Radiografía del negocio de la violencia en Honduras

Por Luis Valencia

En el aeropuerto de Toncontín, el quinto más peligroso del mundo, hay que aterrizar sobre un tramo de apenas dos kilómetros de largo, en medio de un valle custodiado por montañas y con un voladero al final de la pista. Sólo después de eso llegas a Tegucigalpa. En mis viajes anteriores siempre había descendido así, entre sacudidas y tocando la tierra de golpe, pero esta vez debí llegar primero a San Pedro Sula, la ciudad hondureña más industrializada. Sabía que para llegar después a Tegucigalpa sólo había que recorrer los 243 kilómetros de carretera que separan a las dos principales ciudades del país, pero lo que no supe hasta esa tarde fue que sus caminos sinuosos y llenos de baches de todos tamaños y profundidades eran los principales responsables de la segunda causa de muerte entre los hondureños: los accidentes viales. Así fue como me quedó claro que ya sea por aire o por tierra, al entrar a este país ya te estás jugando la vida.

Al llegar al hotel en Tegucigalpa, cuando aún ni siquiera bajaba del taxi, se acercó un hombre bajo, robusto, con una sonrisa en el rostro y una pistola fajada en el pantalón. Ni su amigable sonrisa ni su saludo de bienvenida ni el amable gesto de cargar con mi equipaje y acompañarme a la recepción del hotel impidieron que siguiera mirando de reojo el arma que daba a este personaje el porte de pistolero de película mexicana. Más tarde sabré que su nombre es Ramón y que es uno de los guardias de seguridad del hotel, que también hace de botones y que a veces ayuda a los huéspedes con sus diligencias. Él será el primero en contarme que en su país es mejor andar armado y saber tirar, porque si algo malo sucede, nadie va a meter las manos por ti. Las estadísticas le dan la razón: Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios intencionales; San Pedro Sula es la ciudad más peligrosa del mundo y Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) la sexta.

No será difícil intuir la causa por la cual la muerte se ha asentado tan plácidamente en este país centroamericano. Matar aquí se convirtió en un negocio del que casi todos sacan una tajada: pandillas, políticos, narcos, policías, militares y empresarios, todos se ganan la vida con el miedo de la gente.

Las maras

La colonia Tres de Mayo se encuentra sobre un cerro a las afueras de Comayagüela. Es una zona marginal con caminos de tierra, casas de bloque y techos de lamina. Aquí la pobreza cala más, la desolación se respira a bocanadas y Dios no aparece por ningún lado. Llegada la noche, andar por estas calles es jugarle al valiente, porque la ley la impone quien tenga más balas, mejor puntería y una buena dosis de desprecio por la vida.

“Hace dos días mataron a cinco jóvenes en las canchas de Los Mangos; hasta mi casa se escucharon los tiros de los AK-47”, cuenta Javier, vecino de la colonia. De tanto escuchar balaceras ya reconoce, por su rugido, qué clase de arma se está disparando. No llegaré a saber qué hacían esos jóvenes aquella noche porque ante cualquier pregunta los vecinos prefieren bajar la mirada y guardar silencio. En tiempos en que hablar de más es razón suficiente para ganarse un balazo, no meterse en asuntos de otros es la mejor manera de seguir con vida. Lo que sí pude saber de esa historia fue que cuando el auto pasó frente a los muchachos y comenzó a disparar, de poco les sirvió echarse a correr. “Nadie es más veloz que las balas. Ahí quedaron los cinco, y ninguno tenía más de 22 años”, cuenta Javier antes de explicar, como la cosa más normal del mundo, que los mataron por un pleito entre maras. Cuando le hablé sobre lo injusto que era criminalizar a las víctimas y le conté cómo en México los gobiernos convierten cadáveres en delincuentes para ocultar la terrible inseguridad del país y su fracaso en la lucha contra el crimen, sonrió y me dijo que había que vivir como él para entender. “Los que estamos en tierra de maras siempre sabemos que alguien va a morir y por qué”.

En Honduras llaman “maras” a cualquiera de las pandillas que se han adueñado, por la fuerza y con derroche de violencia, de casi todos los barrios en los centros urbanos del país. Las principales son los Maras Salvatruchas y el Barrio 18, rivales históricos en gran parte del continente. Los periodistas Carlos Martínez y José Luis Sáenz, del periódico digital El Faro, relatan que el origen de estas pandillas es consecuencia de la migración centroamericana a los Estados Unidos.

Desde mediados del siglo pasado, los migrantes latinos radicados en Los Ángeles, California, se vieron forzados a unirse en pandillas para protegerse unos a otros. Los del Barrio 18 se caracterizaban por aceptar miembros de cualquier nacionalidad, a diferencia de otras pandillas, como la Mafia Mexicana, que hacían gala de un sentimiento patrio que excluía migrantes de otras nacionalidades. La Mara Salvatrucha se forma después, sólo con migrantes salvadoreños que deciden no mimetizarse con la comunidad chicana y mantener su propia identidad. Ambas pandillas crecieron, pasando de la protección colectiva al robo, la extorsión y el narcomenudeo. Pronto lograron crear estructuras y redes criminales de alcance trasnacional gracias a las deportaciones masivas realizadas por el gobierno norteamericano. Así fue como las maras, ya con gran experiencia en actividades criminales, llegaron a Centroamérica y se adueñaron de sus calles. Es trágico darse cuenta de que la pesadilla de Honduras comenzó con el fracaso del sueño americano. Aunque el propio sueño americano tiene sus raíces en la pesadilla, aclara el escritor John Gibler: “Desde la época de la independencia, Estados Unidos ha impuesto terror, explotación, robo y guerra en todo Centroamérica, convirtiendo a Honduras en su principal base de operaciones en la región durante toda la sangrienta Guerra Fría”.

Leyendas urbanas cuentan que las reformas legislativas más importantes pasan primero por la embajada estadounidense y después se llevan a votación al Congreso Nacional. Lo cierto es que Estados Unidos tiene tres bases militares en territorio hondureño, que construirá otra, la más grande de América Latina, y que su embajadora, Lisa Kubiske, acostumbra aparecer con frecuencia en los medios de comunicación hondureños; ora llamando a los hondureños a salir a votar, ora para validar la elección, ora amenazando con suspender el apoyo norteamericano si Honduras no combate eficazmente la trata de personas, ora sugiriendo la dirección que debe tomar el país en materia de seguridad.

Javier cuenta historias que en su colonia se viven a diario. Me habla de un vecino que puso una pulpería —como llaman a las tiendas de abarrotes—. Le iba bien, el negocio era grande y estaba bien surtido, pero las maras comenzaron a cobrarle el impuesto de guerra. Acá si quieres tener tu negocio hay que pagarles, porque si no lo haces, lo queman o te matan. Él se negó y le balearon la casa. Puso una denuncia y no pasó nada. Después secuestraron a su mujer, que trabajaba en el estado mayor presidencial y siempre iba de uniforme; ni así la respetaron. Tuvo que pagar 50 mil lempiras (2 mil 430 dólares) para que se la devolvieran, pero no dejaron de extorsionarlo. Decidió cerrar la pulpería y salir de la colonia. Ahora vive en Tegucigalpa y es motorista.

Yolanda tenía una pulpería en Comayagüela en la época en que apenas comenzaba el “negocio” de las maras. Una mañana, dos tipos tatuados y con el diablo en la mirada le avisaron que tendría que pagarles para que le permitieran seguir vendiendo abarrotes en la colonia; al día siguiente regresarían por el primer pago y más le valía tenerlo listo, dijeron. Ella era una mujer entrona y no iba a darles un solo peso de lo que tanto esfuerzo le había costado ganar. No se enteró de que había elegido un camino sin salida hasta que fue demasiado tarde. Cuando los cobradores regresaron, los rechazó a gritos y manotazos y ellos la encañonaron. Al ver los dos revólveres que se alzaban frente a ella, recapacitó y decidió que más valía pagar y guardar sus ganas para después, pero ya no había tiempo para eso. Sintió la quemazón de las balas que le entraron por la panza y salieron por su espalda. Quién sabe si fue para dejar un aviso a los demás vecinos, por inexperiencia o por mala puntería, la cosa es que no la mataron. La dejaron allí, resignada a cerrar su negocio y a pasar el resto de sus días en una silla de ruedas.

