Por Jesús González R.

Foto de Victor Hugo Valdivia

Tras nueve años de retraso, el 16 de Mayo de 2013 se aprobó un dictamen de reformas constitucionales que incluía la participación ciudadana en Nuevo León. En las próximas semanas se deberá discutir y aprobar en segunda y definitiva ronda lo que significa en los hechos el reconocimiento del derecho de ciudadanas y ciudadanos a participar legalmente en las decisiones de gobierno.

Este es el relato del proceso que encabezó un movimiento ciudadano que busca reconstruir Nuevo León:

I

Entre 2004 y 2010 se presentaron varias iniciativas de la Ley de Participación Ciudadana por miembros de la sociedad civil con la intención de otorgar a los ciudadanos un marco legal para incidir en políticas públicas. En el transcurso de esos años hubo un diálogo entre organizaciones civiles en torno a la propuesta, así como entre las mismas y los diputados de Nuevo León.

Al final de este proceso se consensó una propuesta de ley a la cual quitaron varios instrumentos de participación ciudadana con el objetivo de que fuera viable su aprobación por el Congreso (de mayoría priista) en 2010. Algunas de las organizaciones mantuvieron su apoyo, pero no estaban satisfechas con el resultado final. En mayo de 2011 se presentó la propuesta junto con una iniciativa que modificaría la Constitución de Nuevo León y le daría sustento legal. Ambas propuestas fueron trabajadas por el Congreso del Estado y las organizaciones sin que se lograran aprobar.

II

Una nueva legislatura comenzó en 2012. Ahora la mayoría de los diputados eran del PAN. Uno de los puntos que acordaron en su agenda mínima fue la discusión y aprobación de una ley de participación ciudadana. Ya había un dictamen trabajado y sólo restaba que se sometiera a votación. Por otra parte, en diciembre de 2012 comenzaron pláticas entre activistas y organizaciones civiles para buscar destrabar el tema, pero la sensación ahora era diferente: querían una ley que diera verdaderas herramientas de participación a la ciudadanía. Estas reuniones continuaron durante enero y febrero buscando puntos de coincidencia entre las organizaciones, activistas y, sobre todo, darles voz a las y los nuevos actores sociales —ausentes durante las discusiones previas— que surgieron en Nuevo León a raíz de la crisis de seguridad que derivó en crisis económica y de migración. Son distintos de lo que acostumbra verse como figuras que representan la población, particularmente los organismos intermedios y activistas de diferentes ideologías de papel protagónico durante los últimos años en el estado. Inclusive comenzaron a organizarse grupos empresariales en desacuerdo con la manera en que es gobernado Nuevo León. El año 2010 marca el inicio de la actividad política de estos nuevos actores, algunos enfocados en la defensa de los derechos humanos.

III

Las asambleas entre algunas de las organizaciones del anterior proceso, las que estaban inconformes con los resultados y los nuevos actores sociales, se materializaron en una reunión el día 11 de Marzo. En ella se acordó, entre otras cosas, dar un nuevo impulso a la Ley de Participación Ciudadana con todas las herramientas posibles. Este impulso se dio en reacción al rechazo del Congreso de Nuevo León, en Febrero de 2013, de aprobar un dictamen que reformaría la Constitución para allanar el camino a dicha ley. Se acordó también que todo el proceso fuera público y que se invitara a toda la ciudadanía a participar, algo que no ocurrió en el anterior. El día 21 de Marzo se realizó una segunda reunión. A ella acudió un representante del grupo de organizaciones civiles del proceso previo, acordándose tender puentes con ellas y tratar de hacer un frente unido, para lo cual se nombró una comisión. La reunión nunca se pudo llevar a cabo con todos los integrantes de ambos grupos. Sólo se pudo reunir a dos de cada uno sin haber acuerdo de unidad: un grupo quería sacar el dictamen, aun con sus insuficiencias, a como diera lugar, y el grupo de reciente formación optó por trabajar y presentar una nueva propuesta, más completa y con enfoque de derechos humanos tanto, en las reformas constitucionales como en la propuesta de ley en forma.

IV

A finales de abril se supo que la comisión del Congreso encargada de aprobar el dictamen de reformas constitucionales para una ley de participación ciudadana sesionaría el 16 de Mayo, lo que obligó a acelerar los trabajos del grupo que tomó por nombre “Movimiento promotor de la Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León”. Se acordó presentar una propuesta de reformas antes de que sesionara dicha comisión con el fin de que fueran tomadas en cuenta durante la discusión mientras se seguía invitando organizaciones, ciudadanos y activistas. La propuesta se presentó en medios de comunicación el día 12 de Mayo, logrando posicionarse dentro del espectro de la opinión pública. El día 13 de Mayo se llevó al el Congreso del Estado la iniciativa trabajada por activistas, académicos y una ex legisladora.

