Por Camilo Ruiz

Si uno le cree al gobierno federal, este 10 de mayo los mexicanos no sólo festejaremos el tradicional día de las madres, sino también el final del conflicto en Michoacán. El acuerdo firmado este 15 de abril entre el flamante comisionado Alfredo Castillo y los líderes de las autodefensas prevé que para ese día la situación esté ya lo suficientemente tranquila como para que éstas registren sus armas y se institucionalicen en cuerpos de la Policía Rural.

Dejemos de lado, por un momento, el sueño guajiro de que en unas semanas termine el conflicto en Michoacán. Lo interesante del acuerdo es que éste no incluye la idea del desarme. Las autodefensas tendrán que registrar sus armas, pero no entregarlas. La diferencia salta a la vista, aún cuando, por supuesto, hacer lo primero sería un error político grave.

El gobierno traza entonces una línea para distinguir y fracturar al movimiento entre las autodefensas genuinas y las que no lo son (que, uno entiende, por consecuencia, son más bien grupos formados por los narcotraficantes como fachadas políticas). En boca de Castillo, la distinción genuinos-falsos se vuelve una entre aquéllos que quieren pactar con el gobierno y aquéllos que no.

Esta política de conciliación agresiva es el complemento de la otra, la de hostigamiento directo y encarcelación de varios líderes, que primó hasta hace unos días. El problema del gobierno federal, la fuente de su debilidad, es que no puede llevar ninguna de las dos hasta el final y por lo tanto se ve obligado a trocarlas cada cierto tiempo. Por un lado, no puede enfrentarlas directamente, porque las autodefensas claramente tienen el apoyo de una gran parte de la población, y una represión directa implicaría un baño de sangre y enfrentamientos militares que Peña Nieto no se puede permitir. Por el otro, mantener la ilusión de control y gobernabilidad significa no poder aceptar los términos de las autodefensas, lo cual obliga a buscar sutilidades políticas y soluciones parciales a través de las cuales éstas sean absorbidas por el aparato estatal y sus aristas más radicales limadas por la institucionalización.

Las autodefensas, por su lado, se apegan a sus rifles como si de ellos dependiera su vida, precisamente porque así es. En este reflejo hay más intuición que comprensión política, y ahí está la principal debilidad del movimiento: ¿se puede realmente terminar con el problema del narcotráfico dentro de un solo estado? Si un cártel es derrotado militarmente un día, ¿qué hay que hacer al día siguiente?

El movimiento de las autodefensas y, a su modo, el de las policías comunitarias se enfrentan al mismo problema que recurre en los movimientos sociales desde hace más de dos décadas. ¿Qué pasa después de que se logra el primer objetivo? Sin un programa para el día siguiente, los movimientos tienden a convertirse en carnavales de radicalización, donde el odio y la rabia son expulsados del cuerpo durante un día para volver a la rutina diaria a la mañana siguiente. En este caso, la rutina está corporizada en la institucionalización en Policías Rurales.

El sistema, por su lado, asegura de forma más o menos automática su reproducción, y esto es muy claro: una vez que los Templarios van de salida, Tierra Caliente queda en la mira de los otros cárteles nacionales. Michoacán estará en el ojo de la tormenta en tanto que el tráfico de droga sea redituable o hasta que una nueva ruta que lo evite sea encontrada.

Y ahí la razón de la ingenuidad del gobierno federal al creer que en unas semanas Michoacán será liberado y “las condiciones estarán dadas” para permitir la extinción de las autodefensas. Pero, parafraseando a Engels, las autodefensas no necesitan de las armas en aras de la libertad, sino para oprimir a los opresores.

El intento del gobierno federal de desarmar a las autodefensas no proviene, como lo cree un sector amplio de la izquierda, de un supuesto deseo de restaurar el presidencialismo autoritario típico del viejo PRI, sino de los resortes básicos de la democracia burguesa, que simplemente no se puede permitir la existencia de grupos armados que ejerzan una parte de las funciones estatales.

Si el gobierno quiere desarmar, no es porque sea autoritario, sino precisamente porque es democrático. He ahí la paradoja de la representatividad liberal: tiene que limitar la democracia a aquéllas esferas de la vida social que no pongan en tela de juicio la estructura económica sobre la cual ésta se desarrolla. Y ahí yace la importancia histórica de los movimientos de Guerrero y Michoacán: en quitarle el monopolio de la democracia —armada— al Estado.

Pero la moneda está en el aire. Preparémonos para el día de las madres. 

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