¿Hasta dónde se llega marchando con cacerolas?

Por John Gibler

“Todo es el movimiento”, dice Patricia Jiménez Alvarado, mirándome del otro lado de la mesa. “Ya no tienes una vida personal”. Esconde su rostro en las palmas abiertas, y solloza.


Jiménez, de 45 años, es tutora de tesis en la Universidad Estatal de Oaxaca, por profesión. Pero el gobierno del estado la acusa de ser una “guerrillera urbana”. Su casa y su auto han sido allanados y registrados. Regularmente recibe mensajes de texto en su teléfono celular amenazándola de muerte. Ha sido emitida una caución para su arresto. Y por primera vez en la vida de sus hijos, se ha perdido sus cumpleaños; varios meses atrás los envió a vivir con su cuñada para mantenerlos seguros.


Sentarse conmigo para esta entrevista es el primer momento de calma que ha tenido desde el 1 de agosto, me dice Jiménez. Fue entonces cuando ella y miles de otras mujeres (muchas de las cuales nunca antes habían participado de una marcha o mitin) orquestaron la toma del canal de televisión oficial y de las estaciones de radio y emitieron en vivo su oposición a la violencia estatal. Sus acciones le ganaron a estas mujeres un lugar entre los activistas más buscados de Oaxaca, perseguidos por las pandillas de para-policías que sirven al gobierno estatal.

 

Raíces de las protestas

En el comienzo, la desobediencia civil en Oaxaca no estuvo organizada principalmente por mujeres. Comenzó el 22 de mayo como una huelga de maestros que exigían al gobierno federal y al estatal mejores presupuestos educativos. Los maestros en huelga establecieron un campamento de protesta en Ciudad Oaxaca, una ciudad de tiendas de campaña que llenaba la turística plaza y se extendía por varias manzanas, alojando a decenas de miles que maestros de todo el estado.


En 2004, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había sido declarado gobernador bajo serios alegatos de fraude electoral. Pero en vez de tender puentes, anunció una política de cero tolerancia para las protestas, mudando incluso a los funcionarios del gobierno estatal a un área restringida bajo custodia, a kilómetros fuera del centro de la ciudad.
Ruiz se negó a reunirse con el sindicato de maestros o a responder a sus demandas. Entonces, el 14 de junio de 2006, al atardecer, envió a policías anti-motines, usando máscaras antigás y helicópteros, para desmantelar por la fuerza el campamento de los maestros en huelga, dejando heridos a gran cantidad de hombres, mujeres y niños.


La ciudad explotó. Miles, incluyendo a Jiménez, tomaron las calles para apoyar a los maestros, atender a los heridos y ofrecer comida y agua. Pero, para sorpresa de todos, estos ciudadanos fueron un paso más allá: contraatacaron, retomaron la plaza pública y sacaron a la policía fuera del pueblo.


Este rechazo espontáneo de la violencia policial, junto a una inundación de apoyo a los maestros, inició un alzamiento de desobediencia civil que duraría cinco meses. Pondría medio millón de personas a marchar en las calles y a decenas de miles en campamentos de protesta a lo largo de la Ciudad de Oaxaca, paralizando al gobierno estatal y obligando al gobernador a esconderse.


Para alentar la participación de la gente en el desarrollo de estrategias de organización de largo plazo, el sindicato de maestros llamó a las organizaciones indígenas, grupos de derechos humanos y sindicatos locales a reunirse en asamblea. Juntos, estos grupos formaron la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual se abrió a cualquiera que firmara para demandar la renuncia de Ruiz por haber ordenado la represión policial. El liderazgo provisional fue casi enteramente masculino, con las mujeres relegadas a roles secundarios.

 

Mientras tanto, de vuelta al Tesoro

Audaces, las mujeres formaron grupos vecinales con el fin de unirse a la APPO y participaron en las discusiones maratónicas que guiaron las acciones de los manifestantes. Cuando la APPO decidió lanzar una ofensiva de desobediencia civil el 26 de julio —montando campamentos alrededor de la legislatura estatal, la corte y las oficinas del gobernador, para cerrar las tres ramas del gobierno—, muchas mujeres se ofrecieron de voluntarias para levantar campamento fuera del Tesoro del estado, un edificio muy abajo en la lista de prioridades de la APPO. Allí, durante las primeras noches de su campamento de protesta, ellas cocinaron la idea de una marcha exclusivamente de mujeres para el 1 de agosto.