Catalina tuvo mejor suerte. Ella se ganaba la vida limpiando casas y oficinas. Durante mucho tiempo estuvo guardando algunos pesos para abrir su propio negocio y dejar de fregar pisos ajenos. Después de años de trabajo logró abrir una pulpería en la colonia San José de la Peña, y pronto comenzó a prosperar a pesar de las 5 mil lempiras (240 dólares) que debía entregar mensualmente a las maras. Cuando la cuota aumentó a 10 mil, ya no pudo seguir y pidió comprensión. Paga o cierra, fue la respuesta que recibió. Esa misma tarde, la pulpería cerró y así permaneció durante tres días, hasta que Catalina regresó acompañada por la policía nacional. Entró a lo que fue el negocio por el que trabajó toda su vida, tomó sus cosas, su mercadería y se fue. En el barrio no volvieron a saber de ella.

El principal negocio de las maras es cobrar para “garantizar la seguridad” de quien tiene un negocio o una propiedad. Si no pagas, robarán tus productos, llenarán de plomo tu casa o te matarán. “Ya saben dónde vives, conocen a tu familia, tu casa; no hay manera de enfrentarlos”, comenta Javier con una resignación de esas que también matan. “Aquí, como dice la canción, la vida no vale nada, y no debería ser así”, dice este hombre que también es admirador de José Alfredo Jiménez y presume tener toda su colección de discos. “Hay que saber convivir con la mara, no sólo porque andan drogados y armados, sino porque son dueños de todo y controlan todo; tienen niños contratados que les avisan quién entra y quién sale. Nada pasa sin que ellos se enteren. Yo a veces llego de trabajar a las dos de la mañana y me voy caminando tranquilo, porque ya antes les di para su fresquito o algunos pesos para su droga o sus cigarros. Hay que hacerse su amigo para que cueste menos, pero siempre hay que pagar”, dice con la pesadumbre de vivir en un callejón sin salida.

Honduras también tiene regiones en donde la inseguridad es tan sólo una historia que se mira de lejos. Son oasis libres de maras, secuestros y extorsiones, pero están sólo al alcance de gente con dinero. Javier lo sabe porque pasó un par de años en uno de esos paraísos y ahí aprendió que las cosas no son como en las canciones de José Alfredo, porque en su país la vida sí tiene un precio y él es parte de los casi 8 millones de hondureños que no puede pagar por ella.

Así son las cosas en Roatan, una isla que, junto a Utila, Guanaja y otras más pequeñas, forman el departamento que lleva el mismo nombre. Es una de las regiones más hermosas de Honduras. Además de sus playas de arena blanca y oleaje azul cristalino, presume también el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Se trata del centro turístico más importante del país, punto de destino de cruceros y vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos. Tan sólo en 2012 recibió más de 200 mil turistas y generó 186.7 millones de dólares. Aquí se pueden encontrar casas-mansiones desde los 50 mil hasta los más de dos millones de dólares. Personalidades de todo el mundo, entre los que se cuentan Bill Gates, Carlos Slim, Catherine Zeta Jones, Emilio Azcárraga, Julio Iglesias y otros, han visitado estas islas; algunos ya hasta son propietarios de grandes extensiones de playa. Por supuesto, esta región es ejemplo de paz, tranquilidad y seguridad.

Allá son racistas. Nos llaman indios y todo es muy caro, pero al menos es seguro. Allá no tienes que tener miedo de nada, pero no es para nosotros, es para quien tiene mucho dinero y no, nosotros no tenemos”, dice Javier, quien comienza a sonreír mientras cuenta que en esa isla pasó los dos mejores años de su vida. “Tenía trabajo en una ferretería. Ahí conocí a mi esposa, que es italiana, y también ahí nació mi hija. Ahora mi esposa no está aquí porque se regresó a su país, pero me ayuda desde allá. Mi hija sí se quedó conmigo”.

Javier insiste en que la vida no es sencilla en su país. No hay oportunidades ni facilidades. “Nadie presta dinero para poner un negocio si no tienes algo que hipotecar. No hay manera de salir adelante, de poner una empresa. Nadie tiene dinero, y si sí, llegan los mareros y te lo quitan. La gente

se desmotiva, no ponen nada y se acaba el problema”.

En medio de un suspiro de esos que nacen de la resignación, Javier recuerda tiempos mejores: “Toda la vida he vivido aquí, y antes no existía esto. Era más sano, ahora no se puede. Vives sin confiar en nadie, y es que aquí no se vive, se sobrevive, y le das gracias a Dios por eso. Ahora tienes que andar armado para protegerte, hay que acostumbrarse. Como nadie hace nada, uno aprende a vivir así”.

Su respuesta me hizo recordar el anuncio publicitario de una campaña política en Latinoamérica: la imagen muestra a una pareja en la sala de su casa, la noche puede mirarse a través de la ventana; gritos de auxilio se escuchan en la calle. El marido intenta salir para ayudar, pero la mujer no se lo permite, advirtiéndole que puede tratarse de una trampa para hacerlo salir y asaltarlo. La escena termina con la pareja mirándose a los ojos mientras los gritos de auxilio son cada vez más quedos. “Nos robaron hasta el derecho de ser buenos”, cierra el anuncio.

Javier, con su metro noventa de estatura, espalda ancha y brazos trabajados en gimnasio, se mira pequeño cuando se encoge de hombros y murmura que en su país te roban si tienes, y si no, también. “En otros lugares sabes que nadie va ir a tu casa a matarte, pero aquí quién sabe, por eso estoy arreglando papeles para irme con mi esposa. Seguro allá encuentro trabajo más fácil que acá”, dice girando la cabeza de un lado a otro.

Antes de despedirme, le pregunto cuándo piensa irse con su esposa y si ya habla italiano. Él sonríe y desvía la mirada antes de responder que pronto comenzará a estudiar en los cursos de los domingos.

Policías y ladrones

El portal web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras dice que la extorsión es el delito que más ingresos genera a las maras y que cualquiera puede ser víctima de estos cobros ilegales: comerciantes, taxistas, empresarios, propietarios de casas o apartamentos; cualquier persona que gane un poco de dinero corre el riesgo de verse obligado a compartir sus ganancias con las maras y la policía. La CONADEH se atreve a decir lo que todos saben en las calles: la policía está involucrada en el cobro de impuestos de guerra.

Un ex funcionario de la policía nacional cuenta la historia de un sitio de taxis en la colonia Pedregal: “Tienes que saber que en este tipo de negocios siempre hay alguien más decidido y de mejor trato que los demás. A ese lo nombran relator y es el responsable de pagar el impuesto. Este sitio del Pedregal tenía una cuota de 50 mil lempiras al mes, pero luego les subieron la cuota a 80 mil y después a 100 mil. Los taxistas ya no pudieron pagar y le pidieron a su relator que negociara con las maras, y así lo hizo. Por respuesta recibió un tiro en la pierna y una advertencia: ‘La próxima vez la bala será entre ceja y ceja’. El sitio cerró al día siguiente. Los taxistas no acudieron a la policía. ¿Para qué? Si mes con mes entregaban el impuesto directamente en una oficina en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Así qué puedes hacer? Nada”. Parece que en este país el dúo maras-policía es más efectivo que el propio gobierno en la recaudación de impuestos.

