Ilustración de la serie ‘Exposición de huellas en la memoria’ Por Diana Martinez 

Dentro de las cifras de víctimas por violación a los derechos humanos en México, se contabilizan aquellas que han sufrido las desapariciones forzadas, aunque a la fecha no se cuenta con cifras oficiales exactas y confiables. Por ejemplo, en abril de 2014 se mencionó la cifra de 26 mil dos meses después de que el gobierno federal reconocía a 20 mil 810, de las cuales 13 mil 195 desaparecieron en el régimen del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y 7 mil 615 durante el régimen actual. A finales de septiembre de 2015, el gobierno volvió a reconocer cerca de 20 mil.

Por su parte, otros organismos gubernamentales manejan cifras diferentes. Este es el caso de la CNDH, organismo que registró cuatro quejas en 2006 y 77 en 2010, mientras que el Programa de Personas Desaparecidas de la misma dependencia registró la presunta desaparición de 346 personas en 2010; en tanto que la PGR contaba con 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, 49 de ellas relacionadas con la Guerra Sucia. Por otra parte, las organizaciones civiles reportaron que cerca de 3 mil personas habrían sido desaparecidas en el país entre 2006 y 2011. Dentro de las cifras, el número de mujeres es desconocido: en las cantidades proporcionadas por la CNDH de 2006 a 2011 existen 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales mil 885 son mujeres (OFACONU, 2012 párr. 18 y 23).

Cabe destacar que las cifras de las violaciones a los derechos humanos se han incrementado con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública destinadas a los organismos de seguridad civiles, situación que se presentó, en mayor medida, a partir de 2006.

Dada la presión nacional e internacional con respecto al tema de la desaparición forzada, a finales de diciembre de 2015 se envió a la Cámara de Senadores como iniciativa la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Asimismo, propone castigar hasta con 150 años de prisión a quienes cometan este delito y 135 años a quien cometa el delito de desaparición por particulares.

Habrá que esperar si dicha ley retoma la definición de desaparición forzada establecida en los tratados internacionales destinados a esta materia y de los cuales México forma parte. Esto debido a que, si bien se ha tipificado el delito de desaparición forzada a través de los códigos penales, en estos no se define el significado de la misma tal y como se establece en los tratados internacionales, además de que se equipara este delito con el de secuestro o de detención ilegal.

Ante la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en marzo de 2011, este dio a conocer algunas de sus preocupaciones. Una de ellas se refería a que esta violación es sólo un delito autónomo en el Código Penal Federal desde 2001 y en la legislación penal de ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit y Oaxaca). Además de que, primero, en cada una de las legislaciones respectivas no se emplea la misma definición de desaparición forzada, ni aquella contenida en la Declaración. Segundo, la desaparición forzada se refiere sólo a “actos cometidos por funcionarios públicos sin incluir la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia. La pena varía dependiendo de la jurisdicción. El castigo no es necesariamente proporcional a la gravedad del delito, comparado con el de otros crímenes, como el secuestro”.

De igual manera, el Grupo de Desapariciones Forzadas señaló que, debido a la impunidad, muchos casos que deberían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son clasificados e investigados como “levantones”, o las personas son consideradas “extraviadas” o “perdidas”, particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes, sin una adecuada investigación (debida diligencia) para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada (OFACONU, 2012, párr. 14).

En esta sección se hará alusión al tema de la desaparición forzada durante el movimiento social de 2006-2007. Para ello se dividirá en tres partes: la primera de ellas explicará el significado del término desaparición forzada establecido en los instrumentos internacionales tanto universales como regionales. Asimismo, se mencionará la definición que se retoma en el ordenamiento nacional, para evidenciar la diferencia entre la definición internacional y la nacional y lo que ello genera.

En la segunda parte se estudiará —una vez dada a conocer las cifras de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca— la situación de los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) que desaparecieron en el contexto del movimiento social en Oaxaca en 2006 y 2007. La tercera y última parte se destinará a las conclusiones.

***

La definición del término desaparición forzada se ha venido acuñando en diferentes instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el Preámbulo de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en la resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1992, se señala que se considera desaparición forzada cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y luego se niegue revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

En el mismo Preámbulo se señala que la práctica sistemática de la desaparición forzada representa un crimen de lesa humanidad.

