Por Claudio Tapia 

Foto por Victor Hugo Valdivia (Comunidad trans en Monterrey)

El espacio reservado para la deliberación, discusión y aprobación de las leyes que rigen la vida pública es el parlamento. Para que éste funcione adecuadamente es indispensable la legitimidad brindada por una auténtica representación y, por supuesto, la libertad de expresión de cada uno de sus integrantes.

No parece necesario insistir sobre la nula representación de nuestros congresistas pero, –además de la evidente ineptitud y desinformación adolecidas por la mayoría de ellos– ¿acaso nuestros legisladores son capaces de manifestar y hacer valer su opinión, si es que la tienen, con libertad? La pregunta es procedente porque la discusión en un recinto legislativo no puede estar amenazada bajo ningún poder establecido que le reste legitimidad y libertad.

El asunto viene a cuento porque ya se inició el periodo de sesiones en el que se elaborarán las leyes reglamentarias de las recientes reformas constitucionales llamadas “estructurales”. El momento es delicado porque, en países como el nuestro, en el que la disfuncionalidad social es extensa por el pobre o irregular desempeño de las instituciones públicas y privadas, las reformas están obligadas a ser radicales, discontinuas con lo que existe, así como realizarse con urgencia y determinación, como bien lo señaló Luis F. Aguilar en el periódico Reforma.

La agenda de reformas –que debió provenir del diálogo entre los políticos y los ciudadanos y no sólo de las ocurrencias del titular del ejecutivo– está ahora en el punto en que las aspiraciones inscritas en los preceptos constitucionales (precisas o ambiguas, legítimas o no) deben convertirse en leyes que todos deberemos cumplir.


Nos encontramos en el momento en el que analizar, discutir y aprobar las leyes secundarias, precisará de un intenso y profundo debate de los legisladores en las materias político-electoral, energética, de telecomunicaciones y de competencia económica. Y eso es lo menos que podemos pedir los que sabemos que el fast track (la dispensa de trámite o la obediencia ciega a los pactos y acuerdos del partido), equivale a la renuncia de las facultades legislativas y al sometimiento de este al poder ejecutivo. Esas conductas conducen a la desaparición de la división de poderes y a la negación de la deliberación.


Pero el debate serio no va a ocurrir. Lamentablemente, no podemos esperar que los legisladores simulados realicen correctamente su función porque el espacio que ocupan no es un parlamento, es otra simulación. Para serlo en realidad, para convertirse en el lugar de las leyes, el parlamento debe ser capaz de hacerse obedecer. Y para eso es indispensable que se legisle en condiciones de igualdad, con razón y libertad.


Es evidente para todos que los legisladores se encuentran bajo la presión y el chantaje del presidente autoritario, las cúpulas de sus partidos, así como el sector empresarial nacional y trasnacional. Son ellos los que cuentan con la fuerza suficiente para decidir los destinos de nuestra sociedad. De los legisladores que cada uno de esos poderes fácticos ha logrado colar en un sistema en el que sólo ellos están representados, ni hablar.

Los contenidos de las leyes que se van a elaborar son sumamente complejos y abordarlos con seriedad y responsabilidad demanda conocimientos técnicos profundos. Además, en todo tiempo, en el ánimo de los legisladores debieran estar presentes los principios de racionalidad, justicia y libertad por encima de cualquier otra finalidad.


Los legisladores auténticos deben buscar convencer a la mayoría de sus pares con argumentos atractivos y veraces, sin asumir que la mayoría de sus representados piensa igual que ellos. Los congresistas que integran las comisiones no deben perder de vista que si todos piensan igual es que nadie piensa suficiente. En todo caso, deberán probar que si la mayoría piensa igual sobre algo es porque ese algo resultó convincente y no porque se les ordenó.


Perdonen mi reiterado pesimismo, pero lo que harán no será legislar. No, porque no se dan las condiciones mínimas para que un debate legislativo funcione. Además de legitimidad, hacen falta las condiciones dialógicas que permitan deliberar y decidir en mayoría. Se requieren periodos para informarse, argumentar y convencer. Y tiempo es una de las cosas que no tendrán.


En el lugar de las leyes, es necesario que los debates se lleven a cabo entre pares, en igualdad y con plena libertad; en un espacio donde no haya amenazas, extorsiones o negocios. Y eso, sencillamente, ni ha ocurrido ni ocurrirá.


Los legisladores tienen urgencia por atender el pedido; aprobarán precipitadamente las leyes cocinadas por el ejecutivo, en el menor tiempo posible. Sesionarán bajo presiones, amenazas y chantajes, lo que garantiza la irracionalidad de lo que “acuerden” sin debatir.

Seguirán simulando la representación para que nada cambie en realidad. Es posible que más tarde, demasiado tarde, algunos impostores se arrepientan y se deslinden, como ya ocurrió. Para luego, disciplinados, regresar a la simulación.

Comments

comments