Por Camilo Ruiz

Desde que tengo memoria me ha disgustado López Obrador. Siempre me ha parecido un hombre autoritario, conservador y oportunista. A pesar de eso, la propuesta que más eco hacía en mí durante su campaña de 2006 era la de construir seis refinerías en el país para reducir la absurdísima dependencia de Estados Unidos en derivados del petróleo.


Recuerdo una conversación que tuve en esas épocas con un pariente lejano, un líder local del PRI en un pequeño pueblo en Veracruz. Yo no tenía idea de su filiación política, pero el tema de las elecciones por venir estaba en el aire y en algún momento llegamos a él.


“Esas son pendejadas”, me dijo respecto a la propuesta de las refinerías. “¿Tienes idea de lo tardado y difícil que es construir esas cosas? El Peje cree que construir refinerías es como construir un Oxxo, que en tres meses un maestro de obras y unos albañiles ya lo van a tener listo. Construir seis de esas madres requeriría de una parte enorme del presupuesto”.


Al final, como se sabe, AMLO no fue presidente, y el plan de Calderón de hacer una refinería en Hidalgo naufragó entre corruptelas y falta de voluntad. El argumento de mi pariente no me convenció —me es difícil creer que el estado de la decimoprimera economía del mundo sea incapaz de construir seis refinerías a lo largo de un sexenio—, pero la crítica a la idea de tratar a las grandes obras públicas como si fueran tiendas de abarrotes me sedujo, un poco, como muestra de ese pragmatismo conservador y autoritario del PRI.


Pero los Oxxos han vuelto. Esta vez no en la industria petrolera, sino en la educación. Hace tiempo Morena prometió abrir una universidad en cada una de las delegaciones que gobierna en la Ciudad de México, y dos más en Tabasco y en Yucatán. La idea es que estas instituciones sean financiadas con el dinero de los legisladores de Morena, así como con parte del dinero que recibe del INE.


La propuesta provocó inmediatamente una reacción rabiosa de parte del PRI (la más folklórica: Carmen Salinas diciendo que son fábricas de huevones; la más preocupante: la SEP declarando que por ahora no tienen validez oficial) y de otros partidos, que en general la critican por su falta de seriedad. El problema, me parece, no debería ser político-politiquero, sino educativo, y es en ese terreno donde la propuesta de los lopezobradoristas es más endeble.


La cuestión de fondo, por supuesto, es que hay cientos de miles de estudiantes para los que simplemente no hay lugar en las universidades públicas. Algunos de ellos dejan de estudiar, otros pagan universidades patito. Ningún partido tiene una política concreta y coherente para solucionar ese problema. En general ni siquiera lo consideran como tal.
La propuesta de hacer ocho universidades fue presentada por Morena en septiembre, en octubre entraron los delegados y las universidades se supone empezarían en enero.

Todas ellas son dirigidas por lopezobradoristas reconocidos (con credenciales académicas, es cierto). A la fecha, al parecer la única que tiene instalaciones medianamente apropiadas para impartir clases es la escuela de derecho de la delegación Cuauhtémoc. Las sedes de las otras eran, hace un mes apenas, talleres mecánicos, casas con letreros en venta, etc.


Es claro que este proyecto está hecho al vapor. Tres meses no es suficiente tiempo para hacer, de la nada, ocho universidades, con todo lo que eso implica: planes de estudio, contratación de profesores, acondicionamiento de instalaciones, etc. La entrada a clases se retrasó por lo menos un mes, y a la fecha ninguna tiene reconocimiento oficial. Si, por razones políticas o educativas, la SEP no otorga este reconocimiento a la brevedad, los estudios no tendrán ninguna validez.


En una entrevista particularmente benigna con un muchacho de Morena, a Bertha Luján le preguntan qué pasaría con las universidades si para las siguientes elecciones su partido pierde las delegaciones en donde éstas se abrirán. Luján dice que —por supuesto, es muy poco probable que pierdan, porque su ascenso no lo detiene nadie (sic)— las universidades recibirán donaciones de asociaciones, individuos o instituciones públicas, para que si ese llegara a ser el caso, puedan autosostenerse.


Es sorprendente que Morena no tenga expectativas de que sus universidades se vuelvan públicas en el mediano plazo y que sean financiadas por el estado. El problema es grave, porque financiar sistemáticamente la educación a través de donaciones (de individuos, asociaciones o, imagina uno, empresas afines) es un modo de privatizarla. Los que creen que la educación no debe ser dejada al cálculo egoísta del mercado tienen que aceptar que la única otra opción es que el estado se haga cargo de ella. Cualquier otra cosa, admitámoslo, es hacerse tonto: financiar la educación con donaciones es quitarle una responsabilidad al estado, y el único modo sostenible de hacerlo sería a través de un pacto con la iniciativa privada —o con el pago de colegiaturas—.


Hay otro problema ineludible con las universidades de Morena. Uno de los pocos proyectos valiosos y duraderos de la administración de López Obrador en el DF fue la creación de la UACM. Este es el único intento reciente de darle una respuesta a la crisis de los rechazados en el país. Políticamente, el proyecto de AMLO de hacer universidades delegacionales es un carpetazo y un golpe a la UACM. ¿De dónde viene este desprecio? El problema es que desde su creación, y especialmente desde que ganó la autonomía, López Obrador no ha podido controlar a la institución como él quisiera. De ningún modo él y su círculo pueden designar al rector o los puestos directivos, ni tener ningún control sobre quién entra. Una institución que no controla es una institución que no le sirve. Inversamente, en el desinterés por que las universidades delegacionales se vuelvan públicas no sólo hay desidia respecto a su financiamiento, también trabaja una lógica simple: el que paga manda.


Morena tiene al grupo parlamentario más grande en la capital. Si tuviera verdadero interés en el problema de los rechazados, podría empezar por fortalecer financieramente a la universidad de la Ciudad.


Si los planes de Morena se vuelven realidad, en estos días entrarán a clases 600 estudiantes que no tendrían lugar en otras universidades. Le deseo lo mejor a ese medio millar de muchachos, pero seamos honestos: la propuesta de Morena no es una alternativa viable al problema de los rechazados —los otros ciento y tantos mil del DF—. Es un golpe de relaciones públicas, no una política educativa.

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