en las calles llegó a ser excesiva —los homicidios en Miami aumentaron de 104 en 1976 a 621 en 1981— y el gobierno estadounidense decidió expulsar la violencia. Llega Reagan y su Guerra contra las Drogas. La administración Reagan desmanteló las rutas directas del narcotráfico de Colombia y el Caribe a la Florida con un despliegue masivo de agentes federales. Las drogas siguieron llegando. Ningún antro de Miami dejó de tener su provisión. Los traficantes colombianos de cocaína voltearon la mirada hacia México y su larga y solitaria frontera con los Estados Unidos. Gracias a la Operación Cóndor, los traficantes sinaloenses de marihuana habían construido redes a lo largo de la frontera para el tráfico de marihuana. La mota siguió llegando, más que nunca, ahora junto con cocaína de Colombia.

La guerra del narco de Reagan consolidó los fundamentos racistas de la prohibición en un nuevo sistema racial de castas, como argumenta Michelle Alexander. También amplió la política estadounidense de “seguridad” hemisférica —o las guerras subsidiarias contrainsurgentes— y su lamentable adicción a las drogas. Libros como The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, de Alfred McCoy, han documentado la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el narcotráfico del Sudeste Asiático en los años cincuenta y sesenta, y en Afganistán y Centroamérica en los setenta y ochenta, para financiar escuadrones de la muerte anticomunistas. Durante los ochenta, la CIA también apoyó las guerras contrainsurgentes en Nicaragua con fondos del tráfico de cocaína. Robert Parry y Brian Barger fueron los primeros periodistas en revelar la historia a Associated Press (AP) en 1985. Funcionarios de la administración Reagan lanzaron una campaña de difamación personal contra ambos periodistas y lograron expulsarlos de AP. De abril de 1986 a abril de 1989, el Subcomité del Senado sobre Narcóticos, Terrorismo y Operaciones Internacionales realizó audiencias e investigó las acusaciones de la participación de la CIA en el apoyo a fuerzas contrainsurgentes en Nicaragua involucradas en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

El informe del Subcomité, publicado el 13 de abril de 1989, descubrió entre otras cosas “la participación en el narcotráfico por parte de individuos asociados al movimiento de la Contra” y “pagos a narcotraficantes realizados por el Departamento de Estado de E.U.A. con fondos autorizados por el Congreso para ayuda humanitaria a los Contras, en algunos casos después de que los traficantes habían sido inculpados por delitos de drogas por agencias federales del orden público, en otros mientras los traficantes se encontraban bajo investigación por las mismas agencias”. Los tres principales periódicos de los Estados Unidos enterraron breves notas en sus últimas páginas: Washington Post, página A20; Los Angeles Times, página A11; New York Times, página A8. Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional, escribió en Columbia Journalism Review que “el informe del Comité Kerry fue relegado al olvido; y se perdieron las oportunidades de seguir las pistas, responder a los obstáculos interpuestos por la CIA y el Departamento de Estado que los investigadores del Senado afirman haber enfrentado, informar al público y cerrar el asunto”. Funcionarios de la administración Reagan se burlaron del presidente del Subcomité, el senador John Kerry, y los medios de comunicación hicieron lo mismo; Newsweek memorablemente llamó a Kerry un “impúdico entusiasta de las conspiraciones”.

En julio de 1995, después de haber publicado un reportaje premiado donde ponía en evidencia las leyes de decomiso de bienes provenientes del narcotráfico de California intitulado The Forfeiture Racket” (“El fraude del decomiso”), el periodista de investigación Gary Webb, que entonces trabajaba en el San Jose Mercury News, decidió seguir la pista de la CIA, los Contras y el tráfico de cocaína a Los Ángeles. Sus artículos revelaron que la CIA había apoyado a reconocidos narcotraficantes en Nicaragua, pero por primera vez también rastreó la llegada de dichas drogas en la forma de crack a barrios afroamericanos en la región Sur Central de Los Ángeles. Webb publicó su serie, llamada “The Dark Alliance” (“La oscura alianza”) a mediados de agosto de 1996 y se encontró frente a frente con los sicarios del silencio. Los tres mismos periódicos que ignoraron el informe del Comité Kerry en 1989 (Washington Post, Los Angeles Times y New York Times) asignaron equipos de periodistas de investigación y entre todos publicaron más de 30 mil palabras: no para seguir el rastro de la historia que Webb había revelado, sino para destrozarlo a él. Uno de los periodistas del Washington Post encargados de desacreditar “The Dark Alliance” fue Walter Pincus, quien trabajó para la CIA espiando a grupos juveniles a finales de los años 50 e inicio de los 60.