El mismo ex funcionario policial relata cómo funciona esta relación entre maras y policías corruptos: “Las pandillas cobran, se quedan con una parte y el resto la entregan a los altos mandos. Así funciona durante un tiempo, porque luego los mareros se salen de control, por ambiciosos o por que se los come la droga, y así ya no le sirven a la policía, no son confiables. Por eso es que hay temporadas en que matan de uno solo a jefes mareros, para que no los delaten”.

Se rumora que eso fue lo que sucedió con Cabeza y Lágrima, dos miembros de la Mara Salvatrucha. Son varias las personas que aseguran que estos dos pandilleros, estando presos en el reclusorio de máxima seguridad, salían por las noches a realizar “trabajos” para la policía —entre quienes manejan está versión se encuentra la pareja sentimental de Lágrima, quien llegó a presentar fotos de ambos mareros vestidos con uniformes policiales—. Sin embargo, parece que algo hicieron mal. La tarde-noche del jueves 13 de noviembre de 2011, a pesar de estar condenados por varios delitos graves, Cabeza y Lágrima recibieron una carta de libertad provisional y, con sorprendente agilidad, fueron liberados casi de inmediato. Familiares y amigos salieron a buscarlos, pero ninguno supo de ellos hasta que sus cuerpos fueron encontrados ya entrada la madrugada. Habían sido acribillados. Si trabajaban o no para la policía será una historia que ya no podrán contar.

Mario, reportero de un conocido programa de noticias, habla sobre directores de la policía nacional que reciben hasta un millón de lempiras al mes (casi 49 mil dólares) por comisión del impuesto de guerra. “Ellos están coludidos con las maras y los cárteles de droga; todos sacan una tajada del negocio”, dice.

Desde el año pasado, ocho altos mandos policiales, entre ellos varios ex directores generales de la policía, son investigados por tener entre sus ahorros una inexplicable fortuna de 74.5 millones de lempiras (3 millones 600 mil dólares). Entre ellos se encuentra Danilo Orellana, quien fuera director de los centros penales en 2012, año en que, según las cifras oficiales, murieron calcinados 377 reos en el penal de Comayagua. Las investigaciones, también oficiales, señalan que la tragedia fue causada por un reo que, en su intento de fuga, quemó un colchón para distraer a los guardias, aunque también reconocen la posibilidad de que el incendio haya sido causado por una falla en el sistema eléctrico de la prisión. Las versiones no oficiales cuentan otra historia: días antes de la tragedia, los reos del bloque incendiado fueron trasladados de área para hacer reparaciones al sistema eléctrico —que supuestamente habría causado la tragedia—; durante el incendio, los guardias no abrieron las puertas a los reos, dejándolos a merced del fuego. Los que pudieron, tuvieron que salir rompiendo los techos de las celdas. También se dice que durante la evacuación se escucharon disparos. Los custodios aseguran que fueron tiros al aire, avisos para evitar fugas; los reos sobrevivientes afirman que fueron ellos el blanco de las balas. Los cadáveres quedaron tan calcinados que no fue posible hacer autopsias para saber si alguno de ellos murió de bala y no por el fuego. Los bomberos tardaron en llegar, y cuando lo hicieron, fueron detenidos por la policía en una gasolinera cercana al penal. Los dejaron seguir cuando ya no había vidas que salvar.

Esa no fue la única vez que sucedió una “limpia” de esta naturaleza dentro de un centro penitenciario. Un caso similar sucedió en 2003, en la granja penal del Porvenir, donde fueron ejecutados 69 miembros del Barrio 18. Las autoridades atribuyeron el hecho a un ajuste de cuentas entre pandilleros, pero las versiones de los sobrevivientes y un informe de la CONADEH señalan que si bien hubo un conflicto entre pandillas, antes de las intervención de las autoridades sólo habían muerto cinco personas. Después de que la policía entró en acción, murieron 64 “dieciocheros”.

Mario, el periodista, dice que estas limpias no son nuevas y recuerda que a inicios del año 2000, en el periodo del ex presidente nacionalista Rafael Maduro, se intensificaron las detenciones y los asesinatos de mareros. Explica que los empresarios se cansaron de ser extorsionados y exigieron al gobierno, con importantes aportaciones económicas de por medio, una solución inmediata. “La gente de dinero quería orden y seguridad, así que tomaron la decisión de pagar para limpiar las calles; el gobierno le entró para calmarlos. En aquel entonces muchos mareros fueron ejecutados porque si los metían a la cárcel iban a contar sobre su sociedad con la policía. Eso no le convenía a nadie, por eso los mataron”. Cualquiera que haya sido la causa, la mano dura del gobierno sólo calmó las calles por un tiempo.

La tranquilidad duró poco, y la consecuencia más importante fue que, ante la persecución que sufrieron, los grupos criminales evolucionaron. Si antes tenían una imagen que los identificaba (tatuajes, cortes de pelo y una forma de vestir), la cambiaron para lucir como cualquier persona ordinaria. “Ya hasta mandan a los más jóvenes a estudiar, aquí y en el extranjero. Muchos ya son abogados y administradores. Nadie mejor que uno de los suyos para cuidarlos. Además, ya tienen sus propios negocios: taxis, rapiditos, pulperías. Las maras son un grupo empresarial en crecimiento gracias al crimen y a su complicidad con la policía y el ejército”, agrega.

Hasta este punto, el recuento de los daños es el siguiente: incremento de víctimas del impuesto de guerra, jefes policiacos con fortunas inexplicables, ascenso y descenso de líderes mareros, temporadas de limpieza social en que pandilleros son detenidos o asesinados. Impunidad de un lado y del otro.

Las piezas están sobre la mesa. Para armar el rompecabezas no hay saber que en el mundo del crimen no hay casualidades.

 

Fuego a discreción

Ramón, el guardia-botones del hotel, creció en la región de Olanchito, en el departamento de Yoro, y desde pequeño se dedicó a la agricultura. Durante mucho tiempo trabajó un pedazo de tierra del que todavía no es dueño, aunque no pierde las esperanzas de serlo algún día. “Acá pagas por una parcela sin que te den papeles, la siembras por diez años y ya después puedes escriturarla. Hacer el trámite es importante porque sin escritura no te dan crédito, no puedes hipotecar y entonces no tienes dinero para las semillas y esas cosas”. Ramón sembraba maíz, arroz, frijol, caña y después café, pero se le enfermó un hijo y tuvo que dejar sus tierras para venir a Tegucigalpa en busca de atención médica y dinero para pagar por ella. “El cipote tenía cáncer, nomás me duró siete meses”, dice Ramón en voz queda y con la mirada baja. Decidió quedarse en Tegucigalpa con su mujer y cuatro hijos más, aunque no pierde la esperanza de reunir dinero suficiente para regresar a su tierra y seguir sembrando y cosechando.

Le pregunté si no había pensado en salir del país: “Claro, a los Estados Unidos. Sí emociona irse; allá hay trabajo, acá no. Una vez llegue hasta Guatemala, pero mi mamá está enferma del corazón. Al bajar del camión llamé a casa y me dijeron que se puso enferma. Me regresé. De cualquier forma no es fácil, llegar allá es peligroso: te asaltan, te secuestran, te arrolla el tren. Mejor me quedo acá”, responde aún sabiendo que Honduras tiene otro triste primer lugar en los indicadores de violencia en Latinoamérica: la tasa más alta de homicidios por arma de fuego. Durante 2011 se registraron 5 mil 988 muertes por disparo de algún tipo de arma según datos del Sistema regional de indicadores Estandarizados de convivencia y Seguridad ciudadana (SES), proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y en el que participan 17 países del continente.

Ramón cree que tanta muerte se debe a lo sencillo que resulta conseguir un arma. “El gobierno da permisos a todo mundo, sólo necesitas carta de no antecedentes, te investigan un mes y te lo dan. No hay entrenamiento policial ni nada”.