Posteriormente, se estableció a nivel regional la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el día 9 de junio de 1994, en cuyo artículo 2 establece:

“[…] la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Sin embargo, debido a que no existía un instrumento universal donde se consagrase no sólo la definición sino el derecho a no sufrir desaparición forzada, en 2001 se encargó a un experto un estudio sobre el tema y, tras un análisis de ello, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió iniciar la redacción de un tratado en 2003. En diciembre de 2006, la Asamblea General adoptó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (OFACONU, 2009, pp.8 y 9).

Dicha Convención, además de ser vinculante, estableció el derecho a no ser objeto de desaparición forzada, creó un órgano de supervisión que es el Comité de desaparición forzada y estableció disposiciones que obligan a los Estados a prevenir y sancionar dicho delito. Asimismo, en el artículo 2 se dice que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Adicionalmente, en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establece que la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Con respecto al ordenamiento nacional, en 2006 se contaba, por un lado, con el Código Penal Federal y, por otro, con el Código Penal del Estado de Oaxaca. En el primero, los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D estaban destinados al delito de la Desaparición Forzada de Personas, de los cuales sólo mencionaremos los dos primeros:

“Artículo 215-A: Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

“Artículo 215-B: A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión”.

Por su parte, en el ordenamiento del estado de Oaxaca se cuenta con los artículos de 348-Bis-D y 348-Bis-E, del Código Penal. En los que se puede encontrar lo siguiente:

“Artículo-348 Bis-D: Comete el delito de desaparición forzada, quien por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el servidor público que ordene, autorice o apoye la desaparición.

“Se equipara al delito de desaparición forzada de persona, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

“Artículo 348-Bis-E: A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrá una pena de prisión de cinco a treinta años de prisión y multa de 300 a 700 salarios mínimos, así como la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada en la sentencia ejecutoriada, para el desempeño de cualquier cargo o empleos públicos”.

Como bien se puede apreciar, en el articulado de ambos códigos penales sólo se hace alusión a empleados de gobierno, dejando fuera a grupos e individuos particulares, lo que ocasiona un gran problema de impunidad, debido a que es conocido que, en México, la mayor parte de las desapariciones de personas son llevadas a cabo por particulares, muchas veces, al servicio de una autoridad —sea esta municipal, estatal o federal—. Muestra de ello es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre los que se incluye a Christian Tomás Colón Garnica, un estudiante oaxaqueño que se encontraba estudiando en la institución de aquel municipio guerrerense.

De acuerdo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando se presenta la desaparición forzada, se violan otros derechos, tanto civiles como políticos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Asimismo, provoca violación a derechos económicos, sociales y culturales como los son: el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud; o el derecho a la educación, entre otros (OFACONU, 2009, pp. 3 y 4).

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tienen 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué a julio de 2015.

De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres; la media de edad es de 27 años.

Personas desaparecidas por año (total: 216)

 

2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

8

4

24

53

6

18

24

5

40

24

8

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Estas cifras por municipio se distribuyen de la siguiente manera: no especificado, 79; Oaxaca de Juárez, 54; Santa Cruz Xoxocotlán, 14; San Agustín Atenango, 8; San Juan Bautista Tuxtepec, 8; Zaachila, 5; Santa Lucía del Camino, 5; San Antonio de la Cal, 4; San Pedro Ixtlahuaca 4, San Jacinto Amilpas, 3. Dos personas desaparecidas en cada uno de los siguientes municipios: Huajuapan de León, Cuilapan de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, San Sebastián Tutla, Santo Domingo Tehuantepec y Tlacolula de Matamoros. Con una persona: Coatecas Altas, Ánimas Trujano, Loma Bonita, Tlaxiaco, Magdalena Apasco, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San José Tenango, San Pablo Etla, San Pablo Huitzo; además, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Cajonos, San Pedro Mixtepec, San Pedro Totolapan, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Juquila, Santa María Atzompa, Santa María del Tule y Zimatlán.

Cabe señalar que, de acuerdo con el concepto de desaparición forzada en la legislación nacional, no todas las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se refieren a ella. En dicha base se encuentra toda persona extraviada o desaparecida, lo cual genera un problema relacionado con la justicia e impunidad, debido a que quizás en esos casos señalados por el RNPED se encuentra un número importante de persona que son víctimas de la desaparición forzada. Por ejemplo, el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntos miembros del EPR, detenidos y desaparecidos entre 24 y 25 de mayo 2007.

