Los secuestros en la comunidad china de la zona metropolitana de Monterrey evidenciaron una realidad que las autoridades pretenden ocultar: en Nuevo León se priva de su libertad a más de 40 personas por mes. Esa cifra se desprende de las denuncias presentadas ante la Procuraduría de Justicia estatal. 

Lo anterior significa que el número real de levantones, secuestros y privaciones ilegales que ocurren en un mes deben ser al menos el doble, debido a los casos que no se denuncian.

En diversas ocasiones, y de diversas formas solicité a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, estadísticas oficiales sobre secuestros, levantones, privaciones forzadas de la libertad, etcétera. También solicité datos sobre el número de desaparecidos. La cobertura de las acciones del crimen organizado que realicé a lo largo de los últimos cinco años en el noreste para la Agencia EFE, El Universal, Proceso y CNN México dejaba ver que el delito de secuestro era el más grave de todos lo que estaban ocurriendo. Cuento con reportes de bancos de Texas precisando que llegaban entre tres y cinco clientes por mes buscando desesperadamente sacar su dinero para pagar el rescate de sus familiares plagiados. Así que intentaba documentar las privaciones ilegales y secuestros que ocurrían en la región, con información de las autoridades. Sin embargo, los datos oficiales se me negaron sistemáticamente.

Ahora, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y diversas instituciones privadas tuvo acceso a las cifras oficiales, las cuales arrojan que los delitos de secuestro y todos los relacionados con las privaciones ilegales de la libertad crecieron desproporcionadamente desde el año 2009 hasta la fecha. “Durante 2011, el promedio mensual de delitos contra la libertad en Nuevo León ascendió a 43 casos”, precisa el estudio Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León, coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez y realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En la elaboración del estudio también participó el Instituto Dipev S.C. y el Centro de Integración Ciudadana Fernández Fromow. Las cifras oficiales de la Procuraduría General del Estado (PGJE) arrojan que en el año 2011 se cometieron en Nuevo León 510 “delitos contra la libertad”. Si a esas cifras le sumamos las privaciones que no se denunciaron, conservadoramente se puede asegurar que la estadística global supera los mil casos por año, debido a que se calcula que por cada secuestro que se denuncia hay uno más que no se reporta ante las autoridades, según los investigadores de la UANL.

El estudio destaca que hasta el 2009 se registraban en la zona metropolitana de Monterrey entre cinco o seis secuestros por año. Unos cinco años antes se contabilizaban apenas uno o máximo dos anualmente. Las estadísticas oficiales muestran que los secuestros se dispararon para el siguiente año con alrededor de seis casos por mes.

Desde febrero del 2010 comenzó la narcoguerra entre Cartel del Golfo y los Zetas, y a partir de entonces los levantones se hicieron cotidianos. Para contabilizar todo tipo de privaciones ilegales, los investigadores incluyeron las cinco categorías con las que la Procuraduría estatal califica este delito: Plagio, Privación Ilegal de la Libertad, Rapto, secuestro y Trata de Personas. Las cifras globales arrojan que en el año 2011 se registraron 510 privaciones ilegales de la libertad y durante el 2012 la estadística totalizó 425 casos denunciados ante las autoridades. El 57 por ciento del total de las privaciones ilegales en el 2012 estuvieron relacionados con delincuencia organizada, 42 por ciento fueron “secuestros puros” y un uno por ciento “secuestros exprés”. El 78 por ciento de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22 mujeres.

Un 27 por ciento del total de las mujeres fueron violadas, precisa el reporte de la UANL.

En el caso de los secuestros el promedio del pago del rescate fue de 250 mil pesos, y se estima que al menos un seis por ciento de los plagiados fueron asesinados. Anteriormente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) alertó que durante el primer trimestre de este año la cantidad de secuestros en todo el país aumentó 20 por ciento respecto del mismo periodo de 2012.

De hecho, es el delito que más continúa incrementándose a nivel nacional. Recientemente, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad destacó que en los primeros cuatro meses de 2013 la estadística de secuestros aumentó un 16.9 por ciento en toda la república.

El estudio de la UANL concluye que los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias del país. En muchos casos las mujeres son violadas, en otros los hombres son mutilados y en todos los secuestros las familias quedan en la ruina después de pagar los rescates.

Patricia Cerda propone que la Ley de Víctimas debería incluir un apartado especial y fondos para que se apoye a estas familias que han sufrido un secuestro. Eso sería sin duda una acción elemental de justicia del Estado Mexicano, ya que no ha podido frenar, ni terminar con la impunidad con la que se está cometiendo.

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