Un ensayo sobre la corrupción en México que ahora parece recobrar fuerza

 

Por Heberto Castillo

Ilustración por Haydeé Villarreal

 

Arsenio Farell Cubillas alborotó al cotarro cuando denunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que consume alrededor de 2 mil millones de pesos de medicinas al año, estuvo comprando éstas al triple del precio que tienen al menudeo en las farmacias de la ciudad. La Procuraduría General de la República llevó al interrogatorio a representantes de laboratorios trasnacionales y a funcionarios del IMSS y consignó a nueve personas, entre ellas al ex jefe de compras de dicha institución. Farell dijo que el fraude ascendía a varias decenas de millones de pesos, pero la Procuraduría de la República lo estimó en sólo un poco más de 200 mil devaluados pesos. Los inculpados acusaron a Farell de intrigante y dijeron que los precios habían sido autorizados por la Secretaría del Patrimonio Nacional y que la denuncia era parte de una maniobra política en su contra.

En verdad será difícil, cuando no imposible, comprobar fraude alguno, pues los elevados precios que los laboratorios extranjeros ponen a sus productos siempre encuentran cabal justificación contable apoyada en los precios de las materias primas que sus filiales en el extranjero arbitrariamente les establecen. Hace un par de años, por ejemplo, en Inglaterra, el Comité Antimonopolios impugnó el precio del tranquilizante Valium a los laboratorios Laroche cuando comprobó que la materia prima utilizada, que en Inglaterra cotizaban a 700 libras esterlinas, valía sólo 35 libras en Italia. En México, los costos reales de la mayoría de las materias primas que utilizan los laboratorios trasnacionales no se podrán conocer mientras el Estado no participe directamente en el mercado de las medicinas como en pequeña escala lo ha hecho a través de Proquivemex. Por ahora debemos conformarnos con saber que nos están robando, pero “legalmente”. Los laboratorios en México, hay que reiterarlo, justificarán cualquier costo, por elevado que sea, gracias a los “gastos” que hacen para pagar a sus filiales asesoría técnica, patentes o materias primas. Sólo nacionalizando la industria farmacéutica se podrá proporcionar medicina buena y barata al pueblo. Pero pesa mucho que las compras al mayoreo hayan sido y sean fuente de ingresos ilícitos para los funcionarios gubernamentales.

En México, la corrupción llega a tal extremo que se le denuncia de vez en cuando para preservarla, para poner sobre aviso a los corruptos que se descaran demasiado y con la demencia moderan el paso y roban con más discreción. Por eso todas las denuncias son “llamaradas de petate”, causan conmoción, se les da publicidad, pero poco a poco languidecen, se “desvanecen los datos” de la acusación. En otros países, como Italia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, las denuncias de corrupción de funcionarios obligan a la destitución de éstos. Aquí sólo se les cambia de puesto. O se afianzan.

Está fresca la denuncia hecha en las postrimerías del gobierno de Echeverría: se habló de que muchas empresas constructoras habían defraudado 800 millones de pesos al fisco usando facturas falsificadas para abundar sus gastos. Entonces se llevó a la cárcel a dos altos jefes policiacos, Jorge Obregón Lima y Salomón Tanús, expertos en acabar con terroristas, a los que se acusó de extorsionar a los que compraron facturas y a los que las falsificaron. Bastó, según malas lenguas, que un poderoso contratista dijera al secretario de Hacienda que las facturas falsas —que cubrían muchos millones de pesos— habían servido para “justificar” ante el fisco las “gratificaciones” sin recibo que los funcionarios gubernamentales suelen pedir para otorgar contratos, autorizar estimaciones y disminuir impuestos, para que conviniera en que si los contratistas sorprendidos pagaban las cantidades que habían omitido al fisco, se dejaría en libertad a los acusados. Lo que se hizo. Sin embargo, nunca se supo cuánto pagaron al gobierno los defraudadores, ni si hubo más “gratificaciones”. Obregón Lima y Tanús salieron libres al fin por “desvanecimiento de datos” o algo por el estilo.

Los jefes policiacos, todos los días, o casi, hablan de realizar campañas moralizadoras, y ya se saben los resultados. La corrupción brota por todos lados. El mismo Farell dejó a la Comisión Federal de Electricidad al borde de la ruina a causa de los malos manejos de él o de sus antecesores, según denuncian cada que pueden los trabajadores electricistas. Petróleos Mexicanos es voz pública, es una cueva de ladrones. Los Ferrocarriles tienen como gerente al funcionario más acusado de corrupción en el régimen, el que mientras más es denunciado, más se arraiga en su puesto. ¿Alguien sabe de un director, un oficial mayor, un subsecretario, un secretario de Estado, un gobernador que haya salido pobre de su gestión? Si los hay, conviene señalarlos al pueblo pues no es justo dejar en la sombra, en el olvido, a tan distinguidos e insólitos funcionarios mexicanos. Por ahora, bueno sería conocer las declaraciones de ley de los bienes de los nuevos funcionarios gubernamentales.

Se maneja la idea de que la corrupción aumentaría si, como lo demandamos desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, las industrias básicas pasaran al control estatal nacionalizándolas. Se dice que ahí está la corrupción, que ahí están los corruptos. Y no hay tal. Ahí están muchos, es cierto, pero la corrupción es inherente al sistema capitalista de producción que vivimos. En los países subdesarrollados como México, los más grandes corruptores han sido los empresarios extranjeros. Fueron ellos los que pagaron las primeras concesiones para explotar nuestros recursos en dos partidas: una pública, oficial, al gobierno, y otra clandestina, a los funcionarios, sin recibo, sin factura.

No habiendo concesionarios, no hay a quien otorgar concesiones, y, por ende, no hay quienes tengan que pagar por ellas. Por eso decimos que en la medida que se avance en el proceso de nacionalización de las industrias y servicios básicos, se reducirá el número de corruptores, y de corruptos.

El sistema corrompe. Quien llega a los treinta años y no se ha corrompido es casi un héroe. Eso decían los jóvenes del 68. Pero ocho años y medio después, muchos de aquellos jóvenes “maduraron” y se incorporaron al sistema y a la corrupción o están a punto de hacerlo. Y es que el proceso corruptor sigue y ha desarrollado formas nuevas, modernas. Algunos se refugian en las universidades para discrepar de palabra pero vivir del presupuesto, aunque sea el universitario; otros actúan en grupos políticos que anhelan renovar el oportunismo de Jorge Cruikshank, que ahora pide el abandono económico de las universidades por parte del gobierno, coincidiendo con las fuerzas más reaccionarias del país. Hay formas nuevas de captar a los dirigentes medios obreros, campesinos y estudiantiles, y en el campo se hizo a un lado a los dirigentes medios dotándolos —a ellos, no a sus representados— de tierras y sembrando esperanzas en las bases: “A la próxima te tocará a ti, si sabes ser dirigente”. Las autoridades del trabajo tienen como consigna proteger el charrismo sindical, decantada y depurada forma de corrupción en el medio obrero.

Las autoridades judiciales —¿quién no lo sabe?— tienen fama pública de corruptas. ¿Habrá alguien que no siendo influyente, rico, poderoso, tenga confianza en la justicia mexicana?

Hay, pues, una institución más en el país. Nacida de la revolución, junto al PRI. Como el PRI, vive y crece la Corrupción Revolucionaria Institucional (CRI), en dulce amasiato. Seguirán así hasta que la muerte los separe.

 

 

*Texto publicado en 1977

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