Existen otros casos registrados por la CVO como el de la comunidad Agustín Atenango, en la región de Silacayoapan, donde se tienen 8 personas reportadas en julio de 2005. Lauro Juárez, desaparecido el 31 de diciembre de 2007, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR); las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio del 2007 y otros miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Sergio Bautista, miembro de la Unión Campesina Democrática (UCD) junto con Alberto Santiago Velásquez, desaparecidos el 20 de abril del 2008. Los siguientes son casos más recientes, como el de los profesores Carlos René Román Salazar, ocurrida presuntamente el 14 de marzo de 2011, o el de Guadalupe Pérez Sánchez1, el 15 de mayo de ese mismo año.

De los 90 existen registros oficiales confiables de casos de desaparición, sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado diversos casos.

“La desaparición forzada de personas en Oaxaca no es un hecho reciente, ni aislado, ni mucho menos casual. Obedece a un contexto de acciones de hostigamiento implementado en contra de personas identificadas con la lucha social que se ha venido enfrentando en diferentes épocas o momentos contra el orden de cosas establecido”, asegura el abogado oaxaqueño Israel Ochoa Lara. El letrado recordó durante el foro que las desapariciones forzadas en Oaxaca rememoran “los años 70 del siglo pasado, durante la época del llamado movimiento democrático universitario”. Sin embargo, “la época de mayor actividad represiva en la cual se suscitaron diversos casos de desaparición de personas ocurrió a partir de 1996 y hacia la actualidad”. En la memoria de Ochoa Lara se encuentran las historias de esos casos (Noticias, 26 de mayo de 2011).

En Oaxaca han existido algunas organizaciones civiles interesadas en abordar la problemática de las desapariciones forzadas. En mayo de 2011, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos organizó en Oaxaca el Foro de Desapariciones Forzadas en Oaxaca, el rostro de la impunidad, en el cual se plantearon algunos de los casos ocurridos en los 90, durante administraciones estatales encabezadas y conformadas por actores políticos involucrados en los hechos del 2006 y 2007, así como en la actualidad.

Sucesión de casos desde los 90

*Septiembre de 1996. Evaristo Peralta Martínez, exregidor de Cárceles y Panteones del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

*11 de febrero de 1997. El pintor Nicéforo Urbieta. 

*19 de febrero de 1997. Máximo Pacheco Alonso, originario de Llano Paraje Loxicha.

*6 de marzo de 1997. Doroteo Felipe Santiago y Hermenegildo Martínez Martínez Valencia. Desaparecieron en un operativo del Ejército Mexicano y agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, en Magdalena Loxicha.

*El 21 de marzo de 1997. El maestro Ignacio Niño García. Agentes de la Policía Judicial del Estado y hombres vestidos de civil desalojaron a un grupo de personas de un plantón en el municipio de San Agustín Loxicha.

*El 20 de julio de 1997. Felipe de Jesús Antonio Santiago y Marcelino Santiago Pacheco, indígenas loxichas. Detenidos y desaparecidos en el llamado parque del Amor de la ciudad de Oaxaca. “Estuvieron desaparecidos durante nueve meses, sometidos a torturas físicas y psicológicas, y posteriormente presentados y acusados de diversos delitos en las cárceles de las poblaciones de Pochutla y Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, respectivamente”, recuerda el abogado. 

*El 26 de diciembre de 1997. Álvaro Sebastián Ramírez. Fue capturado en el centro de la ciudad de Oaxaca y presentado 15 días después por la policía en el Reclusorio de la Villa de Etla. Fue puesto a disposición de diversos jueces estatales y federales para enfrentar diversos procesos penales.

*El 25 de febrero de 1998. Desapareció Adalberto Jorge Pacheco Santiago, en la comunidad La Conchuda, perteneciente a San Agustín Loxicha. 

*A mediados de 1998, en la ciudad de Oaxaca, fue capturado y desaparecido Simón Antonio Juárez, originario de Llano Maguey, Loxicha.

*15 de julio de 1998. Ignacio Gómez García. No se supo de su paradero durante cuatro meses. Posteriormente fue presentado por la policía en el reclusorio de la población de Jamiltepec. Ese mismo día fue detenido en San Felipe del Agua, Oaxaca, Juan Sosa Maldonado, quien al igual que Ignacio Gómez García fue presentado 25 días después de su desaparición por la Policía Judicial del Estado en el reclusorio de Matías Romero. También en 1998 desapareció el profesor Mario Cruz López. (Noticias, 26 de mayo de 2011).

Por Comisión de la Verdad de Oaxaca

*Este apartado forma parte del “Capítulo I: Víctimas Informe Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca Entregado el 29 de febrero al Poder Legislativo”.

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