Hasta ahora, sólo conocemos algunos hechos fragmentados y con múltiples versiones de las masacres de San Fernando y Cadereyta. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aún falta una verdad con hechos establecidos, autores identificados y víctimas escuchadas. Esa verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad.

Por Diego Enrique Osorno

Ilustración por Haydeé Villarreal

Setenta y dos migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados en agosto de 2010 de manera simultánea en San Fernando, Tamaulipas; entre abril y mayo del año siguiente, en las profundidades de la tierra de ese mismo pueblo del noreste mexicano, se descubrieron 47 fosas en las que yacían clandestinamente los cuerpos de por lo menos 193 hombres y mujeres. Al año siguiente, en mayo de 2012, no muy lejos de San Fernando, los restos de 49 personas fueron lanzados sobre una carretera de Cadereyta, Nuevo León.

Estas son tres de las mayores masacres ocurridas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, durante el cual se violaron masivamente los derechos humanos y se cometieron delitos de lesa humanidad que merecen ser investigados a fondo. En nuestra región, para muchos ciudadanos, el dolor ante estas atrocidades será un dolor infinito, sin embargo, en su momento, dichos acontecimientos no provocaron sólo miedo sino terror entre los ciudadanos. Así es: el terrorismo apareció en nuestras ciudades y pueblos, sin que hasta la fecha tengamos realmente claro cómo y por qué sucedió.

A lo largo de los últimos tres años, diversas personas y grupos de la sociedad civil han recorrido laberínticos caminos de la burocracia legal mexicana buscando abrir los expedientes oficiales sobre estas tragedias para tratar de arrojar luz donde ahora sólo hay sombras. Agotadas las posibilidades en el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Procuraduría General de la República, la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante una situación excepcional, se requieren acciones excepcionales. Por eso es necesario que exista una versión pública de la investigación oficial que se ha realizado de estos tres hechos que forman parte de la crisis humanitaria padecida en el noreste mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sentar un gran precedente para evitar que la corrupción se mantenga dentro de los Ministerios Públicos que deberían indagar estos acontecimientos, para combatir la impunidad y para empezar a construir una verdad histórica que ayude a reconstruir el tejido social.

Este no es el problema de un número específico de 283 víctimas masacradas en tres hechos distintos. La sociedad mexicana en general fue víctima de este terrorismo que paralizó la vida de cientos de pueblos y ciudades. Eso nunca debería suceder de nuevo, por eso es tan importante que el gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para reparar los daños, reconocer sus omisiones, afrontar sus errores y sancionar a los responsables.

En el caso de lo que sucedió en San Fernando, Tamaulipas, entre la información que se conoce ahora —muy escasa debido a la imposibilidad de hacer periodismo en la zona—  está la de que policías locales participaron en estos actos. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto hubo colusión por parte de otras autoridades, ni tampoco se conoce con precisión qué está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto para llevar justicia por estos casos ocurridos durante la llamada Guerra del Narco.

Para desterrar el terror, hace falta la verdad.

Más información: http://derechoalaverdad.articulo19.org/

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