Por Kyzza Terrazas

A menudo caigo sin querer en devaneos casi lisérgicos sobre el Estado, sobre su significación y vigencia: me debato si escribirlo con mayúsculas, me pregunto si cumple los objetivos para los que está diseñado o si existe a secas o si podrá lamerse y sabrá amargo al rozarlo con mi lengua escaldada. Y claro, de todas esas cuestiones tal vez la única sensata sea la primera, es decir: la pregunta sobre si funciona para lo que está pensado. Porque vaya que existe —maltrecho, corrupto, selectivo, contradictorio, incurable de su infección financiera, etc.—, pero tal vez su razón de ser haya cambiado en el camino o sea todo lo contrario de lo que pretendió ser en determinado momento. O tal vez la ontología del Estado sea una forma de rezo chamánico.

De entrada, claro está, resulta complejo definirlo; depende la teoría, su intención última, y la visión del mundo que tenga quien la ensaya. Según Marx, por ejemplo, podría pensarse como la organización política de la clase dominante. Daniel Antokoletz, un jurista argentino —irónicamente desaparecido por la dictadura de su país en 1976—, da una definición más “neutral” y dice que el Estado puede describirse como la “organización jurídica y política de una población en un territorio determinado». Las teorías son muy diversas, pero ninguna negaría el hecho de que el Estado está cristalizado en las leyes, en las constituciones sobre las cuales se dibuja la vocación y espíritu de un grupo de personas.

En lo que respecta a nuestro “territorio determinado” —que por cierto no se llama México por ley— la constitución es asunto escabroso. Sin entrar en detalles sobre si necesitamos hacer una nueva constitución o seguir parchándola ad infinitum —y haciendo a un lado mi casi absoluta ignorancia sobre el tema, así como mi impulso anarquista de triturarla—, basta leer el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para caer en cuenta de que ese documento (o rezo chamánico) no se respeta: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” ¿En verdad el Estado tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos? Dicho de otro modo: sabemos que no se respeta y por lo general no hay consecuencias para quienes la violan. Más aún: el Estado mexicano, y las instituciones en las que está sustentado, no solo han fracasado en respetar y hacer valer sus propios fundamentos, sino que ni siquiera se ha preocupado por enseñar su constitución. ¿Se violarían tanto y tan seguido las proposiciones enumeradas en ese documento si los individuos que a él nos adscribimos —por el mero pecado fundacional de haber nacido aquí— las conociéramos bien y nos sintiéramos identificados con ellas? Basta echarle un vistazo a la Encuesta de Cultura Constitucional, realizada por el Insituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2003 y en 2011 (http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf), para darnos cuenta de que no la conocemos, de que desconfiamos de todas las instituciones, de que qué carajos estamos hablando cuando hablamos de Estado.

Mientras tanto, regreso a los devaneos. A la confusión ruidosa. Pongo play a “No More” de Black Flag y destapo una cerveza y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra. Y luego otra. 

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