Nick Schou, en su libro Kill the Messenger: How the CIA’s Crack-Cocaine Controversy Destroyed Journalist Gary Webb (Maten al mensajero: cómo la controversia del crack y la cocaína de la CIA destruyó al periodista Gary Webb) describe cómo los exitosos artículos del Washington Post, Los Angeles Times y New York Times utilizaron contradicciones en los testimonios de delincuentes convictos por delitos de drogas citados en “The Dark Alliance” para fustigar la credibilidad de Webb y del San Jose Mercury News, presionando al periódico para que se retractara de la historia y despidiera a Webb: los editores lo mandaron a cubrir la vida diaria en la pequeña ciudad de Cupertino. Poco después renunció. Desacreditado e incapaz de obtener un empleo en un periódico, trabajó para el Senado de California y después brevemente en el periódico Sacramento News and Review, antes de dispararse en la cabeza con una .38 el 10 de diciembre de 2004.

En 1998, pocos días después de que el San Jose Mercury News anunció la renuncia de Webb, la CIA publicó una declaración negando la colaboración de la agencia con narcotraficantes. Un mes después la CIA publicó el primer volumen de un informe que sustentaba la declaración. Algunos meses después la Agencia publicó el segundo volumen del informe, contradiciendo lo que los agentes habían dicho y escrito antes y reconociendo que entre 1982 y 1995 sus agentes trabajaron con reconocidos narcotraficantes que apoyaban a los Contras y que mantuvieron un acuerdo con el Departamento de Justicia para no reportar el tráfico de drogas realizado por sus “activos”. No hubo escándalos, no hubo protestas. Los principales periódicos no asignaron equipos de periodistas de investigación para explorar los doce años anteriores de mentiras y de complicidad de la CIA con el narcotráfico. Silencio.

No es necesario hablar de teorías de la conspiración o siquiera de conspiraciones; los hechos reconocidos son suficientemente mordaces. No es necesario meditar sobre los posibles planes o intenciones de Ronald Reagan y los funcionarios de su administración con su declaración de guerra de 1982. Treinta años después, el encarcelamiento masivo por medio de leyes antidrogas se ha convertido en el nuevo sistema de castas de discriminación racial en los Estados Unidos, y la muerte y el caos que siempre acompañan al tráfico ilegal de drogas se han expulsado al otro lado de la frontera, a México.

Si realmente hubiera una guerra contra las drogas, las drogas estarían ganando: la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud en los Estados Unidos de 2009 estimó que 21.8 millones de personas mayores de 12 años habían consumido alguna droga ilegal en el último mes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2009 que entre 170 y 250 millones de personas usan drogas ilegales en el mundo. Los Estados Unidos son el mayor consumidor del planeta de todas las drogas en el mercado. En 2009, más personas en los Estados Unidos se drogaron que en cualquier año anterior; al mismo tiempo, el 2009 fue también el año más sangriento hasta entonces en la guerra del narco en México. La relación directa entre el uso recreativo de drogas en los Estados Unidos, la prohibición y la muerte y el terror desatados en México es ineludible. Algunas drogas pueden dañar, pero la prohibición mata.

