Un abogado sudafricano estuvo durante diez días en México, escuchando verdaderas historias de terror. Vino a Nuevo León a reunirse con organizaciones civiles, con víctimas y también con autoridades. Recorrió, además, procuradurías del Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero y buscó a los sobrevivientes de la guerra de Calderón. Todo para tener una visión completa de lo que sucede en el país.

Su misión era realizar un reporte para Naciones Unidas que explique cómo el país ha llegado a los niveles de violencia que actualmente tiene.

Christof Heyns es el relator especial de ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, enviado por la ONU. Viajó a México desde el pasado 22 de abril. Desde entonces recolecta información para explicar cómo fue que se jodió el país. Su reporte que estará listo hasta 2014.

De entrada se lleva un número: 102 mil 696 homicidios dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón. Cerca de 70 mil de ellos están relacionados con el crimen organizado.

La cifra de muertos por la delincuencia le impactó, pero algo fue más perturbador para Heyns. Lo llamó “impunidad sistémica”. Durante su investigación encontró que sólo el dos por ciento de los delitos cometidos en México termina en condena.

Hay experiencias internacionales que señalan que se puede lograr abatir la impunidad: en Alemania, por ejemplo, el sistema de justicia registra que un 95 por ciento de los delitos denunciados reciben condena. Sólo quedan sin castigo el cinco por ciento y las autoridades trabajan para reducir este número.

Desde hace años, académicos de distintas partes del país, entre ellas el CIDE, estimaron que la tasa de condenas para delitos denunciados en el país alcanzaba el cinco por ciento. Es decir, el 95 por ciento de los delitos denunciados no recibían castigo alguno.

La madre de la violencia en el país es la impunidad. Dejar sin castigo a quien comete delito es lo más atractivo para el criminal, quien puede matar, torturar, balacear, violar o robar sin temor de que pueda ser castigado. Y la “impunidad sistémica” se hace presente, primero en las procuradurías y ministerios públicos y después en el sistema judicial. No se investiga, no se utilizan métodos científicos para atrapar a los delincuentes. La mayoría de las detenciones que se realizan en México se hacen en flagrancia, según un estudio del CIDE.

Para los criminales, este escenario es atractivo. Tienen el 95 por ciento de probabilidad de nunca ser detenidos y menos aún condenados por los delitos que realizan. Así, se explica cómo se pudo llegar a la cifra de casi 70 mil muertos en un sexenio.

Para Christof Heyns la forma definitiva de romper el ciclo de violencia es construir un sistema sólido y eficaz que investigue y castigue las muertes que ocurren en México.

Última Línea

La situación en los penales de Nuevo León sigue mal. En febrero pasado, 44 internos (presuntos miembros del Cártel del Golfo) fueron asesinados en el penal de Apodaca para encubrir la fuga de 30 Zetas. Fue el ejemplo tangible de quién tenía el control de esta cárcel.

Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo hace unos días de visita en Monterrey. No emitió ningún elogio para las cárceles estatales, al contrario, hizo nuevamente un llamado de atención al gobierno estatal para que mejore la situación de los penales, sobre todo a que ponga fin al auto gobierno de grupos criminales al interior de estos sitios.

La CNDH ha reiterado la mala situación de los penales de Nuevo León desde que publicó el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2011 donde el estado se ubica como el séptimo estado peor calificado del país con 5.77 puntos sobre 10. Y parece que las cosas no han mejorado.

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