Ilustraciones de la serie ‘Colores urbanos’ por Dose 

Desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) es la organización guerrillera vigente más antigua de México, la cual tiene una presencia importante en Oaxaca.

“Son ya casi 50 años de lucha congruente y firme, de convicción revolucionaria reivindicando las necesidades históricas del pueblo oprimido y explotado, dice el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a Contralínea. En entrevista, el EPR reivindica ser una evolución de la Unión del Pueblo (UP), que luego se denominó Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). No se refiere ya al Partido de los Pobres (PDLP), de Lucio Cabañas, y cuya sigla acompañó a la del PROCUP en la década de 1980 y hasta mediados de la de 1990: PROCUP-PDLP. El máximo órgano directivo del EPR asegura que nació en 1964, a diferencia de lo que han señalado estudios académicos y otras organizaciones guerrilleras, quienes ubican la fundación de la UP entre 1970 y 1972. Con la fecha ofrecida por el EPR, la organización se sitúa como la decana del movimiento guerrillero en México. Incluso, antes del ataque al Cuartel de Madera, Chihuahua, realizado en 1965 por los guerrilleros comandados por Arturo Gámiz. La guerrilla con estructuras en al menos 11 estados de la República no reconoce haber sufrido desprendimiento alguno. Mucho menos padecer una diáspora. Propaganda del régimen, considerar a las siglas ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), FARP (Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo), CCP-CJ28 (Comité Clandestino de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio), MRLCB (Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos) o, entre otras más, TDR-EP (Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo) como desprendimientos de la estructura eperrista. Lo que ha ocurrido, asegura, es una depuración”. (Contralínea, enero de 2014)

Uno de sus miembros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, nació el 24 de marzo de 1952 en la ciudad de Oaxaca. Es el sexto de ocho hermanos. A los 11 años de edad ingresó a la secundaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde empezó a participar en el movimiento estudiantil de aquella época. Fue uno de los organizadores de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO), que a su vez creó un Bufete Jurídico Universitario para asesorar las luchas campesinas y obreras. El crimen de Estado cometido en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco marcó un parteaguas en el movimiento estudiantil oaxaqueño en el que Gabriel participaba. Sus compañeros del PDPR-EPR difundieron una semblanza en la que recuerdan así los sucesos:

“El 2 de octubre conocimos la masacre de los estudiantes en Tlatelolco en el Distrito Federal, y los estudiantes de la UABJO para esos días ya habían realizado movilizaciones de solidaridad. También se luchaba por reivindicaciones locales, como lo eran detener el intento de alza de pasaje para los estudiantes, denuncia de la represión de campesinos y el decomiso de sus mercancías, los problemas agrarios, entre muchos otros. Después de la masacre de Tlatelolco seguía tomado el edificio central de la universidad. Te recuerdas haciendo guardias, círculos de estudio, ayudando a rescatar las mercancías robadas por la policía a los vendedores ambulantes, después fueron desalojados los universitarios oaxaqueños del edificio central, siendo incendiado el portón de la UABJO, medidas de un Estado represivo y autoritario”. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Cruz Sánchez asumió durante sus estudios de bachillerato un perfil de líder. También se distinguió por su transparencia y honestidad.

“[…] nos viene a la memoria la ocasión en que fuiste secretario general de la preparatoria. Te tocó negociar en varias ocasiones con los empresarios dueños de los autobuses urbanos para evitar el alza del pasaje. Es en esta labor cuando ellos te ofrecieron traicionar a la base estudiantil, queriendo corromperte ofreciéndote prebendas como carro, casa, dinero y beca a cualquier país que tu eligieras, pero nada ni nadie lograron quebrantar tu convicción de honradez y sentido de la responsabilidad. Ante tal proposición aceptas una cita para ‘negociar’ con dichos empresarios, y sin que éstos se enteraran, citaste a la base estudiantil en el gimnasio universitario, y cuando llegan, qué sorpresa se llevaron: en lugar de negociación se enfrentan a un gimnasio repleto de estudiantes en donde desenmascaras la proposición y planteas a la asamblea que decidiera si aceptabas o no dicha propuesta. Tú sabías que los estudiantes se negarían a esto y que el movimiento contra el alza del pasaje y el transporte libre para el estudiantado continuaría bajo el interés de la base universitaria”. (El Insurgente, diciembre de 2014)

En 1970, Cruz Sánchez fue detenido y encarcelado por el secuestro de Sadot Sánchez Carreño, entonces líder de las juventudes priistas y a la postre miembro del aparato gubernamental priista oaxaqueño y senador de la República.