Con pleno apoyo del Congreso de E.U.A., las sucesivas administraciones presidenciales de ese país han usado programas de la guerra contra las drogas, como la extradición y las revisiones de certificaciones anuales que amenazan a los países que pierden la certificación con la suspensión de la ayuda exterior y con sanciones, como herramientas para forzar a países menos poderosos a acceder a la prohibición y al intervencionismo estadounidense. Como escribe Richard Davenport-Hines en La búsqueda del olvido, “Las políticas de la prohibición han transformado a medicamentos lícitos, aunque peligrosos, en el mercado negro más lucrativo y mejor organizado del mundo. Esencialmente, la prohibición ha sido una técnica informal de colonización cultural estadounidense”.

La muerte es esencial en méxico. Atribuladas, fracturadas, asediadas y disputadas como la propia nación, las representaciones de la muerte son un rasgo inextricable de la cotidianidad, la cultura popular y la identidad nacional mexicanas.

Por ejemplo el Día de Muertos, 2 de noviembre, cuando las almas de los difuntos llegan de visita y los parientes y amigos las honran con sus comidas favoritas y altares repletos de velas. En algunas regiones, como en comunidades de algunas partes de Oaxaca, el Día de Muertos es el día espiritual más importante del año. Las celebraciones son eventos nacionales en los que participan millones de personas. Los rituales también se volvieron grandes atracciones para turistas internacionales como una experiencia singularmente mexicana. Los mexicanos y los chicanos en los Estados Unidos consideran las ceremonias del Día de Muertos actos de afirmación del orgullo nacional mexicano y de la identidad cultural. La imagen dominante en las esculturas, las ofrendas y el arte del Día de Muertos es la calavera, sobre todo la de azúcar, meticulosamente decorada con colores brillantes.

Y está la nota roja, la cobertura del crimen o la noticia sangrienta, toda una industria periodística basada en la publicación cotidiana en primera plana de fotografías macabras de los nuevos muertos: accidentes automovilísticos, apuñalados, golpeados y, recientemente y con mucha frecuencia, ejecutados. En la Ciudad de México y otras ciudades, los voceadores cuelgan estos periódicos en las esquinas, donde los peatones se congregan y miran con morbo todo el día. En algunos pueblos, la distribución se resume a alguien que pasa por las calles en un Volkswagen con megáfonos en el techo, anunciando atractivos con el entrenado entusiasmo del pregonero, gritando frases como ésta que escuché un día en Tlapa, Guerrero: “¡Vea la sangrienta muerte que tuvo!”

Uno de los íconos más inmediatamente reconocibles del arte popular mexicano es la calaca. El grabador José Guadalupe Posada (1852–1913) usó calaveras y calacas tanto para mofarse de la élite mexicana durante la dictadura de Porfirio Díaz como para celebrar las tradiciones populares como el fandango. Posada influenció a los famosos muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes también usaron calacas en sus murales, aunque en otros sentidos sus obras son realista-sociales. En la obra de Posada, como sucede con las calaveras de azúcar del Día de Muertos, las imágenes de la muerte son a veces festivas, a veces irónicas, pero nunca grotescas.

Una de las novelas mexicanas más conocida, Pedro Páramo de Juan Rulfo, sucede en un pueblo de muertos. El protagonista, Juan Preciado, le promete a su madre agonizante que irá a buscar a su padre, Pedro Páramo, en Comala. Su padre murió hace años, asesinado por un hijo no reconocido a quien se rehusó a dar dinero para pagar el entierro de su mujer. El propio Preciado muere al entender la verdad de Comala: todos ahí, toda la gente que ha conocido y con la que ha hablado, todos aquéllos a través de los cuales fue descubriendo la historia de la vida y muerte de su padre, están muertos.

Miles de personas en todo México adoran a la Santa Muerte. Algunos le rezan para que cuide a sus parientes en su travesía por el desierto de Arizona en busca de trabajo o para recuperar los empleos que tuvieron por años. Algunos le rezan para que proteja a parientes en la cárcel. Algunos le rezan para que los proteja de la violencia. Algunos le rezan para que los ayude en las pruebas de admisión a la universidad. Algunos le rezan para conseguir trabajo, suerte o amor. Muchos se tatúan su imagen en el pecho, los hombros o la espalda. La calaca, alta y flaca, vestida de negro o blanco o rojo, carga en sus manos el mundo, una hoz o una balanza, o alguna combinación de esos objetos.

