Por Heriberto Paredes

Fotografías de Sonia Håkansson

Alrededor de 600 periodistas se congregaron el pasado 16 de mayo a las afueras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para mostrar su indignación y su enojo frente al asesinato de Javier Valdez, periodista sinaloense abatido un día antes –el 15 de mayo– mientras salía de las oficinas de Ríodoce, el medio para el que trabajaba desde su fundación hace ya catorce años.

En su editorial póstuma, el semanario señala: «No podemos dejar de cubrir temas del narcotráfico, decíamos; menos ahora que el fenómeno es más amplio y profundo. Nacimos para la información, no para el silencio, sosteníamos, y nos debíamos congruencia. El problema es cómo hacerlo. Por eso tratamos de tener siempre cuidado de no cruzar esas líneas tan delgadas cuya transgresión puede significar la muerte».

Y es que la realidad del vacío nos golpea todo el tiempo. Mientras las antorchas se congregaban y se encendían, los rostros endurecidos y tristes de cientos de periodistas que saben que la distancia entre nuestra labor y la muerte es cada vez más pequeña. No hay mucho mayor margen que el que da el compromiso ético de contar la verdad de esta guerra y de no aceptar el silencio como remedio. «Nacimos para la información, no para el silencio» parece ser ahora la consigna grabada en las mentes y en los actos de este sector tan golpeado.

Periodistas, mujeres y hombres, vestidos de negro, con pancartas que llevan el rostro de los compañeros y compañeras asesinados por ejercer su labor honestamente. Hasta el día de hoy y según cifras de la organización internacional Artículo 19, desde el año 2000 y hasta el 16 de mayo de 2017, 105 periodistas han sido asesinados en México por ejercer su labor periodística. Tomando en cuenta estas cifras, Periodistas sin Fronteras considera que México resulta uno de los tres países más peligrosos en el mundo para ejercer la labor periodística, sólo precedido por países como China y Corea del Norte.

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El coraje en la manifestación crece y se manifiesta a través de consignas y de muchas lágrimas; una bandera mexicana que ya no posee los colores tradicionales sino que ahora es negra y blanca sirve de fondo para que colegas tomen el micrófono. Carmen Aristegui, una de las comunicadoras más conocidas del país y también víctima de censura, amenazas y hostigamiento legal asume la palabra como una necesidad:

No hay lugar a dudas, y lo publicó hoy en su editorial Ríodoce. No hay lugar a dudas y que me escuche Gobernación, y que me escuche Peña Nieto, y que lo escuche el procurador y que lo escuche quien lo quiera escuchar en este país y fuera de él: este asesinato es un asesinato producto del trabajo de él, respuesta al trabajo de Javier, respuesta criminal al trabajo que Javier ha hecho e hizo a lo largo de su vida.

Por su parte, de manera institucional el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal han comenzado a reunirse para determinar la investigación. Las protestas en Culiacán (capital de Sinaloa) y en muchas otras ciudades y localidades de México no se hicieron esperar, tal vez por esta razón se han empezado a mover algunos hilos en torno a la procuración de justicia. Pero no son suficientes.

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El mismo lunes, horas después del asesinato del periodista, el fiscal de Sinaloa, José Ríos Estavillo, tan sólo sugirió que una de las líneas de investigación está vinculada a la labor periodística de Valdez. Sin embargo, a decir de este funcionario, también se investigará el robo como posible móvil, ya que la computadora y el teléfono móvil del periodista no fueron encontrados.

Las doce balas que recibió Javier Valdez no fueron disparadas para robar unos aparatos electrónicos. Quien conoce Sinaloa y México, sabe que un robo es mucho más burdo, y que en este caso, los gatilleros se aseguraron de que su sombrero quedara ensangrentado.

De manera muy escueta, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que será a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que se abra una carpeta de investigación. Más palabras vacías, más enojo y más coraje entre quienes coincidimos en lo que señaló Aristegui en su intervención en la protesta frente a SEGOB: la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad.

230A7799Lydia Cacho, periodista que ha sido amenazada en constantes ocasiones por sus investigaciones contra diversos funcionarios mexicanos, participó en el encuentro leyendo algunos fragmentos del último libro publicado de Javier Valdez, «Narcoperiodismo». Por su parte, el actor mexicano Diego Luna, asistente también a la protesta, afirmó que «esto está sucediendo porque lo estamos permitiendo como sociedad», dicho que también coincidió con diversas intervenciones en donde se cuestionaba la poca asistencia de otros sectores de la sociedad mexicana.

El Estado criminal

Pero, ¿quién está matando realmente a la prensa mexicana? ¿Es el Estado de donde vienen las balas y las amenazas? Los cuestionamientos son muchos y las preguntas muy amplias. Sin embargo, lo que sí queda claro es que hay una suerte de dictamen de impunidad, de silencio y de contubernio desde las instituciones y gobernantes que deberían velar por la seguridad, no sólo de periodistas sino de la actividad misma.

Pero si a Javier Valdez lo mataron por su labor periodística, significa que su trabajo tuvo la eficacia de desvelar la amalgama en la que gobierno y crimen organizado se encuentran ahora mismo. No una alianza, sino una amalgama en la que es difícil distinguir quién es quién, pero que, sin duda, actúa con eficacia. Y mientras unos ponen la logística para llevar a cabo los asesinatos, otros dan las órdenes y hacen las valoraciones en las que resulta necesario que un periodista sea acallado mediante balas.

Las protestas que periodistas, comunicadores, defensores y defensoras de derechos humanos llevan a cabo en todo el país han coincidido en hacer responsable al Estado de los asesinatos que la prensa ha sufrido, al menos desde el año 2000, Sin embargo, cabría subrayar que no se trata de un descuido sino de un modus operandi en el que los distintos niveles gubernamentales son cómplices y en muchas ocasiones los autores de las agresiones, amenazas y asesinatos. Tan sólo en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, 17 periodistas fueron asesinados; mientras que en una entrevista dada a mediados de 2013, el ahora consignado penalmente, afirmó que «en Veracruz no pasa nada, toda la prensa está a salvo. Si los agreden o les pasa algo es porque se salen del corral».

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A pesar de las prontas declaraciones dadas por la PGR y el gobierno de Sinaloa, la investigación aún no se ha abierto y en la reunión que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo dos días después del asesinato de Valdez con gobernadores y miembros del gabinete, tan sólo recurrió al viejo discurso priísta y decálogos de acciones retóricas que esconden la impunidad con la que van a tratar el caso del periodista: un minuto de silencio y luego la clásica frase: ‘dejaremos caer todo el peso de la ley’. Sólo palabras y nada de acciones.

De cara a la violencia organizada y aplicada por el Estado criminal nos quedan dos opciones que bien verbalizó Carmen Aristegui frente a cientos de periodistas y sobre todo frente a la SEGOB, bastión de la burocracia y la impunidad:

«Necesitamos que estas muertes sacudan no sólo a los periodistas que aquí estamos. Necesitamos que estas muertes, como las de Javier, como las de Miriam, como las de Miroslava, como las de Regina, como las de todos los que hemos aquí mencionado, signifiquen a la sociedad. Tenemos, nosotros periodistas, […] que convencer a la sociedad de que esto es importante. Tenemos que convencer a la sociedad de que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad, es la muerte de nuestras libertades.

Juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir opinando, para seguir denunciando, para decir y decir. Esta muerte ha que significar un incentivo, un aliciente no para meternos debajo de la cama».

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