“La movilización estudiantil continuaba y los porros hacían su papel de reprimir dichos movimientos. En este proceso fue asesinado por porros el compañero y amigo Gastón Eruviel Martínez Salazar. Inmediatamente se organiza una asamblea en la Preparatoria No. 1 para tomar decisiones sobre el plan a seguir ante este asesinato. Es así como surge la idea de que para acelerar el esclarecimiento se decide que era necesario presionar al Estado, y llevarse a alguien con peso político, sin más qué decir tomas al primero que te encuentras y con un amigo de la prepa decides llevarte a Sadot Sánchez Carreño, destacado miembro del PRI local. Fue espontáneo, sin pensar dónde llevarlo, ni con quién y es así que te encuentran a los tres días y te llevan a la cárcel en donde fuiste tratado como criminal por el Estado y sus esbirros, ya que por meses te aislaron y sometieron a castigos. Tu madre siempre estaba contigo llevándote comida cuando la dejaban pasar. Tu sonrisa se dibuja al contar aquellas anécdotas”. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Cruz Sánchez se incorporó a las filas de Unión del Pueblo, la organización guerrillera que antecede al PDPR-EPR.

“Al salir de la cárcel tu labor de constructor y de organizador se fortaleció, y en lugar de amedrentarte, se consolidó tu carácter y tu ímpetu revolucionario. Te integraste sin más ni menos a la labor revolucionaria. En el año de 1972, ya como Unión del Pueblo (UP), hoy sabemos que tu familia fue víctima de la represión policiaca. Así son detenidos tus hermanos Casto y el más pequeño de tan solo doce años, a los que torturaron con el fin de que dijeran dónde estabas. Al no encontrarte, también detuvieron a tu sobrina. Es así que a partir de 1972 empieza la persecución policiaca hacia tu persona. Fueron 35 años de vivir en la clandestinidad dentro de la clandestinidad, en los cuales demostraste siempre tu carácter alegre y personalidad firme, así como la constancia en la labor revolucionaria”. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Edmundo Reyes Amaya nació en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, el 10 de noviembre de 1949. De acuerdo con una investigación periodística de Emiliano Ruiz Parra, en su acta de bautismo aparece como Edmundo, aunque en el registro civil es Andrés.

“Fue el mayor de 10 hermanos de una familia en donde sólo alcanzó para que terminara la primaria. Su infancia y su juventud transcurrieron entre Oaxaca y la Ciudad de México, en donde fue albañil, cargador y obrero. En 1976 se casó con Lucina y con ella vivió de vender ropa en los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca. Se mudó con su familia a México cuando su hijo mayor tenía 15 y la menor 12 años. Su único lujo era el beisbol. De joven había sido catcher en Los Astros y en Los Delfines en ligas amateurs de Oaxaca y el Distrito Federal. Coleccionaba gorras de beisbolista, tenía un bat y una manopla con la que jugaba con su hijo mayor. Los fines de semana iba con sus hijos a ver los juegos de Ciudad Deportiva. Su familia sólo lo perdía de vista cuando iba a ver a sus padres a Oaxaca. Así ocurrió el 23 de mayo, que se despidió de beso de Lucina y Nadín con el compromiso de volver el 30 de ese mes”. (Reforma, 4 de noviembre de 2007)

Según El Insurgente, órgano de análisis y difusión del PDPR-EPR:

“Edmundo Reyes Amaya por lo menos desde la década del 90 era buscado también por el aparato civil-militar de inteligencia, sobre todo en Oaxaca, donde le temían por su alta combatividad y congruencia política. De esto pueden dar cuenta diversos activistas políticos de los Loxicha y diversas personalidades defensoras de los derechos humanos, a quienes los criminales al servicio del Estado hostigaba y presionaba para tratar de hacerse de información que les permitiera detener-desaparecer como lo hicieron a nuestro camarada”.