No se equivoca. Al revisar el portal de internet de la Dirección Nacional de Investigación Criminal se puede constatar que los requisitos para obtener un permiso para portar armas son simples: identificación, comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales, presentar una factura que compruebe la propiedad del arma, pagar un impuesto de 300 lempiras (14 dólares) y designar un heredero para la pistola en caso de fallecimiento. Las únicas limitantes están inscritas en el decreto número 69-2007, emitido por el Congreso Nacional: una persona sólo puede tener hasta cinco armas y no las puede portar si conduce una motocicleta. Esta norma fue emitida después del incremento en las ejecuciones realizadas por motociclistas. La restricción legal no le sirvió de mucho a un policía que, mientras ayudaba a una mujer a cruzar la calle, fue abatido a tiros por un par de jóvenes que circulaban en una motocicleta.

El policía acompaña a la mujer mientras la luz roja del semáforo obliga a los tripulantes de la moto a detenerse. El oficial se asegura de que la mujer continúe y se acerca, por la espalda, a los motociclistas. Los obliga a bajar del vehículo. Comienzan a discutir. Uno de los jóvenes saca un arma y amenaza al oficial, que forcejea con ellos para defenderse. La disputa dura apenas unos segundos y termina cuando una bala entra, sin pudor, en la cabeza del policía.

Según Ramón, la única limitante real para obtener un arma es la pobreza. “No, los que somos pobres no tenemos arma. Eso es para los ricos. ¿Mi arma? Es del hotel, sólo puedo andar con el arma aquí, allá afuera no”, responde cuando le pregunto si la Beretta nueve milímetros que lleva fajada al pantalón es suya.

Otra facilidad que da la ley a los empresarios es extender el permiso para portar armas a sus empleados. Para conseguir el permiso sólo hay que realizar un sencillo trámite administrativo que no exige ningún tipo de entrenamiento especial para quien portará el arma.

Hace pocos días fue asesinado un guardia de seguridad privada, a las 10:00AM, en pleno bulevar Morazán, una de las principales avenidas de la ciudad. El motivo: robarle su arma. Trascendió que el guardia no pudo defenderse porque no llevaba balas en la pistola.

Para Ramón esto no es nuevo. Cuenta que hace poco fue asaltado el restaurante de comida china que está en contra esquina del hotel. Llegó un camión que se suponía descargaría mercancía, pero al abrir la cortina bajaron hombres con armas largas, asaltaron a los clientes que estaban allí, se llevaron como 100 mi lempiras y las pistolas de los seis guardias de seguridad privada que no pudieron hacer nada para evitar el asalto.

El asesinato con arma de fuego se ha convertido en cosa de todos los días. En la página de videos YouTube hay cientos de ejemplos. En un video se puede ver cómo un asaltante entra a robar a un banco y a cachazos intenta someter al guardia de seguridad. Éste se resiste y, tirado en el piso, da de patadas e intenta ponerse de pie. Un segundo asaltante entra al banco y, a sangre fría, le da un tiro en la cabeza. El guardia murió y los asaltantes huyeron con su botín. En otro video, una mujer charla con alguien dentro de una farmacia mientras el guardia del lugar camina de un lado a otro frente a la puerta de ingreso, mirando hacia afuera. De pronto, la mujer camina con paso firme hacia el guardia, levanta el brazo derecho y le dispara, sin miramientos, directo a su cara.

En Honduras, toda la gente que puede está armada. Expertos calculan que hay entre 800 mil y 1 millón de armas circulando en el país. Un informe de seguridad realizado por la Organización de Estados Americanos señala que en 2006 apenas 151 mil 003 armas estaban registradas legalmente. Se trata de casi 1 millón de armas circulando en las calles sin que exista ninguna garantía de que quienes las portan tengan la capacidad o la experiencia necesarias para utilizarlas.

Ramón asegura que él sí sabe usar su arma. “Yo porque soy del campo, allá tiramos desde niños. Además, estuve nueve meses en el batallón, pero tenía una lesión en la pierna y tuve baja médica. Pero claro que sé tirar”, dice mientras sonríe y da palmaditas al arma que trae fajada en la cintura.

 

Oferta y demanda

La primera vez que llegué a Tegucigalpa, acostumbrado a que la gente armada sea casi siempre bravucona y prepotente, me sorprendió que Ramón, un guardia con pistola a la cintura, fuera un tipo más bien amable y bonachón. También descubrí que se pueden encontrar guardias, vestidos de civil y con rifles cargados al hombro, vigilando a las afueras de todos los restaurantes en las carreteras; o tipos de uniforme, con pistoleras a la cadera, dentro de cada tienda, en centros comerciales, restaurantes de comida rápida, sitios de taxi. No hay un sólo lugar público en que un guardia no te abra las puerta con una sonrisa en el rostro, una frase de bienvenida y un revolver fajado en la cintura o una arma larga bajo el brazo.

Las empresas de seguridad privada son otro de los protagonistas del negocio de la muerte. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas calcula que hay más de 700 empresas de seguridad en el país y alrededor de 70 mil guardias privados. Tres veces más elementos que la policía y el ejercito juntos, que se estima tienen alrededor de 12 mil elementos por corporación. Este mismo estudio señala que el auge en el negocio de la seguridad privada se debe a que las instituciones del Estado han sido incapaces de combatir el crimen de manera efectiva. Mientras las autoridades se muestran poco interesadas y cada vez menos eficientes en el tema de la seguridad, existe una desmedida cantidad de empresas de seguridad privada, la mayoría propiedad de ex jefes de la policía y del ejército, que cobran por un servicio que tendría que ser público. Sin embargo, la efectividad de la seguridad privada no es distinta a la del Estado. El crimen y la impunidad siguen en aumento porque la responsabilidad de brindar seguridad recae en personal privado mal capacitado, sin equipo adecuado, con sueldos míseros y que se juega la vida todos los días para que dueños de empresas se hagan de grandes ganancias.

“Sí da miedo, pero no hay de otra; aquí el que trabaja de esto es porque no hay de otra. Este trabajo es para quien tiene hambre”, dice Ramón, quien gana apenas 7 mil lempiras (342 dólares) al mes, cubriendo turnos de doce por doce horas.

El esfuerzo del gobierno por privatizar la seguridad y convertirla en un buen negocio parece no tener límites. Apenas en 2012 el ayuntamiento de Distrito Central aprobó el programa Barrio seguro, que tiene una lógica sencilla: cerrar las calles, poner guardias privados que regulen el acceso a la zona y que sean los vecinos quienes paguen por su seguridad. El proyecto consiste en colocar un brazo metálico o portón para controlar el ingreso a las calles, vender a los vecinos una calcomanía que los acredita como residentes y que una empresa de seguridad privada se encargue de regular el acceso.

De acuerdo al informe de actividades de Ricardo Álvarez, ex alcalde y actual vicepresidente de Honduras, durante el 2012 se instalaron 128 barrios seguros en el departamento. A decir de Álvarez, principal promotor del programa, su propósito es combatir los altos índices de delincuencia y regresar la tranquilidad a las calles.

Sin embargo, Barrio seguro recuerda más a los sistemas de seguridad de la edad media: pequeños reinos protegidos por murallas a los que sólo se puede ingresar cuando el señor feudal ordena a sus guardias bajar el puente levadizo. Esta no es una medida dirigida a recuperar las calles para los ciudadanos. Por el contrario, se basa en el autoencierro para generar la ilusión de seguridad. Su filosofía consiste en hacer creer a la gente que viviendo aislada estará segura.

Por supuesto, esto no solucionó el problema de inseguridad, ya que la corrupción no tardó en encontrar oportunidades de negocio. Los mismos guardias venden calcomanías de ingreso piratas, más económicas que las oficiales. Por otro lado, los patronatos de colonos se asignan sueldos para “supervisar” este programa u obligan a los vecinos a pagar por asesorías periódicas a las empresas que les brindan el servicio.

