¿Por qué el Estado ignora ciertos sufrimientos?

Por Rodolfo Stavenhagen

En meses pasados, la prensa nacional dio breve información sobre las agresiones sufridas por campesinos indígenas de Chiapas a manos de latifundistas, de elementos del ejército y de diversas autoridades policiacas y civiles del estado. No se sabe hasta la fecha si los agraviados hayan recibido justicia e indemnización o si los responsables de la represión hayan sido sancionados.

Aparentemente, la violencia en contra de los indígenas continúa. Los dos últimos números de Acción Indigenista, boletín mensual del Instituto Nacional Indigenista (correspondientes a agosto y septiembre), traen información sobre nuevos atentados en contra de los indios choles y tzeltales.

Un caso concreto: en el poblado de Venustiano Carranza, los comuneros venían defendiéndose hace tiempo de los latifundistas que invadían sus terrenos, sin que hubieran recibido satisfacción de las autoridades correspondientes. En la lucha desigual, varios líderes indígenas habían sido asesinados. Estas muertes no perecen haber ocasionado mayor impacto, ni se sabe de acción alguna que las autoridades judiciales hubieran tomado al respecto. A principios de mayo fue asesinado uno de los terratenientes invasores, cacique del lugar, por desconocidos. Al día siguiente, 60 soldados sitiaron la localidad, y dos días después se enfrentaron a tiros con los comuneros armados reunidos en la Casa del Pueblo. Saldo: dos indígenas muertos y varios heridos.

Otro caso: a principios de junio, en los municipios de Palenque y Ocosingo, elementos del ejército desalojaron violentamente a centenas de familias indígenas, incendiaron y destruyeron casi 300 chozas, pillaron y robaron las pocas pertenencias de los indios, destruyeron una escuela con su material escolar, amenazaron y vejaron a mujeres y niños, golpearon a quienes oponían resistencia, secuestraron a varios campesinos y dejaron abandonadas a su suerte, totalmente desamparadas y a la intemperie, a las víctimas. “Ahora todas las familias están a la orilla de la carretera en espera de ayuda”, dijo una de las víctimas. “No tenemos a dónde ir y lo más seguro es que nos muéramos de hambre” (Acción Indigenista No. 278, agosto de 1976).

Tercer caso: el 25 de septiembre, según una denuncia presentada por los indios, 60 hombres enmascarados, montados a caballo, todos con armas de alto poder y lanzando tiros al aire, amedrentaron a hombres, mujeres y niños de un poblado, quemaron 25 chozas con todo lo que tenían adentro (incluso dinero en efectivo, producto de la venta de cosechas, así como maíz almacenado y los hornos deshidratadores de chile) y amenazaron de muerte a los pobladores si éstos volvían. (Acción Indigenista No. 279, septiembre de 1976)

¿A qué se debe esa violencia en contra de miserables y pacíficos campesinos indígenas? Gran parte de estas tierras de Chiapas son terrenos nacionales, y hasta hace poco consistían de selvas impenetrables sin uso económico (salvo una que otra explotación maderera). Desde hace algunos años se han ido introduciendo a la zona los finqueros de otras regiones del estado, entre ellos funcionarios y políticos. Sin mayor derecho jurídico sobre la tierra, y sin que las autoridades agrarias correspondientes se interesaran por el proceso, estos nuevos terratenientes fueron apropiándose de amplias extensiones de tierras nacionales. Para esto, contrataban la mano de obra de campesinos indígenas de la sierra, quienes realizaban los desmontes por cuenta de los nuevos señores de la tierra. Una vez desmontada ésta, los latifundistas introducían ganado o realizaban cultivos (siempre con mano de obra indígena), mientras que los indios formaban sus colonias y también trabajaban la tierra para su propia subsistencia.

Al pasar el tiempo, y al amparo de las leyes agrarias, los colonos indígenas provenientes, en su mayoría, de las tierras áridas y sobrepobladas de los Altos solicitaron la dotación de tierras y la legalización de su situación. La tramitación agraria era lenta, como ya es costumbre, pero como a los indígenas les asistía la razón y la ley, sus solicitudes iban siendo resueltas favorablemente. Hasta que los nuevos terratenientes (cuya situación jurídica con respecto a la posesión de la tierra estaba en entredicho) decidieron usar la violencia, es decir, prácticamente el derecho de conquista, al igual que sus antepasados hace cuatro siglos.

Los hechos denunciados han ocurrido en más de 20 colonias indígenas. Quienes cometieron los atropellos dijeron que llevaban órdenes de autoridades superiores ¿Qué autoridades civiles o militares pueden ser éstas que ordenan el genocidio de campesinos mexicanos? (Genocidio se define como la acción deliberada encaminada al exterminio de un grupo humano o anegarle las posibilidades de sobrevivencia. Esto último es lo que ha ocurrido).

Los representantes indígenas, así como funcionarios del Instituto Nacional Indigenista, han denunciado los hechos, ampliamente documentados, ante el presidente Echeverría, los secretarios de Reforma Agraria y de Defensa Nacional, el gobernador del estado y el procurador general. El presidente ordenó una investigación; el gobernador negó los hechos y los demás funcionarios no se manifestaron públicamente.

Han pasado los meses y se desconocen los resultados de la investigación ordenada por Echeverría; es más, ni siquiera se sabe si se realizó. Pero más allá del hecho circunstancial está la situación de violencia permanente que sufren múltiples comunidades indígenas en Chiapas y de otras entidades del país. Tal como sucedió en la Colonia y en el siglo xix, los indígenas siguen perdiendo sus tierras, sus cosechas, sus derechos humanos y sociales, su dignidad, y con frecuencia su libertad y su visa. No basta que el Ejecutivo Federal proclame su convicción indigenista cuando a nivel local fuertes intereses creados (en los que se conjugan los privados con los de funcionarios públicos) ejercen el más violento colonialismo interno para provecho propio.

La lucha por los derechos de los auténticos y originales habitantes de nuestro país está lejos de haber culminado. Aunque hay voces interesadas en hacer desaparecer la labor indigenista, la próxima administración no podrá desconocer los compromisos adquiridos hace décadas por los gobiernos federales en favor de los indígenas. Y en Chiapas, el gobernador entrante tendrá la oportunidad —y esperemos también la voluntad— de deshacer las injusticias que la población indígena de su estado ha venido sufriendo.

*Texto publicado en Proceso (1976)

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