De acuerdo con el testimonio vertido ante la CVO por familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya:

“Edmundo y Gabriel son originarios del estado de Oaxaca, son luchadores sociales que pertenecían al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario. Ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares, así como en el interior de su organización. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron en la clandestinidad su actividad política en esta organización. Nuestras familias se enteraron de esta situación al momento en que se denunció su desaparición, y con los años hemos podido conocer algo acerca de su militancia por información hecha pública por parte de su organización”. (Testimonio CVO)

En una comunicación hecha llegar el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR comparte su testimonio a la CVO:

“Este comunicado se los enviamos para que hagan las investigaciones que les correspondan dentro de lo posible, con la mayor premura, para evitar cualquier tipo de intervención del Estado mexicano, ya que familiares de luchadores sociales detenidos, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos por temor y amenazas recibidas no han hecho, por sí solos, declaraciones a la Comisión, ni públicas, lo que se ha constituido en un obstáculo para la propia Comisión en cuanto al conocimiento de la verdad”. (Testimonio CVO)

El grupo da su visión sobre el contexto histórico en el que ocurrió el conflicto del 2006-2007, así como una caracterización del movimiento social:

“El pueblo de Oaxaca es un pueblo que a través del tiempo ha intentado sacudirse de la opresión y del despojo, razón por la cual ha sido brutalmente reprimido, aunque también ha alcanzado victorias que han quedado plasmadas en su ya histórica resistencia. En los años 40 y 50 se habían generado movimientos populares para destituir a los gobernadores Edmundo M. Sánchez Cano (1944-1947) y Manuel Mayoral Heredia (1950-1952), entre otros. Estos movimientos populares fueron brutalmente reprimidos, hubo muertos, heridos, aun así lograron triunfar en su objetivo, expulsar a estos malos gobernantes.

“En el año 2006, nuevamente, se agudizó el movimiento popular esta vez en apoyo al magisterio como sucedió en los años 70, en que el movimiento popular estudiantil logró la destitución del represor gobernador Manuel Zárate Aquino.

“El entonces presidente José López Portillo movilizó al Ejército federal y envió a más de 20 mil soldados a la ciudad de Oaxaca, que realizaron maniobras militares que empezaron con un desfile de esos que, antes que nada, tratan de intimidar al pueblo para iniciar, a la vez, una ‘cacería de brujas’ y con el cinismo que les caracteriza encarcelar a luchadores sociales y personas no organizadas, personalidades que se dedicaban y deseaban transformar principalmente a la heroica Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la vida de los ciudadanos que ya en ese tiempo eran acusados, sin prueba alguna, de ser miembros de nuestro partido, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).

“Así, el movimiento popular estudiantil logró hacer renunciar a Manuel Zárate Aquino, y el Estado mexicano logró imponer al tristemente célebre general Eliseo Jiménez Ruiz (1977-1980), represor del movimiento popular estudiantil de 1968 en el D.F. y represor del pueblo de Guerrero, quien continuó con la represión cometiendo crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada ahora en Oaxaca.

“Desde los periodos de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998) y de José Murat Casab (1998-2004), sobre todo el primero, se organizó y preparó a los cuerpos policiacos y paramilitares que desempeñarían la función de reprimir, llegando al clímax con la soberbia, el descaro y cinismo de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), razón por la que el pueblo oaxaqueño también exigió su destitución aunque se enfrentó a la impunidad y apoyo total que el Gobierno federal representado por Felipe Calderón Hinojosa le otorgó al enviar nuevamente al Ejército federal y a la entonces PFP al mando de Ardelio Vargas Fosado, cuyo negro historial se inicia con su participación en ‘labores de inteligencia’ en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), estuvo en Chiapas en 1994 durante el levantamiento zapatista, Director del Cisen del año 2000 al 2005, director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el año 2004 y Comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y dirigió las operaciones en Oaxaca a partir del 28 de octubre del 2006. Actualmente, es director del Instituto Nacional de Migración.