Contrario a los beneficios que, según Álvarez, generaría este proyecto, alrededor de los “barrios seguros” se ha generado una nueva forma de delincuencia: rejas que aparecen de la noche a la mañana, sin consentimiento de los vecinos, ni permiso del ayuntamiento, y guardias violentos que no permiten el paso a quien no pague su cuota mensual.

Un empresario de origen oriental se negó a pagar la cuota del Barrio seguro que pusieron en su colonia. En respuesta, los guardias retrasaban su ingreso y el de su esposa o negaban el acceso a sus invitados, como sucedió con Wilmer, empleado del empresario que había llegado para reparar una computadora. La esposa del empresario acudió a interceder con los guardias y convencerlos de dejar pasar al trabajador de su esposo. Sólo recibió insultos y amenazas. El empresario, molesto, ordenó a Wilmer tapar con su auto el portón de entrada. “Si tú no entras, que nadie lo haga”, dijo. Los guardias reaccionaron con violencia; de las palabras pasaron a los balazos. Dispararon contra el auto de la esposa del empresario y después contra Wilmer, quien murió de un escopetazo.

La diferencia entre el impuesto de guerra que cobran las maras y lo que hacen las empresas de seguridad es simple: éstas últimas son legales y tienen autorización del gobierno para cobrar y disparar”, comenta el ex policía, que también padece los abusos de una empresa de seguridad que de un día para otro instaló, sin el consentimiento de los vecinos, un barrio seguro en su colonia.

 

Estado criminal

La corrupción es la que nos mata”, dice Ramón, y uno tiende a creer que es cierto, y no sólo porque Honduras está entre los cinco países más corruptos en América Latina. También se hace evidente al observar a los responsables de la seguridad en este país. Conociéndolos, se puede entender el importante papel que juega la corrupción en el negocio de la muerte.

 

a) Billy Joya es un tipo delgado, de pelo rubio, vestir elegante y porte de soldado nazi. Este ex militar fue asesor en materia de seguridad en el breve mandato del presidente golpista Roberto Micheleti y, en 2013, fue candidato a diputado por el partido que impulsaba al ex general Romeo Vázquez —cuyo currículo incluye el encabezamiento del golpe de estado que en 2009 derrocó al gobierno de Manuel Zelaya y haber sido acusado de pertenecer a una banda de roba coches— a la presidencia de Honduras.

Joya, quien ha sido gerente y es supuesto copropietario de una empresa de seguridad, es el protagonista de oscuras leyendas. Fue acusado de la violación de derechos humanos, tortura y desaparición de personas durante los años 80 y 90, época en la que se dice formó parte diversos escuadrones creados por el gobierno para mantener a su país libre de la “izquierda”. Fue encontrando culpable por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de libertad personal, trato humano y derecho a la vida de Ángel Manfredo Velázquez, desaparecido en 1981. La CIDH solicitó al gobierno de Honduras investigar doce casos más en los que presuntamente estaba involucrado este experto en seguridad. Desde 1985, España solicitó la extradición de este personaje, pero el gobierno de Honduras no dio curso a ninguna de ellas hasta que, en 1995, un juez ordenó su captura por la desaparición de seis estudiantes.

Estuvo prófugo durante cuatro años, paradójicamente refugiado en el país ibérico de donde lo expulsaron en 1998. Regresó a su patria cuando el juez cambió los cargos de desaparición por los de detención ilegal, quedando libre al pagar 2 mil 400 lempiras (117 dólares). Después publicó un libro contando su versión de la historia, comenzó a asesorar gobiernos y a presentarse en programas de televisión como experto en seguridad.

Mientras él trata de limpiar su imagen, cuatro de los estudiantes aún siguen desaparecidos.

 

b) Juan Carlos Bonilla, “el Tigre”, fue director de la policía nacional hasta finales del 2013, cuando fue retirado del cargo, se rumora que a petición del presidente electo Juan Orlando Hernández, quien no deseaba cargar con la mala reputación de este personaje.

Al Tigre se le ha acusado de violación de los derechos humanos, tortura y participación en asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros. Fue encausado en 2002, pero declarado inocente con ratificación de la Corte Suprema de Justicia en 2009. Ha sido señalado como el líder de Los Magníficos, un escuadrón de la muerte supuestamente responsable de la limpia social realizada en el 2002, durante el periodo del ex presidente Maduro. Sin embargo, su fama de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes en lugar de llevarlos a juicio data de 1998, cuando era responsable de la seguridad en Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque. Bonilla aparece en un video grabado en 2009 planeando la captura —dicen algunos; otros dicen que el asesinato— del ex presidente Manuel Zelaya que, a meses de haber sido depuesto por un golpe de estado, habría intentado volver a su país. Este personaje también estuvo involucrado en la desaparición de diez fusiles AK-47 que supuestamente probarían la participación de policías (el escuadrón de la muerte encabezado por él mismo) en ejecuciones de delincuentes y en el secuestro y asesinato del empresario Reginaldo Pating.

Antes de su exilio forzado, disfrazado de comisión internacional, se rumora que “el Tigre” Bonilla fue condecorado, en secreto y con ceremonia privada, por el gobierno de los Estados Unidos gracias a su participación en un operativo que detectó y congeló cuentas bancarias de los Cachiros, el cártel local más importante. Si efectivamente el reconocimiento se dio en la clandestinidad o es uno de los tantos rumores que alimentan la desinformación del pueblo hondureño, no lo sabremos hasta dentro de algunos años, cuando el gobierno estadounidense desclasifique los archivos donde se cuenta la historia de Honduras.

 

c) En septiembre de 2011 fue destituido todo el equipo de seguridad del gabinete presidencial. Oscar Álvarez, ex ministro y ex coordinador de campaña del actual presidente de Honduras, presentó su “renuncia” al tiempo que fueron sustituidos sus tres viceministros y el sub director de la policía nacional. Según la versión el propio Álvarez, renunció porque no se le permitió realizar la depuración de los cuerpos policiales, mientras en el gobierno señalaban que, de no haber renunciado, se le habría destituido por los malos resultados en materia de seguridad.

Más allá de los rumores, lo que sí es un hecho es que durante el tiempo que estuvo como responsable de la seguridad del país, la situación del cuerpo policíaco distó mucho de ser la adecuada. En agosto de 2013, Arturo Corrales, el ministro que relevó a Álvarez, informó que en las planillas de pago aparecían 15 mil 665 policías cuando en realidad sólo trabajaban 9 mil 350. Al final, las investigaciones concluyeron que sólo 2 mil 151 elementos eran los que cobraban sin trabajar. Entre estos, se descubrió que había 143 policías-aviadores pendientes de asignación que sólo se presentan a firmar asistencia; otros, con nombramiento y sueldo de policías, se desempeñaban como asistentes, asesores, cocineros, chóferes o carpinteros al servicio de los jefes. Otra herencia que dejó Álvarez fue la compra de mil 200 videocámaras de seguridad por un costo de 600 millones de lempiras (alrededor de 30 millones de dólares) realizada sin licitación. Para enero de este año, se comprobó que las cámaras estaban apagadas debido a un adeudo del gobierno con la empresa encargada de la operación de los equipos por más de 100 millones de lempiras (casi 5 millones de dólares). El contrato firmado obliga al gobierno a pagar el servicio durante un periodo de dos años y nueve meses. Expertos dicen que incluso si las cámaras funcionaran correctamente, no serían de gran utilidad porque no hay monitoreo permanente de las cámaras y porque no existe un equipo de reacción preparado, con el equipo de comunicación y transporte adecuados, para actuar al momento en caso de detectar un crimen.

 

d) La elección del fiscal general en 2013 fue un caso especial. Después de que el fiscal general y el fiscal adjunto presentaran sus renuncias a pocos meses de finalizar su periodo, y aún cuando la ley contemplaba el nombramiento de interinos sólo durante el tiempo restante, el gobierno empujó para que el Congreso Nacional nombrara un nuevo fiscal por un periodo de cinco años. Este nombramiento se dio la madrugada del 1 de noviembre de 2013 en medio de un escándalo de compra de votos y diputados votando doble.

Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar fueron designados como fiscal general y fiscal adjunto. El primero, conocido simpatizante del Partido Nacional y yerno de Rigoberto Chang Castillo, secretario del Congreso Nacional, fue nombrado por cinco años, lo que, dicen algunos periodistas, garantizaba la impunidad del actual gobierno aún si perdía las elecciones presidenciales que se realizaron ese año.

 

e) De la corrupción no se salvan ni los políticos. Una nota del periódico El Heraldo da cuenta de una circular emitida por el Partido Nacional, actualmente en la presidencia y con mayoría en el Congreso Nacional, en la que exige a los miembros de su partido el pago de entre el 3.5 y el 11 por ciento de su salario (según el monto) por ejercer cargos del servicio público. Esta circular está firmada por Porfirio Lobo, ex presidente del país, y por Juan Orlando Hernández, su sucesor.

 

Ramón cree que la corrupción es la causa de la violencia en su país, pero el escritor John Gibler va más allá: “La corrupción es un concepto que ya no sirve. Si todas las corporaciones e instituciones de un país participan de algún modo u otro en el crimen, ¿es todavía corrupción?, ¿o es una participación sistemática? O sea, un estado criminal”.

Parte de guerra

La policía nacional, infestada hasta el tuétano de corrupción, también sufre por la falta de una política de seguridad y de apoyos reales para realizar su trabajo. Gran parte de su personal no está debidamente capacitado, carece del equipo necesario para realizar sus labores, tienen sueldos bajos (alrededor de 367 dólares por mes), además de atrasos en los pagos. Esto ocasionó en septiembre de 2013 una huelga de los elementos de la corporación. Se quejaban también de recibir sólo un día de descanso por cada 21 días de trabajo.

En Honduras, un policía gana 7 mil dólares mientras los directivos perciben entre 45 mil y 60 mil. Además del atraso en los pagos (hasta cuatro meses), no se les proporcionan uniformes, ni balas ni armas; los mantienen encuartelados en instalaciones sin camas, sin agua, sin baños; los comisionan a regiones alejadas de su hogar para obligarlos a renunciar y después mandar sus plazas a la nueva policía militar.

A la policía nacional se le está dejando morir debido a que la principal promesa de campaña del candidato del partido oficial, ahora presidente, fue recuperar la seguridad con la policía militar. Ahora los militares son quienes patrullan las calles, cuidan los barrios y instalan retenes en ciertas zonas de las ciudades.

Mario, el periodista, dice que la policía militar durará lo que duren las campañas electorales. “Tener a los militares en la calles es un gasto inmenso, es insostenible. Tarde o temprano los regresarán a los cuarteles”. Una medida electorera que recuerda a la tristemente célebre “guerra contra el narco” que inició el ex presidente mexicano Felipe Calderón para legitimar su llegada al poder en medio de un escándalo electoral.

Lo que al parecer ignoran los hondureños es que la militarización de México generó más de 80 mil muertos, según las cifras más conservadoras; otros, como el ex alcalde Mauricio Fernández, de San Pedro Garza García, en Nuevo León, hablan de más de 250 mil.

La propia Comisión de la Reforma de la Seguridad Jurídica, órgano de gobierno creado en 2012 para diseñar políticas de seguridad, se opuso a la militarización del país. La Comisión inició con un proyecto que contemplaba la depuración y capacitación del poder judicial y la policía, el combate a la corrupción, el respeto garantizado de los derechos humanos y la evolución de la policía nacional hacia un modelo de seguridad comunitaria, pero sus propuestas no fueron implementadas por el gobierno. “El ex presidente Porfirio Lobo no tuvo el carácter necesario para impulsar las reformas y cedió a las presiones del entonces candidato y hoy presidente Juan Orlando Hernández, que en 2013 convirtió a la policía militar en su principal propuesta de campaña. Esto es un retroceso, no sólo porque la tendencia en el mundo es el modelo de policía comunitaria, sino porque el proceso de desmilitarización del país que comenzó apenas en la década de los 90 le costó mucho a nuestro pueblo”, opina un importante especialista en materia de seguridad que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

A finales de 2013, la iniciativa de la policía militar fue elevada a rango constitucional.

 

Más que números

Además de permitir la corrupción, concesionar la seguridad y militarizar el país, ¿qué hace el gobierno de Honduras para combatir el crimen? Al parecer, poco. De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, a partir del golpe de estado de 2009 han sido asesinadas alrededor de 24 mil personas, entre ellas al menos 30 periodistas y 60 abogados. El Observatorio también señala que la tasa de homicidios aumentó de 37 en 2005 a 86.5 en el 2012.

Los muertos se pueden contar en historias:

 

a) Seis de la mañana con cincuenta minutos. Mercedes va montada en un “rapidito”, esos pequeños camioncitos que hacen de transporte público. Va a la clínica en busca de una incapacidad médica porque una de las tantas enfermedades que se pueden pescar acá no le deja fuerzas para pasar los días dándole al pedal de la máquina de coser con la que se gana la vida.

Un auto se acerca al transporte y uno de sus tripulantes, con cuerno de chivo en mano, le grita al conductor del rapidito que se detenga. La unidad y sus tripulantes son asaltados. Ya con los criminales abordo, un pasajero decide que esa mañana no le quitarán lo que es suyo, saca un arma y dispara a los asaltantes. Ellos responden. Las balas vuelan de un lado al otro y una se encuentra, de lleno, con Mercedes. El motorista pierde el control del vehículo y cae en una cuneta.

Diez pasajeros y un asaltante resultan heridos. Todos son atendidos en el hospital. Cuando alguien recuerda al delincuente detenido van en su busca, pero es tarde, ya se ha marchado. “Como había tanta gente que atender, se nos escapó”, dijo un policía.

Mercedes murió aquella mañana.

 

b) Cleofás Ulloa va rumbo al trabajo a bordo de un rapidito. Dos hombres se ponen de pie y, con revolver en mano, apuntan hacia los pasajeros: “Nadie se mueva, no queremos gritos. Entreguen sus cosas de valor”.

Ulloa no quiere ser una víctima más. Se pone de pie tan rápido como puede y detiene a uno de los asaltantes sometiéndolo por la espalda. El cómplice apunta a los demás pasajeros, le grita a Ulloa, lo insulta, le dice que mejor suelte al asaltante, que de todos modos lo van a matar. Ulloa decide que hacerse el valiente no fue buena idea. “Te voy a soltar, pero, por favor, no me hagas nada”. El asaltante asiente, pero al ser liberado, gira, lo mira de frente y le dispara directo en el pecho. Su compañero hace lo mismo con el conductor, que no hacía más que aferrarse fuerte al volante.

Cleofás Ulloa y el motorista fallecieron en el hospital.

 

c) Los vecinos cuentan que un hombre blanco y de estatura elevada tomó entre sus brazos a Freilin, un cipote de apenas tres años, y lo subió a un auto sin placas. Su madre se arreglaba para ir con el niño a misa y no se dio cuenta cuando se lo llevaron.

Durante todo el día, familiares y vecinos buscaron afanosamente al pequeño. Llegó la noche, y con la angustia entre pecho y estómago, la madre de Freilin se recostó, sin ganas ni sueño, para seguir esperando.

Alrededor de las 2:30AM escuchó ladrar a los perros y salió esperanzada con el regreso de su hijo. En el portal dejaron, en trozos, el cadáver Freilin.

 

d) Cincuenta casquillos de cuerno de chivo quedaron regados en la acera, afuera de la veterinaria a donde Harold había ido esa mañana a comprar alimento para su perro. Al salir, dos sicarios lo recibieron con una ráfaga de balazos. Murió, dicen los forenses, instantáneamente.