Y aunque la Santa Muerte es la afamada santa patrona de los sicarios, narcos y ladrones, una visita a uno de sus principales altares en México da una impresión muy diferente. Un día de julio de 2010 hablé con Enriqueta Romero Romero, que cuida el altar de la Santa Muerte en el barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México. Romero habla de la muerte y de la Santa Muerte con reverencia y ternura. “La muerte siempre ha existido”, dijo, “algo hermoso en la vida es nacer y morir”. Llama a la Santa Muerte “mi doña flaquita” y exhibe su amplia sonrisa cuando los visitantes la llaman del mismo modo. Mientras hablábamos, una de sus hijas llegó con su bebé recién nacido, y Romero tomó a la pequeña en sus brazos y la levantó, besándola y levantándola de nuevo diciendo: “mi princesita, mi cosita preciosa”. La sensación en el altar de Romero a la Santa Muerte en Tepito es de dulzura.

Cuando Emily Rodríguez, una funcionaria pública de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, llegó a comprar una vela, vestía pantalones de mezclilla y una camiseta negra con la imagen de la santa Muerte. Ella visita el altar todos los años el Día de Muertos y le deja una botella de brandy. También tiene un pequeño altar en su casa, donde le reza todos los días. Le pregunto por qué cree en la Santa Muerte. “Si te fijas en sus ojos, bueno, no tiene propiamente ojos, pero si te fijas en las cavidades te proyecta confianza. En nuestra cultura prehispánica, teníamos nuestros dioses de la muerte. Sentimos que la muerte es parte de la vida, no hay que satanizarla.” Le pregunto sobre la cultura de narcos y sicarios que afirman creer en la Santa Muerte. “Si ocupas a la Santísima Muerte para cosas malas, se te revientan”, dijo. Para ella, la Santa Muerte encarna la confianza, no el asesinato. “Me proyecta confianza y es por eso que creo en la Santísima Muerte. Yo no creo en personas que se vuelven santos, yo en particular no lo creo. Pero la muerte sí es segura.”

Una visita al altar de la Santa Muerte nos permite vislumbrar la forma particularmente mexicana de sentir la muerte, pero nada aquí ayuda a explicar la vil crueldad del narcohomicidio.

Durante el siglo XX mexicano”, escribe el antropólogo Claudio Lomnitz en su libro Idea de la muerte en México, “la alegre familiaridad con la muerte acabó siendo la piedra angular de la identidad nacional”.

“La nacionalización de la intimidad irónica con la muerte es una estrategia singularmente mexicana”, observa Lomnitz, y sus raíces en la historia social mexicana son muy profundas: “El culto de la muerte podría considerarse como el elemento más antiguo, fundamental y auténtico de la cultura popular mexicana”.

El simbolismo de la muerte en México, sostiene Lomnitz, refleja las diferencias entre Estados fuertes y débiles, Estados imperiales y postcoloniales, y el lugar de México en esa diferencia es peculiar: “En tanto la más grande y rica de las colonias de España en el Mundo Nuevo, en el momento de su independencia, México tenía verdaderas aspiraciones imperiales; en tanto vecino próximo de los Estados Unidos, fue el primero en convertirse en botín de esa república”. Lomnitz continúa: “El hecho de que la muerte haya tenido una presencia importante en el discurso político mexicano se debe a que el dominio político de los moribundos, de los muertos y de la representación de la muerte y el otro mundo fue clave para la formación del Estado moderno, de las imágenes de la cultura popular y de una modernidad propiamente nacional”. Si “el dominio político […] de la muerte […] fue clave para la formación del Estado moderno”, ¿qué nos dice la explosión del asesinato cruento y desenfrenado sobre el Estado mexicano contemporáneo? ¿Qué nos dice la autoría extraoficial del propio Estado de buena parte de esos asesinatos? Si nos dice que el Estado de alguna forma está débil, ¿en dónde está la fractura? O nos podemos preguntar: ¿cuál es la naturaleza de la lesión o enfermedad que causa esta debilidad?