“Un factor común de los anteriores y los actuales movimientos populares en apoyo a campesinos indígenas, comerciantes, estudiantes, maestros ha sido que los gobernantes en turno utilizan grupos paramilitares para realizar los hechos más crueles y despiadados, como viene sucediendo, hasta llegar a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizadas durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ante el avance del movimiento popular; como ejemplo, la instrumentación por Heliodoro Díaz Escárraga del Plan Hierro.

Así que ha sido una secuencia de violencia y opresión contra el pueblo oaxaqueño. Al llegar Ulises Ruiz, se agudiza la represión contra los manifestantes, contra la CNTE representada por la sección XXII y contra las organizaciones que la apoyaron y formaron la APPO en donde se empiezan a dar no solamente aprehensiones sino ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos entre el 24 y 25 de mayo de 2007, y partir de entonces sometidos a desaparición forzada. El 25 de mayo, el PDPR-EPR emitió un comunicado en el que reiteraba su postura en contra de los gobiernos estatal y federal:

“En Oaxaca se siguen los pasos de Felipe Calderón: el autoritarismo, la violación a las garantías individuales y la violencia institucional han sido el sello de este sexenio. Calderón en plena desfachatez no se detiene en aplicar e imponer su política represora. Fiel a su doctrina panista, no cesa en aplicar la guerra contrainsurgente en contra del pueblo mexicano. Ante la política fascista de Ulises Ruiz y Felipe Calderón, el movimiento popular oaxaqueño debe prepararse de manera organizada reconstruyendo la unidad de todos los sectores sociales, tomando como principio que todo movimiento popular debe de implementar la Unidad desde las bases y debe de generar la educación política masiva. El fascismo del Estado burgués tendrá como respuesta la lucha clandestina, y por consiguiente la lucha armada revolucionaria. A todos nuestros combatientes de nuestro ejército, a todos nuestros militantes de nuestro partido: sigamos en nuestra preparación política-militar, continuemos con la lucha guerrillera, hagamos de nuestros 43 años de lucha nuestra bandera de la historia y de nuestro futuro revolucionario”. (EPR, Comunicado, 25 de mayo del 2007)

Unos días después, el PDPR-EPR emite un nuevo comunicado en el que denuncian la detención de tres de sus integrantes en la ciudad de Oaxaca, ocurrida el 25 de mayo de ese año:

“Informamos: que el día 25 de mayo de este año, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales.

“Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR por el ejército, la AFI y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército.

“Sabemos que esta es la forma en que este Estado fascista, representado por Felipe Calderón y Ulises Ruiz, se regodea y hace alarde de su poder, sobre todo cuando no hay ninguna autodefensa, por lo que los hacemos responsables de lo que pueda suceder a nuestros compañeros.

“Es necesario que todo aquel que se considere parte de la oposición a un régimen de este tipo se pronuncie por la presentación de nuestros militantes y advertimos que si de alguna forma pretenden asesinar o desaparecerlos tendremos que apoyarnos en todo el pueblo para exigir su presentación con vida de inmediato.

“Saben los representantes del régimen que nosotros contamos con una ética distinta a la de ellos, jamás hemos actuado sin que sea una justa respuesta, por lo que lo más adecuado sería que no se siga actuando como lo están haciendo en contra de los ciudadanos y sobre todo con los luchadores sociales.

“Hacemos un llamado por este conducto a la solidaridad de todos los organismos defensores de los derechos humanos para integrarse a la demanda de la inmediata presentación con vida de nuestros tres militantes”.

El nombre de Raymundo Rivera Bravo era uno de los nombres que también usaba Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y es por ello que el PDPR-EPR lo refirió así en su primera denuncia pública de los sucesos. A raíz de la denuncia y luego de una serie de atentados realizados por el grupo en contra de instalaciones energéticas, el Estado reaccionó parcialmente. La CNDH llevó a cabo una investigación en la cual concluyó que tanto Gabriel Alberto Cruz Sánchez como Edmundo Reyes Amaya habían sido víctimas de desaparición forzada.