V

El día 16 de mayo el Movimiento promotor de la Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León convocó a rueda de prensa en la entrada del Congreso minutos antes de que iniciara la sesión de la comisión que aprobaría un dictamen al respecto. El Movimiento fijó su posición diciendo que lo que iba a discutir la comisión no había tomado en cuenta las propuestas presentadas en tiempo y forma y que exigían cambios a la Constitución de Nuevo León donde se incluyera la participación ciudadana con un enfoque de derechos humanos, además de nombrar cada una de las herramientas solicitadas. La Comisión de Congreso sesionó, y el diputado del PT comenzó su intervención haciendo suya la propuesta del Movimiento. En su intervención, un diputado del PRI hizo hincapié en que no se habían tomado en cuenta esas propuestas. Los diputados del PAN, al ver que podía fracasar la aprobación del dictamen, decidieron apropiarse las mociones enumeradas por el PT, con lo que lograron los 6 votos necesarios para aprobar el dictamen. Un triunfo importante al haberse añadido las figuras de participación ciudadana de manera explícita, incluyendo la revocación de mandato, como lo reportó la página oficial del Congreso de Nuevo León. Los diputados del PRI presentes durante la comisión votaron en abstención. Por fin era aprobado un dictamen, después de casi 10 años de que inició este proceso. Sin duda el impulso de los nuevos actores sociales en Monterrey fue determinante para esta aprobación.

VI

El siguiente paso del proceso era que el dictamen fuera aprobado por el pleno del Congreso de Nuevo León. Cabía la posibilidad de que se votara el 20 de Mayo, lo cual no ocurrió. Pasó el 21 de mayo, el PRI solicitó se postergara un día más. Llegó el 22 de Mayo, y comenzó la sesión del pleno. Se dieron cita organizaciones de la sociedad civil, tanto las que habían cabildeado la propuesta anterior como el Movimiento que vigilaría que se sostuviera el dictamen, tal como había sido aprobado al menos, para después de ello exigir se incorporare el enfoque de derechos humanos. El PRI no asistió a la sesión aun cuando sus diputados estaban en las instalaciones del Congreso. Con esta ausencia lograron que no hubiera el quórum de 28 legisladores necesarios para poder votar el dictamen. El PAN maniobró dentro del reglamento del Congreso para dar por terminada la sesión y llamar a una extraordinaria después de cinco minutos; ya no necesitarían 28 votos, sino sólo una mayoría simple, es decir, 22. De manera curiosa, cuando se dio por terminada la sesión fracasada, entraron al pleno algunos diputados del PRI y su coordinador. Comenzó la sesión extraordinaria, y el PRI intentó reventarla también por medio del único diputado que estaba en la sesión. Él insistía en que la sesión no era legal, escudándose en una interpretación del reglamento del Congreso, pero no logró suspenderla. El dictamen fue leído para su aprobación, destacando que por alguna razón ya no incluía la revocación de mandato. Después de leído, fue votado y aprobado en esta primera vuelta. Sin duda un paso importante hacia una Ley de Participación Ciudadana, pero aún incompleto y sin enfoque de derechos humanos.

VII

Sin duda el camino hacia una ley de participación ciudadana en Nuevo León que sea integral y con un enfoque de derechos humanos será largo. En el trayecto las organizaciones civiles, los colectivos, así como ciudadanas y ciudadanos tendrán que encontrar la fórmula que de unidad en la acción, haciendo a un lado los intereses personales, poniendo por encima de ellos los intereses de toda la población. El camino también incluye a los partidos políticos como obstáculos: no les es fácil aceptar que tendrán que compartir el poder. Y una amenaza mayor para el objetivo común sin duda es que los partidos políticos y sus jefes reales muevan sus piezas dentro de “la ciudadanía” para boicotear el proceso.

Con el fin de incrementar la presión social hacia los diputados, se ha abierto una página donde puedes apoyar con tu firma, mismas que se entregarán a los diputados en los próximos días. La página es:

http://secure.avaaz.org/es/petition/Si_a_la_Ley_de_Participacion_Ciudadana_en_Nuevo_Leon/

Todo el proceso para impulsar estos cambios legales desde la ciudadanía están documentados en la siguiente dirección electrónica: http://lademocraciaparticipativa.wordpress.com/

Mientras más personas nos enteremos de este tipo de luchas y las apoyemos en la medida de nuestras posibilidades, nuestro estado será cada vez mejor.

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