 

e) Alicio Martínez era guardia de seguridad en un supermercado. Dos hombres se le acercaron, sacaron sus armas y le dispararon a quemarropa en la pierna, en el pecho, en la cabeza. Alicio murió. Junto a su cuerpo quedaron su arma, un celular y su billetera. Los atacantes decidieron llevarse sólo su vida.

 

f) Eddie supervisaba la construcción de unos departamentos cerca de su casa. Era su trabajo. No se dio cuenta cuando dos hombres en motocicleta se estacionaron cerca de él, ni cuando uno de ellos bajó de la moto ni cuando se acercó ni cuando sacó una pistola ni cuando la vació sobre él.

Eddie murió sin enterarse de nada.

 

g) Ella salió del gimnasio temprano, esa era su rutina de todos los días. Subió al auto donde le esperaba él, su chófer-guardaespaldas. Durante el regreso a casa, un auto se les emparejó y un tipo comenzó disparar. Los tiros querían alcanzarlo a él, a ella la necesitaban con vida. Él es bueno en su trabajo. Con una mano sostuvo el volante y con la otra empuñó su arma; respondió al fuego, hirió a uno de los atacantes. Él está vivo y a ella no se la llevaron.

Esta historia no sería algo especial si consideramos que en 2012 Honduras fue de los 20 países con más secuestros en el mundo, sólo que en esta ocasión, “ella” es Laura, la hija del ex presidente golpista Roberto Micheletti. 

 

f) Un hombre sin expresión en el rostro, con la mirada extraviada y paso lerdo, camina por una vereda de tierra. Lleva un bulto cargado en su espalda: es el cuerpo de una niña, su hija. La pequeña murió de quién sabe qué enfermedad. Su padre no sabe cuál porque en el hospital no quisieron atenderla. En la morgue tampoco quisieron recibir el cadáver. Le preguntan al hombre qué hará con el cuerpo. Él responde, sin ganas y con apenas un hilo de voz: “La llevo al río, no tengo dónde más dejarla”.

La violencia no siempre aparece a punta de balas, a veces llega sólo porque hay gente que se está quedando sin alma.

 

Viva México

Tegucigalpa no es un lugar demasiado grande. Desde el balcón de mi habitación puedo mirar gran parte la ciudad y escuchar los quedos latidos de un pueblo que guarda silencio cuando cae la noche. El miedo ha provocado que las calles queden vacías y sin vida al final del día, pero esta noche es diferente.

Los sportsbar, las cantinas y restaurantes están llenos a tope. La ciudad se colma de gritos de alegría. La euforia futbolera, contagiosa, le ha devuelto el sentido a la vida nocturna. Honduras está de fiesta porque la selección mexicana perdió, dos goles a uno, frente a Costa Rica y corre el riesgo de no calificar al mundial de Brasil. La derrota de México tiene a los hondureños más felices que la posibilidad de que Honduras califique a un mundial por tercera vez en toda su historia.

El odio catracho en contra de los mexicanos no tiene su origen sólo en la histórica superioridad de México sobre la selección hondureña, también cuenta, quizá en mayor medida, el comentarista deportivo David Faitelson y sus comentarios ofensivos contra Honduras. Es tal el nivel del conflicto que ya pesa sobre él una denuncia presentada por la Barra de Abogados Anticorrupción y miembros de la Comunidad Garífuna. ¿La acusación? Promover el odio contra el pueblo de Honduras. La última ofensa del periodista mexicano apareció en 2013 en su cuenta de Twitter: “El partido México VS Honduras será un partido bananero, igual que la eliminatoria”. Los principales medios de comunicación han dado amplia cobertura a ese tuit, muy por encima de otros temas como la elección presidencial o los asesinatos diarios a los que parecen ya haberse acostumbrado.

Sin embargo, la verdadera deuda que tenemos con los hondureños no tiene que ver con un balón, sino en la terrible plaga que salió de México y se asentó plácidamente en su país: los cárteles de la droga.

Aunque el tráfico de drogas en Honduras no es un asunto nuevo, en los últimos años se ha incrementado, principalmente, por la participación del cártel de Sinaloa, que ha hecho suya la región de la costa norte; aunque también se habla ya de la presencia de los Zetas en el occidente del país. Noticias sobre cadáveres desnudos colgados en puentes, fosas clandestinas, cuerpos calcinados, torturados, desmembrados, tiros de gracia y ajustes de cuentas a la manera de los cárteles mexicanos, son comunes en los diarios locales, por lo que se habla ya de la mexicanización de la violencia en Honduras.

De acuerdo con la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y de aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde el golpe de estado de 2009 se incrementó el traslado de droga por territorio hondureño. Para el 2011, el 79 por ciento de la droga que llegó a Estados Unidos pasó por Honduras, y en 2012 ese porcentaje se incrementó a 89 por ciento.

El informe también señala que las regiones por donde transita la droga son Gracias a Dios, Olancho, Atlántida, San Pedro Sula y Copan, departamentos con salida al Caribe y que son la ruta más corta y directa entre Colombia y México. Esta zona es también conocida como el “Corredor de la muerte” porque es en la que más asesinatos se cometen en el país.

“Los narcotraficantes aprovecharon la falta de institucionalidad y la crisis política ocasionada por el golpe para adueñarse del país. Otro error fue sacar a los militares a las calles para mantener el orden institucional. Abrieron un frente en el tema del narco, facilitando la entrada y salida de droga al país, y convirtieron a Honduras en el paso ideal para transportar droga sudamericana al norte del continente”, opina el especialista en seguridad.

El papel de Honduras en el tráfico de drogas es estratégico y nada casual. Este país centroamericano tiene tres fronteras terrestres, nueve marítimas y es el paso natural entre Colombia y México.

Antes del 2009, la principal ruta para el traslado de la droga era República Dominicana, pero ahora Honduras es el país por el que pasan casi el 80 por ciento de los aviones que transportan droga. “Esto es un gran problema porque mi país se ha convertido en zona de paso y deposito de droga. Se necesitan grandes almacenes para guardar la droga mientras pueden llevarla a México. A la gente que cuida los embarques le pagan con droga y no con dinero; es por eso que el narcomenudeo y el consumo local aumentan”, explica el especialista.

Con el crecimiento del narcomenudeo aumentaron los conflictos entre los carteles locales y las maras, que también tienen su participación en el negocio. Esto explica la violencia exacerbada en la zona del Corredor de la muerte y el acercamientos de los grupos criminales hondureños a los cárteles mexicanos, en los que encuentran no sólo a sus principales clientes, sino una alternativa para conseguir armamento y protección. El especialista asegura que el cártel dominante es el de Sinaloa, que trabaja de la mano con los Cachiros, el cártel local, y los dieciocheros, mientras que los Zetas se entienden con la Mara Salvatrucha.

Con la llegada del narco mexicano, la realidad se mezcló con las leyendas. Ora el Chapo está en visita de negocios en el Paraíso. Ora su mamá vacaciona en San Pedro Sula. Ora los narcos construyeron una escuela, un hospital, levantaron una iglesia en algún punto del Corredor de la muerte. Ora nombraron a sus propias autoridades en tal región y allí no hay gobierno o policía que valga. Ora ocho personas son asesinadas en Isla de la Bahía porque se quedaron con un cargamento de drogas que no era suyo. Ora siete generales están arraigados por sus vínculos con los cárteles, pero nadie dice nada para evitar el escándalo. Ora los narcos se adueñaron de las rutas de los migrantes y les exigen dólares a cambio de protección durante su viaje, pero, en el mejor de los casos, sólo los abandonan apenas al cruzar la frontera con México.

En medio de tanta violencia, Honduras y México calificaron nuevamente a un Mundial. Los catrachos lo hicieron de forma heroica, convirtieron esa noche en una fiesta y el gobierno declaró que el siguiente día sería de asueto. Los mexicanos lo hicieron de manera vergonzosa; le deben el pase a la selección estadounidense. Pero esa es otra historia.