“Servidores públicos del Estado mexicano, particularmente del Gobierno federal; del Gobierno del estado de Oaxaca; así como del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; vulneraron en perjuicio de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso, previstos en los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 17, primero y segundo párrafos; 20, apartado B, y 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir realizar las acciones adecuadas, para ubicar su paradero e incurrir en serias contradicciones en sus informes, respecto de su participación en el operativo a partir del cual se denunció la desaparición de ambas personas”. (CNDH, Recomendación 7/2009)

También fue formada de manera especial una Comisión de Mediación (COMED) entre el Gobierno federal y el PDPR-EPR, la cual estaba integrada por ciudadanos de alta calidad intelectual, moral y convicción democrática como Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García y Gilberto López y Rivas. El 14 de agosto de 2008 este organismo civil hizo pública la conclusión de que:

“Elementos claves en todo el proceso de la desaparición y búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez han sido el ejército mexicano y diversas instancias gubernamentales en Oaxaca. […] ‘El ejército participó activamente en el operativo del día 24 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol en la ciudad de Oaxaca. Elementos del Ejército acordonaron la calle y penetraron en el hotel. Este hecho está confirmado por diferentes testimonios: los periodísticos, los de empleados y dueños de establecimientos comerciales vecinos al hotel El Árbol, los empleados de recepción del hotel y los cuatro policías ministeriales de Chiapas que se hospedaron ahí ese día. El 24 de mayo de 2007 en la calzada Francisco I. Madero número 131 y sus inmediaciones, […], en la colonia centro de Oaxaca, se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano adscritos a la VIII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca; de la Dirección General de Seguridad Pública de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana y de la entonces Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El entonces director de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, comisionó en esa fecha a ocho elementos de esa Procuraduría. Éste reconoció que a dicho lugar “llegaron todas las corporaciones policíacas de Oaxaca; esto es, la ministerial, la preventiva y la municipal, además del propio Ejército mexicano, y que el operativo duró aproximadamente 40 minutos sin que se le reportara la detención de alguna persona”. (COMED, Informe)

En su informe, la COMED refiere que, en agosto de 2007, dos personas que se presentaron como militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP)

“[…] y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar N°1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del ejército en este proceso de pesquisas y acciones del Gobierno federal”.

El 21 de abril de 2015, en un comunicado dirigido a la Comisión Civil de Seguimiento y búsqueda para la localización y presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el PDPR-EPR da a conocer hallazgos de la investigación que han hecho por su cuenta sobre lo sucedido, en la cual se corroboran y precisan algunas versiones. Se trata de 17 puntos clave que aquí se presentan:

“1. Los compañeros estaban cubriendo una agenda de trabajo de análisis y elaboración de alternativas en torno a la actividad revolucionaria que se llevaba en esas fechas en la entidad de Oaxaca. Por consecuencia, tenían días de estar realizando diferentes reuniones de trabajo con compañeros de las estructuras clandestinas. El compañero Gabriel alcanzó a Edmundo en la ciudad de Oaxaca el día 22.

“2. Al mismo tiempo realizaban labor de preparación política y formación ideológica, lo que requería constantes traslados entre la zona urbana y rural, de un municipio a otro, al interior de la ciudad a diferentes colonias, expuestos de forma constante en el cumplimiento las tareas desarrolladas en un contexto de estado de sitio policiaco-militar desplegado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. En el momento de su detención se encontraban desarmados y no asumían una actitud ofensiva militar.

“3. Durante todo este tiempo se comunicaron en los tiempos y formas acordadas con la estructura a la que se reportaban.

“4. El día 24 de mayo, a las 11 horas, el compañero Gabriel se reportó, como estaba establecido, informando y confirmando que trabajarían en el transcurso de la noche, pero el lugar donde lo harían no tenía cobertura para la comunicación. Por tal motivo no podría haber contacto por la noche, que no nos preocupáramos. Sin embargo, a las 20 horas una comisión los buscó, intentando establecer comunicación sin lograr dicho cometido. En la misma comunicación del 25 de mayo, a las 11 horas informa que se comunicaría al día siguiente a las 6 horas del 25 de mayo, por tal motivo no se establecieron los mecanismos de alerta partidaria.

