La principal fuerza de la figura del Ombudsman, la cual nació en Suecia, es la moral: la confianza y el respaldo que le brinda la sociedad para condenar los abusos del Estado. Su fuerza no radica en leyes o instituciones burocráticas. Si el Ombudsman se trasforma en otra institución del gobierno pierde su prestigio y la confianza de la sociedad.

En México eso está pasando con algunas de las Comisiones Defensoras de Derechos Humanos. Ahora son un apéndice más del Estado, unas más, otras menos. El caso de la  CEDH de Nuevo León llegó al extremo de que la Comisión Nacional la acusó de estar al servicio de la administración de Rodrigo Medina.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció al organismo de Nuevo León por obstaculizar su trabajo en la investigación del caso Casino Royale. Además de negarse a acatar la Recomendación No. 66/2012, donde le exigió:

“Diseñar e impartir al personal de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de facultades y competencias de los organismos públicos de derechos humanos; con el objetivo de evitar irregularidades como las que dieron origen al presente pronunciamiento”.

La CNDH se quejó porque Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión de Nuevo León, se negó a colaborar en la investigación del atentado y rechazó entregarle toda la documentación y los expedientes que tuviera sobre el ataque al Casino Royale.

La Comisión Estatal se negó argumentando que también le correspondía llevar el caso debido a que en los hechos habían intervenido autoridades municipales y estatales, lo cual no se contraponía para que colaborara con la CNDH.

El 29 de noviembre de 2012, casi un año después de los hechos, la Comisión Nacional emitió una serie de recomendaciones por el atentado al Casino Royale. Incluyó un apartado para el organismo que preside Martínez Garza, algo inusitado.

En el caso de la CEDH de Nuevo León, el organismo se tardó casi dos años en hacer sus conclusiones y recomendaciones. Se centraron en las autoridades municipales. Evitó condenar a Protección Civil Estatal, el organismo que tuvo responsabilidad en la muerte de víctimas inocentes.

Para colmo del abollado prestigio de la institución, la titular ha sido denunciada por sus propios trabajadores. Martha Alicia Valdez, quien formaba parte de la Coordinación Penitenciaria de la Tercera Visitaduría General, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en el Congreso local que Martínez Garza la acosó laboralmente para que renunciara, situación que viola los derechos laborales de Valdez.

Más aún, recientemente el nuevo diario El Horizonte, propiedad de de la familia Salinas Pliego, evidenció que la Primera Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Catalina Rivera Díaz, emplea a su propio hijo en la dependencia; Humberto Fernando Cantú Rivera ha recibido 60 mil pesos de la CEDH. “La contratación de familiares viola el artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Nuevo León, en su fracción XVII”, precisó el diario.

La Comisión Estatal, como muchas otras del país, entró en crisis por la inseguridad y violencia, debido a los miles de muertos, desaparecidos y víctimas colaterales, y también porque muchos de los criminales eran parte de las instituciones policiacas y de seguridad. Los organismos burocratizados no supieron enfrentar esta situación. “Defensores de Derechos Humanos” y en muchos casos confundieron a las víctimas con los criminales y viceversa.

Ahora, la Comisión Nacional, así como el organismo estatal quieren “compensar” la tragedia ofreciendo “monumentos” en memoria de las víctimas, o recomendando disculpas públicas de autoridades municipales, cuando ni siquiera pueden ofrecer justicia y la mayoría de los brutales crímenes continúan en la impunidad.

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