Por Camilo Ruiz

Una cosa tienen en común la reforma energética y el tarifazo al metro: bajo criterios técnico-financieros de rendimiento, reducción de subsidios, productividad o competitividad, decisiones eminentemente políticas se transforman en simples objetos de modelización económica-matemática; se despolitiza el espacio público bajo pretextos técnicos.

Ambas propuestas tuvieron que ser cubiertas, a su modo, por los mantos abstractos del interés común, pero eso no diluye la cuestión esencial a la que hice referencia antes: el “asunto” de las consecuencias que las reformas tendrán para la mayoría de la sociedad es casi completamente ajeno a la discusión política. En el caso de la reforma energética se trata de cómo aumentar la productividad de la industria petrolera y en el del tarifazo al metro de cómo sanear las finanzas del subterráneo capitalino.

Hay un problema con lo anterior, aun admitiendo (cosa que hay que hacer) que, en efecto, una prioridad de cualquier gobierno es la de aumentar la productividad de la industria petrolera u otorgarle mayores recursos al transporte: la subordinación de asuntos políticos a cuestiones técnicas conlleva a la exclusión del espacio político de todos aquellos que no pueden enunciar sus demandas en esos términos. Implica, para ponerlo en otras palabras, una reducción de la polis bajo criterios clasistas y meritocráticos; una democracia censitaria basada no esta vez en la riqueza o la propiedad de los electores, sino en el conocimiento técnico.

El problema de la tecnocracia política no es que sus métodos no sean lo suficientemente científicos. No es que “se equivoquen” en sus predicciones y modelizaciones, sino que la política es un asunto eminentemente normativo. Es decir, en el caso de la reforma petrolera, en un país como el nuestro, cuyo presupuesto estatal depende enteramente de PEMEX, el quid de la cuestión versa sobre la distribución de esos recursos. Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacerse respecto al petróleo no es la de cómo explotarlo más eficientemente, sino la de quién se va a quedar con su renta. Pero esta pregunta tiene necesariamente una respuesta política o, si se quiere, moral. El fundamento normativo de la política no se puede cubrir con recomendaciones del FMI. Por eso el gobierno de Peña Nieto tiene que invocar el espectro del conocimiento y la modernización para privatizar a PEMEX, porque aunque detrás de ellos se encuentran los intereses de las compañías petroleras y de los futuros contratistas locales, un gobierno que se supone popular no puede admitir abiertamente que a la cuestión de la distribución del pastel nacional se le responde diciendo que la parte del león irá directamente a manos privadas.

La propaganda del aparato estatal se ha convertido, pues, en una máquina cuya principal función consiste en hacer pasar los asuntos públicos por asuntos de expertise, de técnica y conocimiento. La respuesta a esto no consiste tanto, como a veces pretende la izquierda, en hacer caso omiso de la importancia de la complejidad técnica de los problemas de nuestra sociedad, sino en aceptar que el conocimiento técnico, en política, está necesariamente subordinado a los intereses de clase y que el problema del gobierno de Peña Nieto o de Mancera no es tanto que sean tecnocráticos, sino que someten la técnica al servicio de la burguesía.

La solución a lo anterior consiste en, ante todo, romper con la máquina antipolítica, en quitarle los asuntos políticos a la tecnocracia y devolvérselos a la totalidad de la polis. En pocas palabras, hay que convertirlos en los asuntos políticos comunes que siempre han sido, admitir (o forzarlos a admitir) que la cuestión esencial no es la del crecimiento económico, sino la de la distribución, y que lo primero no necesariamente conlleva —como el papa lo admitió hace poco— a lo segundo. La “encuesta” de Mancera, así como la cantidad de candados con los que la consulta popular ha sido aceptada, expresan el miedo del gobierno a la posibilidad de tratar los asuntos públicos del país como lo que son. Detrás de esto hay un cálculo político bastante racional: una consulta popular las rechazaría por una amplia mayoría y les quitaría legitimidad.

En los albores de la revolución, un hacendado del norte le escribió a Madero que había que hacer algo para evitar —o en caso de inevitabilidad, para controlar— a las hordas trogloditas que estaban por azotar el país (sí, literalmente se refirió a ellas como “las hordas trogloditas). Los fundamentos de la política del priísmo durante toda su historia, que hace 70 años, en la fase trágica, nacionalizó el petróleo, y ahora, en su fase farsante, se lo regala a sus antiguos dueños, han sido los mismos que los del viejo hacendado norteño: evitar a como dé lugar la creación de un sujeto revolucionario. En 1938 lo tuvo que hacer a través de la estatización, ahora a través del supuesto cientificismo productivista de sus administradores. Probablemente haya que admitir, para empezar a cambiar las cosas, lo opuesto: que la solución no está en próceres nacionalizadores ni en tecnócratas bien educados, y que, por el contrario, probablemente las únicas que puedan cambiar al país para bien son las hordas trogloditas.    

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