“5. Confirmamos, después de un exhaustivo proceso de información y comprobación, que el día 24 de mayo de 2007, al concluir una reunión de trabajo, a las 17 horas fueron trasladados del sur de la ciudad de Oaxaca en un vehículo por una comisión de partido y los dejaron cerca de la Central de Autobuses de Segunda Clase, en el periférico y privada Las Flores. La comisión desconocía, por motivos de compartimentación, la dirección a la que se dirigían y la agenda a cubrir ese día. Una vez que descendieron del automóvil el movimiento de los compañeros es a pie.

“6. Lo que la comisión de traslado desconocía es que a las 18 horas tenían una cita en el Jardín Madero, entre Morelos y cerca del centro comercial Gigante, hoy Soriana Madero. El encuentro estaba previsto en la esquina de la calle Francisco Madero y Húzares. Sabemos que el contacto se realizó y se trasladaron a un domicilio de partido en el cual trabajaron en el transcurso de la noche con el Comité Estatal, en concreto en la elaboración de un comunicado que fue enviado el 25 de mayo por la tarde y publicado en la página electrónica de CeDeMA. El comunicado está signado por el Comité Estatal.

“7. De acuerdo a lo establecido (el día 24 de mayo), entablar comunicación a las 6 horas del 25 esperamos la llamada, la cual no se realizó, por tal motivo se inició el proceso de localización para verificar que estuvieran bien los compañeros, a la vez se iniciaba la alerta interna.

“8. A las 6:30 horas del 25 se intentó establecer comunicación por medio del teléfono celular personal de Gabriel Alberto, sin lograrlo; siempre nos envió al buzón. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con los dos compañeros.

“9. Declarada la emergencia interna de seguridad, otra estructura que se coordinaba con el compañero Edmundo, intentó entablar comunicación llamando a su teléfono celular personal a las 14 horas del día 26. El teléfono daba el tono de que la llamada era recibida por el teléfono, sin embargo, no era contestado; se estuvo localizándolos por diferentes medios sin lograrlo; la incomunicación vía celular y la no localización física de nuestros dos compañeros, vino a confirmar la alerta de seguridad. Elementos que dentro de las normas y principios de seguridad partidaria, nos confirmaban que se trataba de una detención-desaparición.

“10. Por las normas de seguridad que exige la clandestinidad, el esclarecimiento de los detalles y el motivo de su desaparición se fue articulando gradualmente con la recopilación de la información al interior y exterior de nuestras estructuras. Concluyendo y confirmando en el transcurso de 48 horas que su detención-desaparición fue obra del Estado por medio de su aparato represivo en acción coordinada de fuerzas locales y federales.

“11. Comprobamos que la reunión de trabajo con el Comité Estatal el 24 por la noche se desarrolló cabalmente, por la mañana entre las 5:00 y 5:30 horas se retiraron del domicilio en un vehículo, el comisionado de transportarlos reportó que los dejó en el punto acordado sin novedad, por el área donde había pasado la tarde-noche anterior por ellos.

“12. Esta era la última reunión de trabajo en el estado de Oaxaca de ambos comisionados (Gabriel Alberto y Edmundo) el compañero Gabriel tenía un compromiso en un estado colindante el día 26 por la mañana, de lugar de donde se le esperaba también llamaron a su teléfono celular a las 14 horas para confirmar el compromiso acordado, sin obtener resultados positivos, su teléfono continuaba enviando a buzón.

“13. Gabriel Alberto tenía un buzón en la ciudad de Oaxaca donde guardaba artículos personales y materiales de trabajo que debían ser trasladados ese día, por lo cual debía pasar antes de las 7 horas por ellos, el día 25 de mayo ya no llegó al buzón, infraestructura que mantuvimos funcionando por mucho tiempo después, en la cual no se presentó ningún elemento extraño, se comprobó que siempre estuvo fuera de peligro hasta la fecha.