Y, sin embargo, a pesar de la profundidad cultural y la singularidad de las actitudes, representaciones y rituales de la muerte en México, sería equivocado buscar únicamente en la historia y la cultura mexicanas la explicación del carácter particularmente cruel y macabro del predominio creciente de las ejecuciones del narco en México.

—Tratar de ver en todo una raíz mexicana y no como horizontal y global es un error —me dijo Claudio Lomnitz una tarde en la Ciudad de México—. Para hacer un análisis de la forma de la violencia del narco no es que la historia mexicana sea irrelevante, pero hay que saber dónde es relevante. La narcoviolencia está relacionada con otras formas de violencia e influye también en otras formas de violencia; los narcos importan, pero también exportan. Hay una dimensión que está en dialogo con una cultura globalizada.

Los Zetas, reconocidos como los más espectaculares, temerarios y nefandos de todos los sicarios que trabajan en el mercado de narcóticos, son un ejemplo perfecto del argumento de Lomnitz. Los asesinos Zetas estudiaron estrategias de contrainsurgencia en los Estados Unidos e Israel como miembros de las Fuerzas Especiales mexicanas. También contrataron a soldados de las Fuerzas Especiales de Guatemala, conocidos como los kaibiles —una institución que recibió décadas de entrenamiento en tácticas de contrainsurgencia del ejército de los Estados Unidos—, como miembros del grupo. Los Zetas adoptaron la práctica de Al Qaeda de grabar decapitaciones en video y subirlas a YouTube. Otros sicarios de cárteles mexicanos pronto siguieron su ejemplo.

Sería un error pensar que México es el lugar principal o un campo de batalla aislado en un mercado global de narcóticos ilegales ferozmente competitivo. Así como el narcotráfico y las políticas de prohibición son transnacionales, el mercado de narcóticos también lo es. La posición actual de México en la llamada guerra del narco sólo se puede entender en el contexto global, considerada en conjunto con los países donde se originan ciertas drogas y con aquéllos donde se venden a usuarios y consumidores, o sea Colombia y Perú por un lado y los Estados Unidos por el otro, pero también países tan distantes de México como Argentina y Australia. Siempre que las drogas son prohibidas por ley y al mismo tiempo cultivadas, transportadas, vendidas, fumadas, tragadas, inhaladas o inyectadas, la zona de la narcoguerra extiende su alcance.1

En la lógica de la narcoguerra, morir en México es ser culpable de tu propia muerte. Pero la cruda realidad —cuando puede rescatarse del olvido— destroza los sórdidos mitos de la narcoguerra de policías y ladrones, de capos Robin Hood, de un Estados Unidos de América honesto y un México corrupto. A través de las historias de los muertos y de aquéllos que resisten las leyes del silencio podemos empezar a acercarnos a una comprensión de las muertes y a buscar una salida.

nota

1 Tomo prestado el término “zona de la narcoguerra” (“drug war zone”) de Howard Campbell, profesor de antropología en la Universidad de Texas, en El Paso, que define la zona como “el espacio cultural transnacional y fluido en el que fuerzas opuestas se disputan el significado, valor y control de las drogas”. El libro de Cambell, Drug War Zone: Frontline Dispatches from the Streets of El Paso and Juárez, de 2009, contiene entrevistas extensas con participantes directos en lo que hoy es el rincón más sangriento de la zona de la narcoguerra global. Campbell habla con narcomenudistas, mayoristas, traficantes, policías, consumidores y testigos de ejecuciones, todos de diferentes contextos sociales y con diferentes experiencias de vida. Su introducción ofrece una definición lúcida de varios conceptos clave de la zona de la narcoguerra, un discernimiento inusual que es útil para adentrarse a un universo donde, como escribe Campbell, “El conflicto se da a veces abiertamente, pero con más frecuencia en un mundo clandestino y subterráneo, un espacio social donde la verdad es huidiza y relativa y donde la paranoia, el miedo y el misterio son la orden del día”.

