Por Camilo Ruiz

Al día siguiente del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, dio una conferencia de prensa en donde afirmó que se trataba sin duda de un “aberrante abuso de autoridad’’ (¿pero la autoridad, en Iguala, no era él?), exigió castigo a los responsables (¿pero el responsable no es, antes que nadie, él mismo?) y pidió licencia como edil. A las pocas horas había desaparecido.

Con ese acto iniciaba la ya larga lista, que sin duda engrosará en las semanas que vienen, de hipocresía y gatopardismo por parte del PRD para escurrir el bulto respecto a su responsabilidad en la masacre de Ayotzinapa. Otras dos, simbólicas: Cárdenas y Gilly en la marcha en la Ciudad de México, como si Abarca y Aguirre no militaran en el mismo partido que ellos; minutos después recibiendo mentadas de madre y proyectiles en la cabeza. Luego: los senadores del PRD, Encinas a la cabeza, diciendo que no es una buena idea pedir la destitución de Aguirre, gobernador de Guerrero, porque eso podría coadyuvar a la debilidad de los poderes en el estado, y porque, colmo del oportunismo, de todos modos sólo le quedan nueve meses.

En efecto, desde que se comenzaron a saber los detalles del involucramiento de Abarca en el asesinato de los normalistas, el discurso que ha salido del PRD ha sido más o menos el siguiente: por supuesto que lo que aconteció está mal, pero no es nuestra culpa, porque Aguirre no sabía nada y no tenía nada que ver; es un problema estrictamente local, y la cuestión de fondo es que el narco se infiltró, lo cual le podría suceder a cualquier otro partido.

Lo anterior podría ser cierto. Desafortunadamente para ellos, no lo es. Por tres razones. La segunda masacre de Ayotzinapa, aunque de una dimensión distinta, se inscribe en la línea recta de la represión que Aguirre ha emprendido con beneplácito de su partido, de la burguesía y del gobierno federal, contra los movimientos sociales del estado (la oposición de su propio partido incluida). No hay que olvidarse de que dos normalistas ya habían muerto en 2011, asesinados por policías vestidos de civiles. Más recientemente, Aguirre reprimió duramente a la Policía Comunitaria, mandando a Nestora Salgado a una prisión de alta seguridad. En junio de 2013, Abarca hizo asesinar a tres opositores perredistas. Nadie fue castigado por los asesinatos de 2011, ni de 2013; Nestora sigue en la cárcel. (Esta es una lista sucinta. Hay que agregar todos los movimientos campesinos reprimidos por luchar contra los megaproyectos, etc.)

Segunda. A la fecha, la dirección del PRD no ha expulsado a Aguirre, Abarca o a su esposa del partido. Si a los perredistas les interesara, lo primero que hubieran hecho sería expulsarlos públicamente a ellos y a todos los involucrados. No lo han hecho, ni lo harán. La dirección nacional ha salido al paso a defender a Aguirre desde el primer día. Recientemente sus senadores pontifican que destituirlo abonaría a la inestabilidad.

Desde la campaña electoral hay rumores de que Abarca estaba ligado al narco. (Vale la pena, para eso, leer este blog publicado en 2012: http://igualalibre.blogspot.com.es/) Para más inri, los mismos rumores existían acerca de su competidor en la elección interna del PRD, como para probarnos a todos que el PRD es estructuralmente incapaz de tener candidatos que no sean narcos. Por supuesto, ningún partido está vacunado contra la influencia del narco. Pero el PRD nunca se interesó en estos rumores, nunca llevó a cabo una investigación interna. Tal vez fue así porque quién sabe cuántos cientos o miles de sus candidatos están ligados al narco, y purgar al partido de su influencia sería como cortarle una pierna…

El PRD es responsable. Navarrete no tenía que ordenar el asesinato desde sus oficinas en la Ciudad de México para que su partido fuera responsable por omisión repetida, por no actuar a tiempo para hacer una limpieza en Guerrero, incluso ahora por no actuar con firmeza. En esos momentos, ni Cárdenas ni AMLO levantaron la voz. Morena también está salpicado con la sangre de los normalistas. Si lo hacen ahora no es porque les interese, porque sientan algún dolor por el asesinato de normalistas, sino porque saben que el futuro de su partido está en juego y no tienen de otra más que acomodarse. Pero es vano, también. El PRD, descalabrado, emana muerte y putrefacción. Cualquier persona con principios tiene el deber moral de salir de ahí inmediatamente, bajo riesgo de justificar por omisión lo que otros militantes de su partido han hecho.

Si la búsqueda de justicia depende de estos personajes y de estas instituciones, será la justicia a paso de camaleón. El mayor riesgo que corre ahora el movimiento que la masacre ha provocado es el de asumirla a ésta como un asunto penal, detectivesco casi. Por supuesto que hay que averiguar qué llevó a una banda de narcotraficantes enquistada en el gobierno a asesinar a 46 estudiantes, el rol de todos y cada uno de los policías municipales y los sicarios del narco, etc. Pero adoptar esa perspectiva de justicia detectivesca, donde todo se reduce a móviles y donde la búsqueda de culpables se limita a la búsqueda de los que llevaron a cabo materialmente los crímenes, implicaría despolitizar completamente la justicia.

No, la justicia, en Ayotzinapa, para que sea real, tiene que ser una justicia política. Los verdaderos responsables son los políticos, ante todo del PRD, pero también del gobierno federal, que cobijaron a Aguirre y a Abarca en su largo historial de crímenes y asesinatos. El país vive un momento clave. Si los responsables de la masacre son capaces de continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, la sociedad mexicana vivirá uno de sus peores golpes; la prueba de la hegemonía del Estado y el triunfo de la narco-burguesía, que es capaz de hacer desaparecer a 46 estudiantes, emitir algunas declaraciones, jugar al policía y al final dejar que todo siga su curso. Por ahora, los estudiantes muestran el camino. Hay que hacer que las protestas se extiendan hasta que caiga Aguirre y todos los que lo cobijaron. 

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