Por Camilo Ruiz

En dos o tres semanas, la situación política nacional ha dado un giro. En el número anterior de esta columna podíamos hablar todavía de los “presos” de Peña Nieto. Ahora se puede sustituir ese sustantivo por el de “difuntos”. No porque antes no los hubiera, por supuesto (en ese tenor, ¿no aparece la masacre de Ayotzinapa como una extensión casi de la masacre de Tlatlaya?). El primer año de Peña Nieto fue tan violento como los últimos de Calderón. Pero ahora la represión tomó un cariz diferente. El sexenio ha visto el primer baño de sangre directamente orquestado por el gobierno contra un movimiento social.

Paralelamente, el país vive uno de los movimientos estudiantiles más profundos de los últimos años, quizá el más importante desde la huelga de la UNAM del 99-00; sociológicamente más profundo que #YoSoy132 y programáticamente más avanzado también que este último. La imagen de Osorio Chong discutiendo con los estudiantes, camisa arremangada, afuera de gobernación marcará el imaginario de esta generación como símbolo de uno de sus grandes triunfos. No es casualidad que sea el Politécnico, una institución históricamente menos politizada que la UNAM, el que se movilice en estos meses que siguen a la reforma energética. “El Poli” es una institución nacida del nacionalismo posrevolucionario, con todas las cosas buenas y malas que eso implica. Es decir, fue creada con el objetivo declarado de desarrollar la ciencia mexicana para reducir la dependencia extranjera; pero al mismo tiempo fue pensado bajo el modelo del corporativismo estatista priista.

Los dos fenómenos anteriores, el de la represión sangrienta y el del despertar estudiantil, son parte de la misma realidad y pueden ser explicados con el mismo concepto. Nos referimos a la noción de democracia burguesa. Todo se encuentra en esas dos palabras. Sin este, toda explicación de la realidad mexicana es parcial y hace aparecer a estos dos fenómenos como cosas separadas y sin relación.

Contra una idea expresada a menudo por la izquierda mexicana, hay que entender que la represión, e incluso la represión violenta, es consubstancial a la democracia tal y como existe bajo el capitalismo. Desde el punto de vista de la lógica del Estado, las elecciones y los asesinatos son uña y mugre. Sudáfrica es una democracia donde cada negro tiene el mismo derecho electoral que cada blanco. Eso se conquistó hace 20 años y es, sin duda, una victoria. Aun así el gobierno puede, sin dejo de vergüenza, mandar a la policía (negra, en su mayoría) a asesinar a los mineros en huelga.

Francia era una democracia cuando entró en guerra en 1914. Todos los partidos, incluyendo al partido socialista, votaron a favor de la guerra. Aun así, el gobierno mandó a matar a Jean Jaurès, líder socialista, para asegurarse de que no dificultara el reclutamiento.

La contradicción entre la violencia y la democracia sólo existe en teoría. Y aquello que es cierto en teoría pero no en la práctica sólo lo es porque la teoría se equivoca. El gobierno sudafricano podía mandar a asesinar a sus conciudadanos porque estaban haciendo huelga en las minas de oro, principal fuente de divisas extranjeras. Jean Jaurès podía ser asesinado sin empacho porque la burguesía francesa se jugaba sus colonias y su futuro en la guerra contra Alemania y no podía permitirse problemas en la retaguardia.

Ángel Aguirre puede mandar a policías municipales bajo sus órdenes a través del mando único estatal a asesinar normalistas porque el modelo educativo que se ha intentado imponer desde hace varios años aborrece a las escuelas normales rurales, porque a su gobierno le es cada vez más difícil cooptar a los múltiples movimientos sociales que surgen en Guerrero; en fin, porque su partido, el PRD, se ha asimilado a un sector de la narco-burguesía mexicana que no tiene empacho en darle una salida sangrienta a cualquier problema (parece que la familia de la esposa del edil de Iguala, y directora del DIF local, es parte de los Guerreros Rojos, los jefes de plaza).

Lo que importa, en México, no es tanto que haya un régimen político basado en la competición electoral, sino que el mercado sea rey. Que todo esté, al final, sometido a los imperativos del capital. El mercado necesita extenderse a la cultura, a la educación, al matrimonio, a la vida diaria, para poder desarrollarse.

Los planes educativos de la directora del IPN no eran más que una consecuencia completamente natural de la lógica del mercado penetrando el universo pedagógico. Inversamente, las normales rurales representan un modelo educativo y social que no tiene otro lugar bajo el capitalismo más que el de residuo. Pero las dos décadas que han seguido al fin de la historia han visto el retorno de más “residuos” que ninguna otra época…

Si los planes educativos de Yoloxochitl o la saña represiva de Ángel Aguirre exponen el matrimonio entre capital y violencia, la democracia aparece como una cubierta ideológica para justificar ese matrimonio. Pero tampoco es casualidad que los estudiantes hayan sido recibidos por el secretario de Gobernación mientras que los normalistas hayan sido recibidos a balazos. ¿En qué radica esa diferencia tan radical?

En la política. En los límites a la violencia y al capital impuestos por la política, por la movilización y la presión. Ayotzinapa ha provocado tal indignación que Aguirre y sus ediles mafiosos se la pensarán dos veces antes de hacer algo similar. Al día de hoy, la Policía Comunitaria de Tixtla vigila la Normal, armas en mano. Esa política tiene poco que ver con los mecanismos democráticos. Pero el cálculo importa. Chong y EPN saben que una represión a gran escala contra el IPN les quitaría lo que les queda del apoyo de la opinión pública, que sería un escándalo. A veces, para permitir el desarrollo ordenado del capital, hay que distanciarse de sus imperativos inmediatos. El reglamento interno puede esperar, nadie quiere ver una rebelión estudiantil en el DF.

PD: Estas movilizaciones, sí, tan importantes como sean, tienen un carácter esencialmente defensivo.

PD 2: En su última columna, John Ackerman dice que la democracia implica no sólo incluir a los desposeídos, sino también excluir a los poderosos. ¿No sería una buena idea, para excluirlos, y para pasar a la ofensiva, luchar por el enjuiciamiento de Ángel Aguirre y sus esbirros perredistas, manchados de la sangre de los guerrerenses?

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