Primero, consideremos la propia noción de “narcotráfico”, que, como escribe Campbell, “es una forma ilegal de acumulación capitalista. En algunos casos, es casi una celebración caricaturizada del consumismo y la riqueza […] facilitada por el neoliberalismo y el contubernio con elementos del Estado. […] Yo sostengo que en última instancia el comercio de drogas es parte de los sistemas económicos de Estados Unidos y de México”. Esto no debe sorprender, pero es útil recordarlo como una definición sencilla y clara de un fenómeno transnacional complejo y deliberadamente ofuscado. Campbell también ofrece descripciones muy útiles —que vale la pena citar por extenso— de dos categorías fundamentales y poco entendidas de la narcoguerra: los cárteles y su forma particular de control territorial. Para él, los cárteles deben ser pensados como “alianzas cambiantes, incidentales y transitorias entre traficantes cuyos territorios y miembros evolucionan y cambian debido a conflictos, encarcelamientos, muertes, cambios en las circunstancias políticas, etc., y cuyas fortunas y poder crecen o decaen o sucumben con el tiempo. […] Además, muchas de las funciones de los cárteles son realizadas de hecho por células, grupos subcontratados de productores, empacadores, choferes, guardias de bodegas, sicarios, vendedores callejeros, etc., que tienen poca o ninguna conexión con la organización narcotraficante más amplia […] y cuyos servicios se contratan y se pagan en efectivo o con drogas”.

Para entender el extraordinario éxito de las organizaciones narcotraficantes mexicanas en transportar su producto, recoger los pagos en efectivo y depositar miles de millones de dólares de dinero en efectivo ilegal en la economía legal a pesar de una guerra multinacional contra ellas, hay que tener una comprensión clara del concepto de “plaza”. La sucinta descripción general de Campbell de este concepto fundamental de la narcoguerra es excelente.

“Las rutas de transporte y los territorios controlados por cárteles específicos en contubernio con la policía, el ejército y funcionarios de gobierno”, escribe Campbell, “se conocen como plazas. Controlar una plaza le da al capo y al comandante de la policía de un área el poder de cobrar cuotas, llamadas ‘pisos’, a traficantes menos poderosos. Generalmente, un cártel principal domina la plaza en cualquier momento, pero este control con frecuencia es desafiado o subvertido por conflictos internos, puede ser disputado por varios grupos y está sujeto a cambios súbitos. Los intentos de cárteles rivales de transportar drogas a través de una plaza o de tomar una plaza controlada por sus enemigos [han] conducido a buena parte de la violencia reciente en México. El cártel que tiene más poder en determinada plaza obtiene la protección de la policía o del ejército para transportar la droga. Las autoridades proporcionan documentos oficiales para aviones, camiones y coches cargados de droga y permiten que los narcotraficantes circulen libremente en aeropuertos y pistas de aterrizaje, autopistas de cuota y carreteras desiertas, puestos de control y cruces fronterizos. “Generalmente el cártel compra la lealtad del jefe de la policía o del comandante militar en una zona determinada. Este oficial proporciona policías o soldados para proteger físicamente las cargas de droga en tránsito o en los almacenes, y a veces para servir como guardaespaldas de altos miembros del cártel. Los policías pagados por el cártel intimidan, secuestran o asesinan opositores de la organización, aunque también pueden extorsionar al cártel con el que están asociados por pagos más altos. Además, los miembros de los cárteles establecen relaciones [o] conexiones con gobernadores estatales o presidentes municipales de las ciudades principales, funcionarios de alto nivel de las fuerzas policiales, oficiales del ejército y de la marina y comandantes y otros políticos y burócratas poderosos. Estas conexiones nacionales facilitan el uso de rutas de transporte y el control de determinada plaza. Además del tráfico internacional en gran escala, los cárteles distribuyen inmensas cantidades de drogas para el consumo doméstico.”

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