¿Desde hace cuánto los mexicanos no tenemos un régimen de derecho para actuar políticamente sino un régimen de esperanzas para formular deseos en voz baja?

 

Por Gastón García Cantú

Nuestro mayor problema político tiene origen en las excesivas facultades del presidente de la República. Con la Constitución, el Poder Ejecutivo se ha convertido en poder personal. Poder que impide que seamos una democracia, porque no puede haberla en países en los que el Ejecutivo somete a los otros dos poderes y dispone, además, de un medio adicional: el partido, su partido, su secretaría electoral constituida, en nuestro país, por las antiguas mayorías: los sindicatos de la CTM y del Estado, los campesinos de la CNC y la burocracia.

Poder personal que hace de un pueblo una tribu pacífica o una horda frenética. Donde no hay actividad política, los extremos surgen inevitables: los que desdeñan las cosas públicas y los que, periódicamente, asaltan el presupuesto. Poder personal que no está situado en el centro de esos extremos sino por sobre ellos, de allí que el único acto político verdaderamente popular, ante cada nuevo mandatario, sea la esperanza. Palabra reservada para el hombre que puede cambiar la situación nacional.

La palabra “esperanza” confirma el estado real del poder presidencial: no se dice “compromiso”, ni “programas” ni “deber” ni “cumplimiento de la ley”, sino “esperanza”, es decir, se proclama un estado de ánimo en el que parece posible lo que se desea. López Portillo no ha dado esperanzas, como no las expuso, en su hora, Ruiz Cortines. Él es, deséelo o no, la esperanza, tiene el poder de realizar lo que las mayorías no pueden pero desean hacer. La esperanza es el argumento político de los pueblos vencidos.

Los mexicanos no tenemos un régimen de derecho para actuar políticamente, sino un régimen de esperanzas para formular deseos en voz baja.

El poder personal del Ejecutivo lo auspicia, lo favorece, lo mantiene históricamente. Y no es, si alguna vez lo fue, una peculiaridad nuestra. Otros pueblos también lo padecen. En América Latina, sin el poder personal habría sido difícil el paso, civil o militar, de los dictadores. En todos los casos, excepto Chile, el único pueblo latinoamericano que construía su democracia; por ello fue, de todos los países contemporáneos, el único también que decidió el salto al socialismo por la vía legal de una democracia burguesa. Y era tan alcanzable que sólo declarándole la guerra interna se pudo detener ese ejemplar proceso.

El poder personal se reconoce en la mayoría de los países africanos, en España, en el Portugal de ayer, en la lucha de Grecia y en la IV República francesa. “Las democracias occidentales”, escribió Francois Mitterrand, en su notable libro El grano y la paja; diario político de un político excepcional, “reivindican dos sistemas: el sistema parlamentario, en donde el Gobierno es responsable ante el Parlamento, y el sistema presidencial, en que el Gobierno nombrado por el Jefe del Estado sólo depende de él, pero donde el parlamento, que no puede ser disuelto, ejerce soberanamente el Poder Legislativo. La práctica institucional del general De Gaulle, seguido en eso por Georges Pompidou (y ahora por Valéry Giscard d’Estaing) no es ni parlamentaria ni institucional. Deriva de un tercer sistema, ampliamente difundido en Latinoamérica y en los países africanos, el poder personal. Nuestro presidente es un presidente murciélago. Bajo la garantía del sistema parlamentario conforme a la tradición francesa, aparece como el árbitro benévolo que protege a la nación contra las pasiones sectarias —fijaos en mis alas— mientras que, en virtud de una autoridad presidencial obtenida gracias al sufragio universal, responde o parece responder a las exigencias de la estabilidad y de la continuidad políticas”.

Página memorable la de Mitterrand. Salvo matices, es el caso de México Lo que en Francia es introducción reciente —el proceso político fue explicado por De Gaulle en sus Memorias de esperanza: el poder levantado contra los trabajadores franceses, partiendo de su lucha de liberación nacional, en México ha sido un duelo histórico. Los poderes excesivos del Ejecutivo se consolidaron legalmente de una a otra dictadura y de uno a otro código: en la Constitución de 1857, a través de las facultades extraordinarias, y en la de 1917, otorgando mayor poder al Ejecutivo para que se abriera paso al poder personal a partir de Calles. Lo que en 1858 hace Comonfort lo consuma Porfirio Díaz; lo que determina Calles lo han empleado en todas sus partes los presidentes mexicanos de 1931 al presente. El poder personal, en la medida que se ha desarrollado, ha impedido el proceso democrático; la obra pública, como en el porfiriato, sustituye la obra política. Díaz tuvo a los “científicos”, la camarilla gobernante; los presidentes contemporáneos a la “familia revolucionaria” a través del PRI. Otros hombres, otros procedimientos. El régimen político es el mismo.

Las circunstancias —que no son sino un abuso de palabras, dijo, no sin profetizar, Ignacio Ramírez— obligaron a los legisladores de 1857 a extender las facultades extraordinarias del Ejecutivo. Parecida justificación se hace hoy ante las facultades ordinarias: sin un Ejecutivo fuerte, el Estado no podría hacer frente a los graves problemas del país. El Estado es, por tanto, el Ejecutivo, argumento que en la lógica alucinante de la burocracia se convierte en una fórmula simple: el presidente es el Estado Mayor, claridad en palabras de De Gaulle: “Una cabeza directamente designada por toda la nación y facultada para expresar su voluntad, decidir y actuar”.

Él decide, él actúa, él dispone, él compone, él designa, él revisa, él aprueba, él condena, él endeuda. Él, la voz de todos. El poder personal no es otra cosa que la política del pronombre personal.

Las circunstancias. Hoy se dice la coyuntura. Y si a nadie le importa no estar representado en el Poder Legislativo y no tener defensa alguna en el Judicial, el resultado de ese poder está en la quiebra económica del país.

* Texto escrito en 1976.

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