“14. Previo a declarar públicamente su detención desaparición por motivos políticos cubrimos todo el procedimiento de verificación que incluye entre otros aspectos la revisión de toda estructura y relación política con las que se coordinaban y tenían contacto.

“15. El siguiente paso fue dar a conocer el día 27 de mayo a partir de las 7 horas a diferentes organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos la detención-desaparición de nuestros compañeros. Solicitud de búsqueda y denuncia ante ONG de la cuales inicial [Sic] la respuestas fue de evasión y negativa; prevaleció por horas la indolencia y la incredulidad de estos organismos, solo con uno después de insistir y proporcionar elementos fehacientes, que las cusas eran políticas, reafirmar que se trataba de dos revolucionarios y de apelar a la calidad de su misión humanitaria es que se logra convencer que estábamos ante un delito de lesa humanidad cometido por motivos políticos en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por su condición de revolucionarios. Fue difícil enfrentar la actitud de estas ONG que fue que de organismo nos enviaran a otro, y de éstos al que nos había remitido con ellos, pareció que nadie quería agarrar la papa caliente, al no querer asumir su misión humanitaria con consecuencia. Además a pesar de señalar de que se trataba de un asunto sumamente importante de esencia política por tratarse es riesgo la vida de dos revolucionarios por la perpetración de la detención-desaparición de nuestros dos compañeros, uno de estos representantes de una ONG nacional absurdamente nos solicitó cubrir requisitos no fundamentales para ese momento conduciéndose hasta de forma burocrática, al determinar su actuación más por la formalidad que por la esencia del caso: denunciar el crimen de lesa humanidad, buscarlos con celeridad y solicitar su presentación con vida.

“16. Tenemos conocimiento de un dato adicional: el 25 de mayo por la noche, en las oficinas de la Procuraduría Estatal de Justicia de Oaxaca, un ciudadano que tuvo acceso a los separos (por obvias razones nos reservamos la identidad), vio dos cuerpos muy golpeados y tirados en el suelo, que en un principio supuso estaban ebrios porque no se movían, pero luego observó su condición de torturados. Al conocer la noticia y los rostros de nuestros compañeros los identificó plenamente.

“17. En la información adicional también se encuentra que, al enterarnos que algunas personalidades defensoras de derechos humanos tenían información que podía ayudar a esclarecer el crimen de lesa humanidad cometido en nuestros compañeros, solicitamos la dieran a conocer, no sabemos por qué en ese momento no lo hicieron, pero hoy es del conocimiento público la detención del indígena Daniel Santiago Matías de los Loxicha, el mismo 25 de mayo, al cual lo interrogaron después de visitar a los presos de esta región, sabemos que el comandante Daniel Camarena Flores con la anuencia de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex procurador del Estado, le mostró una fotografía del compañero Edmundo y le pedía información sobre él. Hecho que confirma la participación de las estructuras del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad. Daniel Camarena Flores tiene un largo historial represivo que lo ha mantenido de manera ininterrumpida como una pieza clave en el aparato represivo desde los años 70. Sin duda vinculado directamente a la detención-desaparición de nuestros dos compañeros, así como del resto de detenidos-desaparecidos en Oaxaca durante el movimiento magisterial popular.

“Ante esta información, el PDPR-EPR, considera equivocadas las líneas de investigación que refieren que Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos en el hotel El Árbol el día 24 de mayo, así como también la que se refiere a la detención por parte de la Policía Federal de caminos en un Volkswagen.

En el caso del hotel, no son nuestros métodos porque se cuenta con base política e infraestructura para tales fines, por lo tanto, cualquier detención que se quiera presentar el día 24 de mayo, a cualquier horario, no corresponde, nuestros compañeros estaban trabajando en un domicilio clandestino”.

Por Comisión de la Verdad de Oaxaca

*Este apartado forma parte del “Capítulo I: Víctimas Informe Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca Entregado el 29 de febrero al Poder Legislativo”.

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