Esa marcha juntó cerca de 5 mil mujeres, todas golpeando ollas con tenedores, cucharas soperas y cucharones. La áspera cacofonía tenía a las mujeres tan exaltadas que cuando alcanzaron su destino (la plaza principal ocupada por los manifestantes), ellas decidieron continuar hacia la televisora estatal: el Canal 9. Siendo la única estación local de alcance estatal, el Canal 9 había fallado en cubrir la violencia policial del 14 de junio, y más tarde presentó a los manifestantes como vándalos y criminales. Al principio, las mujeres exigieron solamente una hora de televisión para contar su versión de los eventos del 14 de junio y por qué querían la renuncia de Ruiz. Pero Mercedes Rojas Saldaña, la directora de la estación, se negó. Las mujeres pidieron menos tiempo, luego menos aún, pero fueron repetidamente rechazadas. Finalmente, caminaron más allá de la directora, con las ollas en la mano, y tomaron el control de la estación.


Mientras Jiménez y otras mujeres rodeaban a los empleados de la estación, varios de sus viejos alumnos la reconocieron. Uno preguntó:
—Profesora, ¿qué está haciendo aquí?.
—Bueno, tomando el control de la estación —dijo ella—. No hay opción.
Otro preguntó:
—Profesora, ¿por qué nos está arrastrando en este lío? ¿No es usted una académica?
—¿Y qué? —respondió Jiménez—. También soy parte del pueblo.
Los empleados habían sacado a la estación del aire mientras las mujeres ingresaban como una tormenta en la oficina. Ahora las mujeres bregaron para que la estación volviera al aire antes de que llegara la policía y retomara la estación. La misma Jiménez trató de hacer funcionar las cámaras.


Pero la policía no llegó. En cambio, miles de residentes de los vecindarios circundantes arrasaron con las calles para proteger la estación, tomando el control de los autobuses de la ciudad y estacionándolos a lo largo de las calles para bloquear todo el tráfico que se aproximara.


Una de las técnicas que conocía a Jiménez accedió a decirle dónde estaban las antenas y cómo hacer funcionar la transmisión nuevamente si Jiménez le permitía irse. Jiménez le dijo: “Aquí no hay ninguna amistad ni privilegio. Aquí todas tomamos las decisiones en grupo”. Entonces dejó a solas a la empleada para reunirse con las otras mujeres y negociar la liberación de todos los empleados —ninguno de los cuales había sido herido durante la acción— a cambio de que ayudaran a poner la estación al aire otra vez.


En tres horas, por primera vez en la historia mexicana, un movimiento de protesta ocupó una estación de televisión estatal y emitió en vivo. Los televidentes vieron un apretujado grupo de mujeres sin maquillaje ni vestidos de diseñador, con ollas y cucharas todavía en la mano, todas enfrentando la cámara. Su mensaje: si los medios insistían en apoyar la violencia estatal desde las noticias y distorsionando a la protesta social como un movimiento de “guerrilla urbana”, entonces el pueblo tomaría a los medios con el fin de contar su propia historia de sufrimiento, represión policial y organización de protestas sociales.

 

Avanzando

Mientras tanto, desde fines de agosto y a lo largo de noviembre, el conflicto escaló. El gobierno atacó el Canal 9, destruyendo las antenas de la estación y quitando del aire el revolucionario mensaje de las mujeres. Funcionarios policiales vestidos de civil y militantes del PRI abrieron fuego regularmente sobre los manifestantes, y en el curso de tres meses, mataron al menos a 16 personas, incluyendo al periodista Brad Will, radicado en Nueva York.


Los manifestantes organizaron miles de barricadas nocturnas a lo largo de la ciudad para prevenir los ataques armados. También tomaron el control de las estaciones de radio privadas para continuar emitiendo sus denuncias de la violencia estatal e invocar protestas adicionales para sacar al gobernador.


El 25 de noviembre, la policía federal reprimió a los manifestantes luego de que un pequeño grupo comenzara a tirar piedras y bombas molotov a la policía. La policía rodeó y golpeó a más de 140 manifestantes y los transportó a una presión federal en Nayarit, a cuatro estados de distancia. La policía estatal y federal patrulló las calles para detener a los organizadores, y cientos de personas pasaron a la clandestinidad. Jiménez se dejó el pelo bien corto, lo tiñó de negro y se escurrió de la ciudad.


Pero dos semanas más tarde ya había regresado para unirse a una delegación de manifestantes de la APPO organizada para sostener charlas con el gobierno federal, y luego para poner en escena marchas adicionales para exigir la liberación de aquellos tomados prisioneros el 25 de noviembre. En diciembre, ella ayudó a organizar otra marcha de gran energía y un concierto gratuito al aire libre donde la cantante Lila Downs, nacida en Oaxaca, se unió a los villancicos navideños retocados para denunciar la violencia estatal.
“Hemos demostrado que la participación de las mujeres en estos movimientos es fundamental”, dijo Jiménez.


El 8 de enero de 2007, vi a Jiménez otra vez. Se estaba dirigiendo a otra asamblea de la APPO. “¡Tenemos que persistir! ¡No podemos darnos por vencidos!”. Me dijo, con la voz ronca por un fuerte resfrío: “Sólo podemos seguir adelante. No hay otro camino”.

* Texto publicado en marzo de 2007.

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