 

Parada obligatoria

Los hondureños son un pueblo aguerrido que desde la época de las independencias centroamericanas ha dejado huella al poner la vida por delante para defender su tierra. Se dice que fue al resistir uno de tantos intentos que realizó del ejército estadounidense por invadir Centroamérica, allá en el siglo XIX, cuando se ganaron el gentilicio de “catrachos”. La historia es más o menos la siguiente.

Estados Unidos marchó sobre Nicaragua, un ejército centroamericano se unió, combatió y expulsó a los gringos. El ejército hondureño, comandado por el general Florencio Xatruch, fue factor decisivo en la derrota de los norteamericanos. Consumada la victoria, Florencio y sus soldados entraron triunfantes a Nicaragua. La población comenzó a vitorearlos coreando el apellido del general, pero, como suele pasar en la comunicación de las masas, pronto “Xatruchos” se convirtió en “catrachos” y así se quedó.

Lo que no ha cambiado es ese corazón bravo que, azuzado por la amenaza de la violencia, se mira en los ojos de los catrachos cada que tienen que cruzar por alguna de las postas de revisión que militares y policías han instalado en todas las ciudades y carreteras del país.

La primera vez que estuve en un retén los policías estaban exaltados, asustados, a punto de desenfundar las pistolas, como si usarlas fuera cosa de vida o muerte. Yo permanecía en silencio mientras el motorista hablaba con ellos. Me pareció curioso que la primera pregunta que hicieron fue “¿Porta arma?”. El conductor respondió que sí e inmediatamente nos obligaron a bajar del carro. Al motorista le pidieron su identificación y el permiso de portación. Un policía se dirigió a mí y dijo algo que no alcancé a escuchar. Cuándo le pedí repetir la pregunta notó mi acento extranjero, empuñó su rifle y me tiró una de esas miradas que causan escalofríos. Pidió mi pasaporte y pasó más de 20 minutos hablando con otro oficial que parecía de mayor rango. Amenazó con llamar a migración y mi acompañante le dijo que lo hiciera, que estaba violando nuestros derechos y que se atuviera a las consecuencias. Ambos se miraban con coraje, se hablaban recio, era como un duelo de miedos en el que ganaría el primero que desenfundara su pistola. Después de más preguntas y amenazas veladas, nos dejaron ir.

En otra ocasión circulaba con un grupo de periodistas por el centro de Tegucigalpa. Nos estacionamos en una esquina en espera de otro automóvil que nos llevaría al lugar donde ellos entrevistarían al ex presidente Manuel Zelaya. De pronto, dos patrullas se acercaron a nosotros, bajaron diez policías con el rostro cubierto y encañonándonos con rifles de alto poder. Sentí miedo hasta en las vísceras cuando mis compañeros se negaron a bajar del auto. En las miradas de los policías pude notar que estaban tan asustados como nosotros, porque en este país no importa si eres policía, militar o civil, cualquiera puede disparar primero que tú. “¿Por qué nos vamos a bajar? Usted sabe que no es legal pedirnos eso”, responde Mario, el periodista, al oficial enmascarado que exige dejemos el vehículo. Para los oficiales es sospechoso que cuatro personas abordo de una camioneta polarizada estén estacionados en una esquina y por la noche; para los periodistas es aterrador que la policía quiera bajarlos de su vehículo en esa zona y a esa hora. Uno de ellos dice que están esperando por el presidente Zelaya, otro policía grita “Él ya no es presidente, tenga respeto por la autoridad”. Yo, como aprendí en el primer retén, no dije una sola palabra. En medio de un diálogo de sordos, cuando parecía inevitable que nos llevarían detenidos o algo peor, una caravana de autos pasó al lado nuestro. Era Manuel Zelaya. Reconoce a los periodistas, saluda y comienza a charlar con la policía. “¿Cuál es el problema, oficial? Yo los conozco”. El oficial, ofendido porque minutos antes llamaron “presidente” a Mel, como le dice la gente a Zelaya, lo saluda de mano y muy sonriente. Le dice que votará por su esposa, Xiomara, quien es candidata a presidenta del país. Uno de mis compañeros de viaje grita: “No le crea, se molestó porque lo llamamos presidente”. El oficial volteó con cara de pocos amigos. Mel se sonríe. Nos dejan ir.

Los retenes pueden ser aún más peligrosos. Marcelo y Andrés toman la carretera a Cortés, frontera con Guatemala. Van a arreglar el tramite aduanal para pasar un contenedor con papelería que Marcelo vende en su negocio; Andrés sólo va acompañándolo. Estacionan en la frontera del lado hondureño y cruzan caminado hacia Guatemala. Al regresar, una posta policial los detiene. Los obligan a bajar del auto y los llevan caminando hacía un cañal. Los amarran de pies y manos. Los golpean y les exigen que entreguen el dinero de la droga. Marcelo y Juan insisten que ellos no son los que buscan, que no traen dinero ni saben nada de la droga. “Mátenlos”, dice uno de los falsos policías. Marcelo suda pensando que no volverá a ver a su hija. Uno de los agresores descubre la sonda que Andrés debe usar por un problema renal que le impide orinar. “Estos no son jefe, nos equivocamos”. Los hombres se retiran y dejan a Marcelo y a Andrés tumbados en el cañal. Saben que tuvieron suerte, no los mataron.

Un país que no es

Honduras es un país al que le han robado la esperanza a punta de pistola. Acá los que deberían combatir el crimen son cómplices de los delincuentes y llevan su tajada en el botín que genera la muerte. Las maras extorsionan y asesinan con la protección de las autoridades; el gobierno no tiene una política de seguridad y sus acciones contra la delincuencia son torpes e insuficientes; los empresarios, aprovechando el vacío que ha provocado el gobierno, hacen negocio ofreciendo un servicio de seguridad malo y caro; los militares regresaron a las calles prometiendo hacer mejor trabajo que la policía, cosa que no ha sucedido, mientras que los cárteles transportan impunemente y por todo Honduras la droga sudamericana que debe llegar al norte de América. Todos ellos se ayudan entre sí, voltean la mirada cuando se necesita y ganan un porcentaje del negocio de la inseguridad.

Mientras, la gente común se acostumbra a salir a la calle sólo si no ha oscurecido, a caminar intranquilos y cuidándose la espalda, a no mirar a nadie a los ojos, a evitar las colonias que son propiedad de las maras, a tener casas con bardas altas y coronadas con alambre de púas o electrificadas, a conducir con los vidrios arriba y los seguros puestos, a no detenerse demasiado tiempo en los semáforos, a dejar el paso a camionetas sin placas y vidrios oscuros, a temer por igual a maras o militares, a contener el aliento cada que deben pasar frente a una posta policial.

En un país gobernado por políticos corruptos y secuestrado por empresarios ávidos de cambiar vidas por dólares, lo único no permitido es callar. Las palabras están obligadas a contar la historia en que unos ganan dinero y otros pagan por seguir respirando al final del día. Las palabras tienen que hacerse escuchar para rescatar a los muertos del olvido.

Es ahí, en el punto en que las palabras se hilan para contar historias, que hace bien hablar de Rigoberto Paredes, un poeta viejo que sobrevive con dosis de diarias letras y vodka; un editor que gasta sus ahorros en publicar a escritores jóvenes y sin dinero; el tipo que abrió Café Paradiso, punto de reunión de artistas e intelectuales; el hombre que no abandona las causas que hace años se metió en el corazón y ese que no para de escribir de la Honduras que hay y de la que no ha nacido: “De algo que bien pudiera llegar a ser un país; de un país que no puede ser, todavía, estoy hablando. Falta mucho, todo lo que un país quiere tener: un nombre, un nombre propio de país; tierras, mares y cielos del país; muertos, vivos por un país; belleza, poetas y animalitos a salvo en su país. Un país que no duela sin querer. Un país que no duela. Otro país. Un país que no puede ser, todavía, es mi país”.

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