Por Claudio Tapia

Ilustración de la serie ‘manos en la calle’ por Blast


Para eludir las discusiones sobre la legitimidad y la calidad de la democracia se ha recurrido a conceptos distractores tales como: “buen gobierno”, “gobernabilidad democrática” y “gobernanza”, términos que ponen en segundo plano la cuestión del poder, los abusos cometidos al amparo de la ideología liberal, la ruptura del consenso social, y la inoperancia del estado fallido.

De igual manera, para frenar cualquier intento de crítica social, los creadores del discurso hegemónico de nuestras democracias respondieron con un concertado ataque conceptual. Pusieron de moda palabras trampa como: “sociedad civil”, “participación ciudadana” o “capital social”: frases elaboradas para ocultar el desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho, y para esconder las ruinas de una democracia que se apoyaba en el Estado y no en acciones individuales.

El Estado fue desposeído de su tarea fundamental: la obtención del bien común, propósito que se volvió tarea de ciudadanos.

La negación del papel rector del Estado nos llevó a suponer que el voluntariado individual puede ser una alternativa para las labores asistenciales que dejó pendiente el Estado social que se disolvió.

Pero si la sociedad civil participativa se convierte en el centro de referencia de validez colectiva, ¿a quién corresponde la representación del interés común si el Estado quedó sustituido en esa responsabilidad?

Hecha a un lado su función primordial, el Estado quedó debilitado. Surgió la destructiva idea del “Estado mínimo”. Los resultados están a la vista, durante la docena trágica panista pudimos darnos cuenta de que el peor de los escenarios para la convivencia social es el de un Estado minimizado, débil, fracasado.

De esa trampa debe escapar el gobierno del realizador del milagro electoral en Nuevo León. El titular del ejecutivo estatal lo es porque ganó la representación y la responsabilidad inherente al jefe de Estado es fortalecerlo para que pueda cumplir con sus funciones por mermadas que estén, y enfrentar los retos de los poderes fácticos que lo han sometido. Por supuesto que para eso debe recurrir a la ayuda de la sociedad civil que por definición no es la que gobierna, es la que lo apoya.

La sociedad civil que ha legitimado el mandato de Rodriguez – otorgándole un capital político que no debe dilapidar – cuestiona, critica, demanda, apoya, fortalece, pero no sustituye al gobernante. Más aún, si quiere conservar su juicio crítico e independencia debe mantenerse a distancia del poder.

El gobierno de Jaime Rodriguez debe cuidarse de caer en la trampa de permitir que los que se dicen representantes de la sociedad civil que mandó en las urnas (¿quién los designó?) intenten gobernar a través de estructuras paralelas escudándose en el argumento de que el que paga manda.

 

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